CONCHITA PRETA
El Gobierno ordenó que Telecom se desprenda de 6 millones de clientes para aprobar la absorción de Telefónica Argentina. La medida afecta cerca del 40% de la facturación de la compañía y profundiza una guerra política entre Javier Milei y el Grupo Clarín que ya dejó de disimularse detrás de argumentos técnicos.
La política argentina tiene una fascinación especial por las conversiones milagrosas. Un día alguien es un héroe del mercado. Al día siguiente es un monopolista peligroso. Un lunes representa el capitalismo competitivo. Un jueves amenaza la libertad económica. Todo depende de quién esté peleado con quién esa semana.
El caso Clarín parece haber ingresado oficialmente en esa categoría.
Durante años los libertarios repitieron que el Estado debía correrse, dejar actuar al mercado y permitir que la competencia resolviera las distorsiones económicas. Sin embargo, cuando el enemigo elegido fue el Grupo Clarín, la motosierra se transformó en bisturí regulatorio y apareció una intervención estatal tan agresiva que haría sonrojar a varios funcionarios kirchneristas de la década pasada.
La resolución que obliga a Telecom a desprenderse de seis millones de abonados no es un retoque menor. No se trata de mover una coma en un expediente ni de una observación administrativa. Estamos hablando de aproximadamente el 40% de la facturación de la compañía. Una magnitud capaz de alterar completamente el negocio y reconfigurar el mapa de las telecomunicaciones en Argentina.
Por eso nadie en el sector cree que se trate solamente de una discusión técnica.
Y cuesta culparlos.
Porque mientras el Gobierno argumenta que busca evitar una posición dominante, la relación entre Milei y Clarín viene acumulando niveles de hostilidad que ya ni siquiera intentan esconderse. El Presidente mantiene fijado desde hace más de un año un mensaje donde define al grupo como «la gran estafa argentina». No parece exactamente el lenguaje habitual de un árbitro neutral.
La escena adquiere ribetes todavía más curiosos cuando se observa el contexto general.
Durante meses el oficialismo celebró el desembarco de gigantes extranjeros en sectores estratégicos. Elon Musk fue presentado casi como una mezcla entre prócer, santo patrono del capitalismo y asesor espiritual del crecimiento económico. Starlink avanzó sobre el mercado argentino con una velocidad notable y el discurso oficial fue que la competencia siempre beneficia al consumidor.
Pero cuando la competencia involucra a Clarín, el libre mercado parece sufrir una lesión muscular.
Entonces aparecen regulaciones.
Condiciones.
Exigencias.
Limitaciones.
Amenazas.
Y un entusiasmo regulatorio que hasta hace poco era denunciado como socialismo.
La contradicción es tan evidente que ni siquiera necesita explicación.
Lo más llamativo es que el Gobierno descubrió el peligro de la concentración económica justo después de haber impulsado una agenda que desreguló buena parte de la actividad empresarial argentina. Es una especie de vegetarianismo selectivo donde la preocupación por los monopolios depende mucho del apellido del propietario.
Mientras tanto, en Telecom intentan descifrar qué hacer. Porque vender seis millones de clientes no es como publicar un aviso clasificado ofreciendo una bicicleta usada. Hay infraestructura. Redes. Sistemas. Espectro. Inversiones. Contratos. Regulaciones. Decenas de miles de variables que convierten la operación en una cirugía mayor.
Y sobrevuela una pregunta todavía más inquietante.
¿Quién va a comprar?
Porque el Gobierno exige desprenderse de una porción gigantesca del negocio pero todavía nadie tiene demasiado claro quién estará dispuesto a desembolsar semejante cantidad de dinero en un contexto económico donde las inversiones suelen anunciarse más rápido de lo que efectivamente llegan.
Por eso la discusión excede a Clarín.
Excede a Telecom.
Incluso excede a Milei.
Lo que empieza a discutirse es otra cosa.
La previsibilidad.
Porque los mercados suelen tolerar regulaciones.
Lo que toleran peor es la incertidumbre.
Y cuando una empresa descubre que puede perder el 40% de su negocio por una decisión política que llega envuelta en una guerra pública entre el Presidente y uno de los principales grupos mediáticos del país, la señal que recibe el resto del sector no es precisamente tranquilizadora.
Al final la pregunta resulta bastante sencilla.
¿Estamos frente a una decisión destinada a promover la competencia?
¿O frente a un capítulo más de una pelea personal que ya se salió completamente de control?
El Gobierno sostiene lo primero.
Clarín sostiene lo segundo.
Y los inversores observan una vieja tradición argentina que nunca pasa de moda.
La de descubrir que el mercado es sagrado.
Hasta que aparece alguien que le cae mal al poder.
Melina Schweizer
