Melina Schweizer
Mediante la Resolución 551/2026, el Gobierno creó el Programa de Seguridad Migratoria y puso a Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y PSA en tareas de control e inteligencia migratoria. La medida profundiza el giro securitario de la política migratoria argentina y concentra el mando en el Ministerio de Seguridad.
El gobierno de Javier Milei profundizó el endurecimiento de su política migratoria con la creación del Programa de Seguridad Migratoria, una iniciativa que modifica de manera sustancial la forma en que el Estado argentino administra el ingreso, permanencia y circulación de personas en el territorio nacional. A través de la Resolución 551/2026 del Ministerio de Seguridad, la gestión libertaria incorporó formalmente a las fuerzas federales al control migratorio y consolidó un esquema que coloca la cuestión migratoria dentro de la agenda de seguridad nacional.
La medida representa mucho más que una reorganización administrativa. Hasta ahora, la Dirección Nacional de Migraciones ejercía la conducción principal de los controles de ingreso y egreso bajo una lógica predominantemente civil y administrativa. Con la nueva resolución, el Ministerio de Seguridad pasa a coordinar de manera directa la actuación conjunta de Migraciones con la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El cambio se apoya en una definición política explícita. En los fundamentos de la resolución, el Gobierno sostiene que los movimientos migratorios irregulares pueden ser utilizados por organizaciones criminales para infiltrarse en distintos países y considera que determinados flujos migratorios constituyen una amenaza para la seguridad nacional. Esa caracterización implica un cambio conceptual profundo respecto de la Ley de Migraciones 25.871, aprobada en 2003, que definió históricamente la migración como un derecho humano esencial y promovió un enfoque basado en la integración y la inclusión.
El nuevo programa crea además Unidades de Seguridad Migratoria dentro de cada una de las fuerzas federales. Estas estructuras tendrán funciones específicas de prevención, vigilancia, investigación e inteligencia vinculadas a delitos migratorios. Los efectivos asignados contarán con identificación propia y desarrollarán tareas permanentes en pasos fronterizos, terminales internacionales, puertos y aeropuertos.
La resolución también habilita una participación mucho más activa de las fuerzas de seguridad en tareas que tradicionalmente estaban reservadas a organismos civiles. Aunque formalmente la Dirección Nacional de Migraciones conserva sus atribuciones legales, el nuevo esquema amplía significativamente la intervención policial en la gestión cotidiana de los controles fronterizos.
Especialistas en derecho migratorio advierten que la medida acelera un proceso de securitización que viene desarrollándose desde hace varios años en distintas regiones del mundo. Bajo este paradigma, la migración deja de ser tratada principalmente como un fenómeno social, económico o humanitario y comienza a ser abordada como una cuestión de seguridad pública.
Ese cambio de enfoque genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos, académicos y organismos internacionales dedicados a las políticas migratorias. El principal cuestionamiento apunta a la asociación implícita entre migración irregular y criminalidad organizada que aparece en los fundamentos de la resolución.
Diversos estudios realizados por organismos internacionales, entre ellos la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), han advertido que vincular de manera automática migración y delito puede favorecer procesos de estigmatización contra comunidades migrantes sin aportar evidencia concluyente sobre una relación causal entre ambos fenómenos.
La reforma también abre interrogantes sobre el tratamiento de los datos personales de millones de personas que ingresan y salen del país cada año. El fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia y vigilancia implica un volumen creciente de información sensible administrada por organismos de seguridad, una cuestión que genera debate en materia de privacidad y protección de derechos.
En términos políticos, la decisión se inscribe dentro de una estrategia más amplia impulsada por la administración Milei. Durante los últimos meses el Gobierno promovió modificaciones normativas destinadas a endurecer los requisitos de permanencia, agilizar expulsiones y restringir determinadas condiciones de acceso para extranjeros con antecedentes penales.
La narrativa oficial encuentra similitudes con políticas aplicadas en otros países que han convertido el control migratorio en uno de los ejes centrales de sus agendas de seguridad. Estados Unidos durante la administración Trump, varios gobiernos europeos y algunas experiencias latinoamericanas avanzaron en modelos similares que reforzaron la presencia policial en las fronteras y ampliaron las capacidades estatales de vigilancia migratoria.
Mientras el Ministerio de Seguridad sostiene que el objetivo es fortalecer la lucha contra redes de trata, tráfico de personas, narcotráfico y delitos transnacionales, las críticas apuntan al riesgo de que las medidas terminen afectando a migrantes que no tienen ninguna vinculación con organizaciones criminales.
Por ahora, la resolución no modifica formalmente la legislación migratoria vigente. Sin embargo, sí transforma de manera significativa la práctica institucional. La frontera deja de ser concebida únicamente como un espacio de control administrativo y pasa a ser tratada como un escenario prioritario de seguridad. Esa decisión marca uno de los cambios más profundos en la política migratoria argentina desde la sanción de la Ley de Migraciones y consolida un modelo donde la vigilancia y el control policial adquieren un protagonismo creciente en la gestión de los movimientos humanos.
REDACCIÓN
