GONZALO SCHWEIZER
El precio de la hoja verde cayó de $400 a menos de $100 por kilo en poco más de dos años, una pérdida del 77% para los productores. Mientras diez empresas concentran cerca del 75% del mercado, miles de familias rurales de Misiones y Corrientes venden sus tierras o emigran a Brasil para sobrevivir.
El mate ocupa un lugar central en la cultura argentina. Está presente en oficinas, universidades, fábricas, hogares y plazas de todo el país. Sin embargo, detrás de ese producto que consumen nueve de cada diez hogares argentinos se desarrolla una de las crisis más profundas de las economías regionales. Mientras las góndolas continúan abastecidas y el consumo interno incluso creció durante el último año, los pequeños productores yerbateros enfrentan una caída histórica de ingresos que amenaza la supervivencia de miles de explotaciones familiares.
La magnitud del problema puede resumirse en un dato demoledor: el kilo de hoja verde, materia prima fundamental de la cadena productiva, pasó de pagarse entre $350 y $400 a apenas $80 o $90. La caída supera el 77% y deja a gran parte de los productores trabajando por debajo de sus costos. Es decir, cuanto más producen, más dinero pierden.
Para comprender la gravedad de esta situación hay que observar cómo funciona la economía yerbatera. En Misiones y Corrientes existen alrededor de 12.500 productores registrados. La mayoría son familias que trabajan parcelas relativamente pequeñas, generalmente de entre cinco y ocho hectáreas. Entre todos generan cerca del 70% de la producción nacional. Sin embargo, cuando llega el momento de vender, deben negociar con un mercado dominado por muy pocas empresas que poseen una enorme capacidad para imponer condiciones.
La cadena productiva tiene una estructura que los economistas definen como oligopsonio. A diferencia de un monopolio, donde existe un solo vendedor dominante, aquí el problema es que existen miles de vendedores y muy pocos compradores. Cuando eso ocurre, quienes compran tienen la capacidad de fijar precios cada vez más bajos porque saben que los productores carecen de alternativas. En la práctica, la competencia desaparece y los pequeños productores quedan atrapados en una negociación desigual.
El conflicto se agravó tras las medidas de desregulación impulsadas por el gobierno de Javier Milei. La pérdida de facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) eliminó mecanismos que durante años habían funcionado como una herramienta de equilibrio entre los distintos actores de la cadena. El organismo había surgido en 2002 luego de una histórica protesta conocida como el «tractorazo», precisamente para evitar que los pequeños productores quedaran sometidos al poder de negociación de los grandes molinos.
La lógica oficial sostiene que el mercado debe determinar libremente los precios. El problema es que cuando una actividad presenta semejante concentración económica, el concepto de libre competencia se vuelve relativo. En teoría todos negocian libremente; en la práctica, un pequeño productor con pocas hectáreas tiene escaso margen para rechazar el precio que le ofrece una gran empresa que controla buena parte del mercado nacional.
Las consecuencias sociales ya son visibles. Según estudios sectoriales, durante el primer año de la desregulación se perdieron alrededor de 200.000 millones de pesos en ingresos que antes quedaban en manos de los productores. Ese dinero no desapareció: se redistribuyó dentro de la cadena de valor. Cuando los productores cobran menos, otros eslabones concentran una porción mayor de la renta generada por la actividad.
El impacto llega también a los tareferos, los trabajadores encargados de cosechar la hoja verde. Son aproximadamente 13.000 personas que dependen directamente de la actividad. Formalmente existe una escala salarial regulada, pero los relevamientos muestran que muchos perciben pagos muy inferiores a los establecidos. La caída del precio de la materia prima termina trasladándose a los salarios, profundizando la precarización laboral y reduciendo aún más el ingreso de las familias rurales.
Lo que sucede en Misiones y Corrientes refleja un fenómeno económico más amplio. Cuando una economía regional pierde rentabilidad, los primeros afectados son los pequeños productores. Las grandes empresas suelen tener acceso a financiamiento, tecnología y capacidad de absorber pérdidas temporales. Las explotaciones familiares, en cambio, dependen casi exclusivamente del ingreso generado por la producción. Si ese ingreso desaparece, la continuidad misma de la actividad queda en riesgo.
Por eso comienzan a multiplicarse las ventas de chacras. Muchos productores optan por desprenderse de sus tierras antes de acumular deudas impagables. Este proceso genera una concentración progresiva de la propiedad rural: quienes tienen más recursos compran tierras depreciadas mientras quienes las trabajaban históricamente abandonan la actividad. Se trata de un fenómeno conocido en numerosas economías agrícolas del mundo y que suele producir transformaciones irreversibles en el tejido social rural.
La migración hacia Brasil constituye otra señal de alarma. Localidades como Comandante Andresito registran una creciente salida de trabajadores y jóvenes que buscan empleo en el país vecino. Los registros brasileños muestran un aumento extraordinario de argentinos que tramitaron documentación laboral en los últimos años. Detrás de esa estadística aparecen miles de familias que ya no encuentran condiciones para sostenerse económicamente en una actividad que durante generaciones constituyó el corazón productivo de la región.
Mientras tanto, el mercado sigue concentrándose. Diez empresas controlan cerca del 75% de las compras y una porción similar de la comercialización nacional. Las marcas más conocidas dominan las góndolas de supermercados y concentran la capacidad logística, industrial y comercial. En un contexto de desregulación, esa posición dominante les otorga una ventaja decisiva para definir condiciones a lo largo de toda la cadena productiva.
La crisis yerbatera expone una discusión que atraviesa buena parte de la economía argentina actual: hasta qué punto la desregulación beneficia realmente a todos los actores de un mercado. En teoría, la eliminación de controles debería fomentar competencia y eficiencia. En la práctica, cuando existen profundas asimetrías de poder económico, el resultado puede ser exactamente el contrario: más concentración, menor capacidad de negociación para los actores más débiles y una transferencia de ingresos desde miles de pequeños productores hacia un reducido grupo de grandes empresas.
Por eso el conflicto de la yerba mate excede a Misiones y Corrientes. Lo que está en juego es el futuro de una de las economías regionales más emblemáticas del país, pero también un debate más amplio sobre quiénes ganan y quiénes pierden cuando el Estado se retira de mercados donde la desigualdad entre actores económicos ya existe mucho antes de cualquier regulación.
Melina Schweizer
