GONZALO SCHWEIZER
Los bonos argentinos retrocedieron, el riesgo país tocó los 717 puntos básicos y el contado con liquidación llegó a $1.636,52. Las intervenciones atribuidas al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES no lograron contener la tensión financiera. El mercado vuelve a cuestionar la capacidad del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda de 2027.
El ministro de Economía, Luis Caputo, cerró el viernes 23 de octubre de 2026 con una nueva señal de desconfianza financiera. El riesgo país argentino alcanzó un máximo intradiario de 717 puntos básicos, antes de retroceder hacia los 710, mientras los bonos soberanos y las acciones profundizaron sus pérdidas. La presión también alcanzó a los dólares financieros y puso nuevamente bajo examen la estrategia cambiaria del gobierno de Javier Milei.
El indicador elaborado por JP Morgan acumula una suba cercana al 77% respecto de los mínimos de julio, cuando rondaba los 400 puntos. La escalada encarece el financiamiento internacional y dificulta el regreso de Argentina al mercado voluntario de deuda, precisamente cuando el Tesoro necesita conseguir divisas para afrontar compromisos externos.
Según publicó La Política Online, el equipo económico habría recurrido a activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para intervenir en el mercado de bonos. La operatoria, que no cuenta en la información disponible con una confirmación documental de sus montos y operaciones específicas, buscaría moderar las cotizaciones de los dólares financieros sin utilizar directamente reservas del Banco Central.
El mecanismo presenta una dificultad: vender títulos dolarizados puede aumentar la oferta de instrumentos utilizados para adquirir divisas, pero también presionar sus precios a la baja. Cuando caen las cotizaciones de los bonos soberanos, sus rendimientos aumentan y el riesgo país puede subir. Contener el dólar y sostener el precio de la deuda no siempre son objetivos compatibles.
Los dólares financieros vuelven a encender las alarmas
La presión cambiaria se hizo visible en la distancia entre el dólar mayorista y las cotizaciones financieras. Según los valores informados para el jueves 22 de octubre, el mayorista se ubicó alrededor de $1.526, mientras el contado con liquidación (CCL) llegó a $1.636,52 y el dólar MEP operó cerca de $1.547,78.
La diferencia entre el mayorista y el CCL fue de aproximadamente $110,52, equivalente al 7,2%. Aunque esa brecha todavía está lejos de los niveles registrados en otras crisis cambiarias argentinas, su ampliación refleja una mayor demanda de cobertura en moneda extranjera.
El analista financiero Christian Buteler advirtió sobre los riesgos de recurrir a intervenciones para contener el dólar MEP. Su preocupación apunta a la sostenibilidad de una estrategia que necesita mantener la estabilidad cambiaria para evitar nuevas presiones inflacionarias, pero enfrenta una creciente desconfianza de los inversores.
La situación se agrava porque el Gobierno mantiene restricciones sobre determinadas operaciones cambiarias. Esa demanda contenida podría trasladarse parcialmente hacia los mercados financieros si aumentan las expectativas de devaluación o la incertidumbre electoral.
El problema de fondo: los vencimientos de 2027
La tensión no se explica únicamente por las fluctuaciones del dólar. Los inversores también evalúan la capacidad del Tesoro para reunir los fondos necesarios para pagar sus obligaciones.
En julio, Caputo había presentado un programa financiero que contemplaba un excedente de US$3.700 millones para 2026. Sin embargo, según la información difundida por La Política Online, los depósitos del Tesoro en moneda extranjera habían descendido por debajo de los US$1.000 millones, frente a vencimientos cercanos a US$4.500 millones en enero de 2027.
La comparación no demuestra por sí sola una incapacidad de pago: el Gobierno todavía podría obtener financiamiento, utilizar otros activos o realizar operaciones de administración de pasivos. Pero sí explica por qué los mercados exigen rendimientos cada vez más elevados para mantener deuda argentina.
A ese escenario se suma la discusión sobre las reservas internacionales. En una presentación ante inversores en Bangkok, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, exhibió una recuperación de las reservas netas convencionales, pero también una medición ajustada que permanecía en terreno negativo por aproximadamente US$2.600 millones en octubre de 2026.
La cifra surge de una metodología específica presentada por el propio BCRA y no significa que el organismo carezca de reservas brutas. Sin embargo, muestra que la fortaleza externa depende de cómo se contabilicen los activos y las obligaciones pendientes.
Furiase responsabiliza al riesgo político y los economistas cuestionan al Gobierno
Frente a la caída de los bonos, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que el mercado estaba aplicando un castigo excesivo a la Argentina. El funcionario destacó el superávit fiscal, el equilibrio comercial y la reducción de determinados pasivos monetarios como fundamentos que, a su juicio, justificarían una valoración más favorable.
Furiase atribuyó parte de la presión al riesgo político asociado al calendario electoral de 2027 y consideró exagerada la reacción de los inversores.
La explicación recibió críticas del economista liberal Roberto Cachanosky, quien cuestionó que un gobierno defensor de la libre formación de precios pretenda determinar cuál debería ser la valoración correcta de los bonos.
La discusión revela una contradicción política, pero también una diferencia económica importante: el equilibrio fiscal es una condición relevante para la solvencia, aunque no garantiza por sí solo la disponibilidad de dólares para cancelar deuda externa.
Los inversores también consideran los vencimientos, la liquidez, el acceso al crédito y la estabilidad de las reglas cambiarias.
La ANSES en medio de la tensión financiera
La eventual utilización de activos del FGS introduce además un debate sobre el destino de los recursos administrados por la ANSES.
El fondo posee una cartera de inversiones destinada a contribuir a la sostenibilidad del sistema previsional. Sus activos pueden ser objeto de operaciones financieras dentro del marco normativo correspondiente, pero cualquier intervención orientada a objetivos cambiarios exige evaluar su legalidad, precio, oportunidad y efecto patrimonial.
Sin conocer los instrumentos, volúmenes y condiciones de las operaciones señaladas, no es posible establecer si existió una pérdida para el FGS. Tampoco corresponde equiparar automáticamente una venta de bonos con la utilización de fondos destinados al pago inmediato de jubilaciones.
Lo que sí merece atención pública es si las decisiones de inversión del fondo previsional responden a criterios de administración patrimonial o a necesidades coyunturales de la política económica.
El problema de Caputo trasciende, entonces, una jornada de pérdidas bursátiles. El Gobierno necesita sostener la estabilidad del dólar, evitar una mayor caída de los bonos y conseguir financiamiento para los vencimientos de 2027. Cada objetivo se vuelve más difícil cuando aumenta la desconfianza.
La barrera de los 700 puntos básicos no constituye por sí misma una declaración de crisis ni determina una cesación de pagos. Pero su superación, acompañada por la presión cambiaria y la caída de los títulos soberanos, evidencia que los anuncios oficiales todavía no alcanzan para despejar las dudas sobre la capacidad financiera argentina.
El mercado no está discutiendo solamente cuánto vale el dólar. Está preguntando de dónde saldrán los dólares para pagar la deuda.
