Rodolfo Gudino
El regreso del riojano Fernando Rejal al bloque de José Mayans le devuelve al peronismo la primera minoría, con 22 senadores frente a los 21 que alcanzaría La Libertad Avanza. Cristina Fernández de Kirchner busca colocar a Eduardo «Wado» de Pedro y Florencia López en el Consejo de la Magistratura, el organismo que interviene en la selección y disciplina de los jueces federales. La definición quedará en manos de Victoria Villarruel y podría terminar en los tribunales.
El movimiento de un solo senador alteró el equilibrio político de la Cámara alta. Fernando Rejal regresó al bloque Justicialista después de haberse distanciado de su conducción, y abrió una disputa por la representación parlamentaria en el Consejo de la Magistratura, uno de los organismos más importantes para el funcionamiento del Poder Judicial argentino.
La bancada presidida por José Mayans pasó a reunir 22 integrantes. La Libertad Avanza, conducida por Patricia Bullrich, tiene actualmente 20, tras el fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto, y volvería a 21 cuando asuma su reemplazante, Claudia Cecilia López.
La diferencia es decisiva porque la distribución de los cuatro representantes del Senado en el Consejo establece dos lugares para el bloque más numeroso, uno para la primera minoría siguiente y otro para la segunda.
Una disputa que va mucho más allá de dos bancas
La estrategia atribuida a Cristina Kirchner busca reemplazar a Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, cuyos mandatos vencen en noviembre, por Wado de Pedro y la senadora riojana Florencia López.
El Consejo de la Magistratura no dicta sentencias ni revisa condenas. Su influencia radica en otras competencias fundamentales: intervenir en los concursos para cubrir juzgados federales inferiores, administrar recursos del Poder Judicial y ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.
Por eso, su composición tiene consecuencias institucionales que exceden una disputa interna entre peronistas y libertarios. En un país donde numerosas investigaciones de corrupción y conflictos políticos llegan a los tribunales, la independencia y el funcionamiento del sistema de selección judicial resultan especialmente relevantes.
La Constitución Nacional, en su artículo 114, exige que el Consejo mantenga un equilibrio entre representantes políticos, jueces, abogados y académicos. La distribución de sus cargos no debería interpretarse como una autorización para que los partidos controlen individualmente a los magistrados.
El regreso de Rejal y las heridas internas del peronismo
Rejal se había alejado de la bancada justicialista junto con otros legisladores que cuestionaban la conducción del peronismo. Su distanciamiento también estuvo relacionado con las tensiones entre Cristina Kirchner y el gobernador riojano Ricardo Quintela durante la disputa por la presidencia del Partido Justicialista.
Ahora, según fuentes parlamentarias, la expresidenta impulsó su retorno para consolidar la posición del bloque de Mayans. El movimiento demuestra que, pese a sus divisiones, el peronismo todavía conserva capacidad para coordinar decisiones cuando están en juego espacios institucionales estratégicos.
La cuestión es si esa capacidad de negociación puede extenderse a una oposición más consistente frente al gobierno de Milei. Recuperar dos lugares en el Consejo constituye un objetivo parlamentario concreto, pero no sustituye la necesidad de construir acuerdos políticos y propuestas para los problemas económicos y sociales del país.
Villarruel tendrá la última palabra y los libertarios amenazan con judicializar
La disputa todavía no está resuelta. La Libertad Avanza también pretende dos representantes y, de acuerdo con fuentes parlamentarias, podría presentar a Nadia Márquez y María Belén Monte de Oca. La Unión Cívica Radical reclama conservar su participación.
La vicepresidenta Victoria Villarruel, como presidenta del Senado, deberá formalizar las designaciones. El oficialismo anticipa que podría recurrir a la Justicia si considera que el movimiento de Rejal constituye una alteración artificial de las mayorías parlamentarias.
El antecedente de 2022 añade complejidad. Entonces, la Corte Suprema invalidó una designación obtenida mediante la división del bloque oficialista y reconoció el derecho del senador Luis Juez a ocupar un lugar en el Consejo. Aquel fallo podría convertirse en argumento de una nueva controversia, aunque ahora se trata del regreso de un legislador a una bancada y no de su fragmentación.
La disputa por la Justicia vuelve al centro de la política
El regreso de Rejal se produce mientras avanzan investigaciones judiciales que involucran a dirigentes de distintos sectores políticos, incluida la causa Hotesur-Los Sauces, en la que están imputados Cristina y Máximo Kirchner.
Ese contexto intensifica la disputa, pero no permite concluir que las futuras designaciones modificarán el resultado de causas concretas. Los consejeros intervienen en procedimientos institucionales, no pueden ordenar a un juez cómo resolver un expediente.
La renovación del Consejo plantea, además, una exigencia compartida para oficialismo y oposición: garantizar procedimientos transparentes, concursos basados en la idoneidad y controles disciplinarios ajenos a las conveniencias partidarias.
Cristina Kirchner consiguió, con el regreso de Rejal, una ventaja parlamentaria que parecía perdida. Ahora deberá comprobarse si esa mayoría alcanza para conservar los dos lugares en la Magistratura.
La maniobra revela que la pelea entre el Gobierno y el peronismo no se limita a las elecciones de 2027. También se libra en los organismos que intervienen en la conformación del Poder Judicial.
Y allí la discusión fundamental debería ser menos quién consigue sentarse en el Consejo y más qué garantías tendrá la sociedad de que los jueces sean seleccionados por su capacidad e independencia, y no por su cercanía con el poder político de turno.
GONZALO SCHWEIZER
