GONZALO SCHWEIZER
La eliminación de los subsidios diferenciados provocó que los hogares de menores ingresos soportaran subas de hasta 80,8% en las tarifas eléctricas entre mayo de 2025 y mayo de 2026. En el mismo período, los sectores medios enfrentaron aumentos de apenas 8,7%, mientras empeoró la calidad del servicio en las zonas más vulnerables del AMBA.
La política de reducción de subsidios energéticos que impulsa el gobierno de Javier Milei comienza a mostrar con claridad quiénes cargan con el mayor peso del ajuste. Aunque el discurso oficial sostiene que el objetivo es ordenar las cuentas públicas y eliminar privilegios, los números revelan que los hogares de menores ingresos fueron los más afectados por los aumentos tarifarios durante el último año. Mientras la inflación acumulada rondó el 25%, las facturas eléctricas de los sectores más vulnerables registraron incrementos de hasta el 80,8%, más de tres veces por encima del aumento general de precios.
El dato resulta particularmente significativo porque rompe con la lógica que había predominado durante las últimas dos décadas. Hasta 2025 existía un sistema de segmentación que diferenciaba claramente a los usuarios según sus ingresos. Los hogares de menores recursos, identificados como Nivel 2 (N2), recibían un subsidio superior al de los sectores medios (N3), bajo el criterio de que quienes menos ganan necesitan una mayor protección frente a un servicio esencial. Ese esquema desapareció durante la actual gestión y fue reemplazado por una tarifa subsidiada prácticamente uniforme para todos los beneficiarios.
La consecuencia inmediata fue una transferencia de costos hacia los sectores populares. Un hogar de bajos ingresos que consumía alrededor de 300 kilovatios hora mensuales pagaba en mayo de 2025 una factura de $15.039. Un año después, por el mismo consumo, debe afrontar una factura de $24.551. El incremento alcanza el 63,3%. En contraste, los hogares de ingresos medios que ya pagaban valores más elevados sufrieron aumentos considerablemente menores. El resultado es una reducción de la progresividad del sistema tarifario: la diferencia entre ricos y pobres se achica no porque los sectores vulnerables mejoren su situación, sino porque pagan cada vez más.
La discusión va mucho más allá de una factura de luz. Lo que está en debate es el criterio con el que se distribuye el costo de los servicios públicos en una sociedad profundamente desigual. El nuevo esquema parte de una premisa aparentemente lógica: quien consume más energía debe pagar más. Sin embargo, diversos especialistas advierten que esa relación no siempre refleja la capacidad económica real de los hogares.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, millones de familias de bajos ingresos viven en viviendas precarias con escasa aislación térmica, utilizan electrodomésticos antiguos que consumen más electricidad y muchas veces carecen de acceso al gas natural. Eso las obliga a depender de artefactos eléctricos para calefaccionarse, cocinar o calentar agua. Como consecuencia, consumen más energía sin que eso implique una mejor situación económica.
La paradoja es evidente. Una familia acomodada que vive en una vivienda moderna, bien aislada, equipada con electrodomésticos eficientes y acceso pleno a servicios puede consumir menos electricidad que una familia humilde que habita una casa precaria. Sin embargo, el esquema tarifario actual tiende a castigar a quien consume más, independientemente de las razones que explican ese consumo.
El problema adquiere una dimensión aún más preocupante cuando se analiza junto a la evolución de los ingresos. Los aumentos tarifarios llegan en un contexto donde los salarios, las jubilaciones y los programas sociales continúan perdiendo capacidad de compra frente al costo de vida. Cada peso adicional destinado a pagar electricidad es un peso menos disponible para alimentos, medicamentos, transporte o educación. Por eso los especialistas hablan de «pobreza energética»: hogares que deben destinar una porción creciente de sus ingresos a mantener encendidos servicios básicos indispensables para la vida cotidiana.
A esta situación se suma otro elemento que genera malestar entre los usuarios. Según el informe elaborado por el Instituto Argentino de Estudios Técnicos, Económicos y Sociales (IAETES), las zonas que sufrieron los mayores aumentos son también aquellas donde se registran los peores indicadores de calidad del servicio. El sur del Conurbano bonaerense, históricamente afectado por cortes, baja tensión y deficiencias en la infraestructura, aparece como uno de los sectores más perjudicados.
La combinación resulta explosiva: tarifas más altas, menor nivel de subsidios y peor calidad del suministro. Para miles de familias significa pagar más por un servicio que no necesariamente mejora. La promesa oficial de que los incrementos permitirían inversiones y una modernización de la red todavía no logra reflejarse en la experiencia cotidiana de los usuarios.
Desde el Gobierno defienden la medida como parte de una estrategia más amplia para reducir el déficit fiscal y disminuir el peso de los subsidios energéticos sobre las cuentas públicas. La energía fue durante años uno de los principales componentes del gasto estatal y el oficialismo considera que mantener ese esquema resultaba financieramente insostenible. Sin embargo, la discusión gira alrededor de quién absorbe finalmente el costo de ese ajuste.
Los datos muestran que la carga no se distribuyó de manera homogénea. Mientras los sectores de mayores ingresos ya abonaban gran parte del costo real del servicio, el recorte de subsidios impactó con mucha más fuerza sobre quienes dependían de esa asistencia estatal para mantener un consumo básico de electricidad.
La cuestión también tiene implicancias económicas más amplias. Cuando una familia destina una proporción creciente de sus ingresos a servicios esenciales, reduce inevitablemente el consumo de otros bienes y actividades. El dinero que se destina a pagar la luz deja de circular en comercios, supermercados, restaurantes o pequeñas empresas. En un contexto de caída del consumo y desaceleración económica, esa transferencia de recursos hacia el pago de tarifas profundiza las dificultades que atraviesan amplios sectores del mercado interno.
Por eso el debate sobre las tarifas trasciende el ámbito energético. Lo que muestran los números es una discusión sobre el modelo económico, la distribución de los costos del ajuste y el papel que debe desempeñar el Estado en la protección de los sectores más vulnerables. Mientras el Gobierno celebra la reducción del gasto en subsidios, millones de familias enfrentan facturas cada vez más difíciles de pagar en una economía donde el salario sigue corriendo detrás de las necesidades básicas.
