GONZALO SCHWEIZER
Mientras la inflación de alimentos fue de apenas 1,52% en mayo, el 77% de las familias del Conurbano dejó de consumir productos esenciales por falta de ingresos. La Canasta Básica Total ya supera los $1,4 millones y dos de cada tres hogares redujeron la cantidad de comidas diarias.
La desaceleración de la inflación se convirtió en el principal argumento político y económico del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, detrás de los números que exhiben una suba de precios cada vez más moderada aparece una realidad mucho más incómoda: millones de argentinos ya no consumen menos porque los alimentos aumentan, sino porque directamente no tienen dinero para comprarlos. El último relevamiento del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) muestra una radiografía alarmante del Conurbano bonaerense: el 77% de las familias resignó alimentos básicos y el 66% eliminó al menos una comida diaria por razones económicas.
El dato obliga a mirar más allá de los índices oficiales. Durante mayo, los alimentos relevados por el Índice Barrial de Precios aumentaron apenas 1,52%, muy por debajo de los registros que se observaban un año atrás. Sin embargo, esa estabilidad no se tradujo en una mejora del bienestar. Por el contrario, la inseguridad alimentaria continúa avanzando porque el problema ya no es la velocidad a la que suben los precios, sino el derrumbe previo del poder adquisitivo.
La economía doméstica funciona como cualquier presupuesto familiar. Si durante meses o años los ingresos pierden contra la inflación, llega un momento en que una eventual desaceleración ya no alcanza para recomponer lo perdido. Es como alguien que cayó diez escalones por una escalera: dejar de caer no significa volver al punto de partida. La mayoría de las familias del Conurbano se encuentra exactamente en esa situación.
Los números son contundentes. Según el relevamiento, una familia tipo necesitó en mayo $630.419 para cubrir únicamente los alimentos básicos y $1.418.443 para afrontar el conjunto de gastos indispensables. El problema es que gran parte de los salarios, jubilaciones y programas sociales continúan por debajo de esos valores. Como consecuencia, la única variable de ajuste disponible es el consumo.
Lo más preocupante es que el recorte ya no se concentra en bienes considerados prescindibles. Las familias dejaron de consumir leche, carne, frutas, verduras, cereales y legumbres, es decir, alimentos esenciales para una dieta equilibrada. Cuando una economía obliga a reducir el consumo de proteínas, calcio o vitaminas, el problema deja de ser exclusivamente económico para transformarse en sanitario y social.
La situación refleja además un cambio profundo en la estructura del ajuste. Durante otras crisis argentinas, el consumo podía caer porque los precios se disparaban semana tras semana. Hoy ocurre algo diferente. La inflación desacelera, pero la capacidad de compra sigue deteriorada. La estabilidad de precios, celebrada por el Gobierno como una victoria definitiva, convive con una demanda cada vez más debilitada.
Los datos de los productos más consumidos muestran por qué sucede esto. Aunque el promedio general de alimentos exhibe cierta moderación, varios artículos fundamentales continúan acumulando aumentos muy superiores. La leche subió 25% en lo que va del año, el azúcar 16,7%, el pan 15,4% y las lentejas otro 15,4%. En las verdulerías, productos básicos como la cebolla, la papa y la acelga registraron incrementos de hasta 40%. En las carnicerías, los cortes más económicos, precisamente los más consumidos por los sectores populares, aumentaron bastante más que el promedio del rubro.
Esto significa que la inflación golpea de manera desigual. Los sectores de mayores ingresos pueden reemplazar consumos o absorber incrementos sin alterar sustancialmente su calidad de vida. En cambio, para los hogares de menores recursos cada aumento en productos básicos tiene un impacto inmediato sobre la mesa familiar.
La otra cara del problema es el endeudamiento. El informe de ISEPCI muestra que una proporción creciente de los ingresos se destina al pago de cuotas, créditos, tarjetas o préstamos informales. En otras palabras, una parte importante del salario ya está comprometida antes de llegar al bolsillo. Cuando eso ocurre, incluso una inflación más baja resulta insuficiente para recuperar el consumo.
La situación genera una paradoja que comienza a observarse en distintos indicadores económicos. Mientras los precios desaceleran, las ventas de supermercados, autoservicios y comercios de cercanía continúan cayendo. Mientras el Gobierno destaca la baja inflacionaria, el consumo masivo sigue acumulando meses de retroceso. Mientras las estadísticas macroeconómicas muestran cierta estabilización, la realidad cotidiana refleja una creciente dificultad para acceder a bienes básicos.
Desde una perspectiva política, el fenómeno plantea un desafío complejo para la administración libertaria. La estrategia económica se apoyó desde el comienzo en la idea de que la estabilización monetaria sería el paso previo para una recuperación posterior. Sin embargo, los datos sociales muestran que una parte importante de la población todavía no percibe esa mejora prometida.
El problema es que el consumo no depende únicamente de la inflación. También requiere salarios que recuperen capacidad de compra, empleo estable y expectativas favorables. Sin esos elementos, la desaceleración de precios puede convertirse apenas en una pausa dentro de un proceso más amplio de deterioro social.
La experiencia internacional muestra que las economías no salen de las crisis únicamente controlando la inflación. También necesitan recomponer ingresos, fortalecer la demanda y garantizar niveles mínimos de bienestar. Cuando eso no ocurre, la estabilidad macroeconómica convive con una creciente fragilidad social.
Por eso, detrás del dato que muestra que los alimentos aumentaron apenas 1,52% en mayo, aparece otro mucho más inquietante: ocho de cada diez familias ya no discuten qué comprar, sino qué dejar de comer. Y esa diferencia explica mejor que cualquier índice estadístico la profundidad de la crisis que atraviesan los sectores populares argentinos.
