REDACCIÓN
Marcela Pagano denunció ante la Justicia que ARCA intimó a Matías Tabar, el contratista que declaró sobre las refacciones por 245 mil dólares en la casa de Manuel Adorni. La diputada pidió investigar si existe un intento de presión sobre quienes colaboran en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político luego de que la diputada nacional Marcela Pagano denunciara que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó al contratista cuya declaración resultó clave para abrir interrogantes sobre el patrimonio del funcionario.
La presentación fue realizada ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, donde se tramita la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni. Allí, Pagano advirtió que uno de los principales testigos del expediente habría recibido requerimientos tributarios inmediatamente después de colaborar con la investigación judicial.
El caso involucra a Matías Tabar, contratista de la construcción que declaró ante la Justicia haber realizado refacciones en una propiedad del country Indio Cuá vinculada al jefe de Gabinete. Según su testimonio, las obras habrían tenido un costo cercano a los 245 mil dólares y, además, habrían sido abonadas en efectivo.
Esa declaración se convirtió en uno de los elementos más sensibles del expediente porque abrió nuevas preguntas sobre el origen de los fondos utilizados para financiar las remodelaciones y sobre la forma en que fueron registradas las operaciones.
Ahora, la controversia gira alrededor de la actuación de ARCA.
Según denunció Pagano, el organismo recaudador envió una intimación a Tabar exigiéndole que justifique ingresos, patrimonio, movimientos financieros y operaciones comerciales correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025.
Entre los requerimientos figuran explicaciones sobre la facturación de su empresa, detalles de las obras realizadas, documentación vinculada a proveedores, la adquisición de vehículos y el origen de los fondos utilizados para la compra de dólares durante los últimos dos años.
La coincidencia temporal entre la declaración judicial y la actuación del organismo fiscal encendió las alarmas entre quienes siguen de cerca la causa.
Para la diputada, la cuestión central no pasa por determinar si ARCA tiene facultades legales para fiscalizar a un contribuyente, sino por establecer si la selección del caso responde a criterios objetivos o si existe una motivación vinculada con su participación como testigo en una investigación sensible para el Gobierno.
En el escrito presentado ante la Justicia, Pagano sostiene que una situación de este tipo podría generar un efecto intimidatorio sobre otros posibles testigos.
Según argumenta, la aparición de controles fiscales inmediatamente después de una declaración judicial podría ser interpretada como una advertencia para quienes evalúan aportar información relevante al expediente.
Por ese motivo solicitó que el tribunal requiera explicaciones formales a ARCA respecto de los motivos que originaron la fiscalización y que informe si la intimación forma parte de un plan general de control tributario o si se trata de una actuación específica sobre Tabar.
La controversia adquiere una dimensión política adicional porque el organismo recaudador se encuentra bajo la órbita del Gobierno nacional y es considerado uno de los instrumentos más sensibles de control estatal.
Los cuestionamientos apuntan especialmente a la posibilidad de que herramientas fiscales legítimas puedan ser utilizadas para ejercer presión sobre personas involucradas en causas judiciales de alto impacto político.
La denuncia también vuelve a colocar el foco sobre el propio Adorni.
Días atrás trascendió que el contratista había declarado que el funcionario intentó contactarlo antes de su presentación judicial y que incluso habría buscado ponerlo en comunicación con abogados vinculados a su defensa.
Esa situación ya había motivado otra denuncia de Pagano por una presunta tentativa de influir sobre un testigo de la causa.
Mientras tanto, la investigación por el patrimonio del jefe de Gabinete continúa avanzando entre revelaciones sobre gastos inmobiliarios, compras de bienes y declaraciones de distintos testigos convocados por la Justicia.
La nueva polémica abre ahora otro frente de conflicto: determinar si una fiscalización tributaria constituye un procedimiento administrativo habitual o si, como sostienen los denunciantes, puede interpretarse como una señal de presión sobre quienes aportan información comprometida para el poder político.
Por el momento no existe una respuesta oficial de ARCA sobre las acusaciones. Sin embargo, la presentación judicial ya instaló una pregunta incómoda en el centro de la escena: si los controles tributarios fueron una casualidad administrativa o una consecuencia directa de haber declarado contra uno de los funcionarios más importantes del gobierno de Javier Milei.
Melina Orquidea
