Melina Schweizer
Entre abril de 2025 y mayo de 2026 las tarifas eléctricas aumentaron entre 29% y 34%, por encima de la inflación acumulada de 28,9%. Sin embargo, en gran parte del sur del conurbano bonaerense crecieron la frecuencia y la duración de los cortes de luz, mientras Edesur incumplió los parámetros regulatorios en 23 de los 24 distritos de su área de concesión.
El gobierno de Javier Milei justificó la recomposición tarifaria de la electricidad con un argumento central: después de años de atraso tarifario, las distribuidoras contarían con recursos suficientes para mejorar la calidad del servicio, modernizar la infraestructura y reducir los cortes que afectan a millones de usuarios. Sin embargo, los datos del primer año de aplicación de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) muestran que esa promesa no se cumplió de manera homogénea y que, en amplias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los usuarios pagan más pero reciben un servicio peor.
El informe elaborado por el Instituto Argentino de Estudios Técnicos, Económicos y Sociales (IAETES) analiza el período comprendido entre abril de 2025 y mayo de 2026, primer tramo del esquema regulatorio que regirá hasta 2030. Durante ese lapso, las facturas eléctricas registraron aumentos nominales de entre 29% y 34%, ubicándose incluso por encima de la inflación acumulada de 28,9% registrada en el mismo período. Sin embargo, la evolución de la calidad del servicio mostró una fuerte disparidad entre las dos grandes distribuidoras del AMBA: Edenor y Edesur.
La diferencia no es menor porque ambas empresas operan bajo el mismo marco regulatorio, enfrentan exigencias similares y fueron beneficiadas por el mismo proceso de recomposición tarifaria impulsado por el Gobierno nacional. No obstante, los resultados fueron completamente distintos.
Mientras Edenor logró cumplir los parámetros exigidos por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y consolidó una tendencia de mejora que viene registrando desde hace varios años, Edesur mostró un deterioro significativo en los principales indicadores de calidad. En términos prácticos, esto significa que millones de usuarios del sur del conurbano bonaerense sufrieron más cortes y de mayor duración pese a que las tarifas aumentaron.
Para comprender la magnitud del problema es necesario observar cómo se mide técnicamente la calidad del servicio eléctrico. Los organismos reguladores utilizan dos indicadores internacionales. El primero es el SAIFI, que mide la frecuencia de interrupciones, es decir, cuántas veces se corta la luz durante un período determinado. El segundo es el SAIDI, que calcula la duración acumulada de esos cortes. Cuanto más bajos son esos indicadores, mejor es la calidad del suministro.
Los datos analizados por IAETES corresponden al semestre comprendido entre marzo y agosto de 2025, el último período con información oficial consolidada y el primero bajo las reglas de la nueva revisión tarifaria. Allí aparece una diferencia contundente entre ambas concesionarias.
Edenor registró un índice SAIFI de 1,45 interrupciones promedio por usuario y un SAIDI de 3,52 horas. Ambos valores se ubicaron por debajo de los límites regulatorios establecidos por el ENRE. En otras palabras, la compañía cumplió con los estándares comprometidos y mantuvo una tendencia favorable en la calidad del servicio.
La situación de Edesur fue completamente distinta. El indicador SAIFI alcanzó 5,04 interrupciones promedio por usuario, un valor 243% superior al objetivo regulatorio. A su vez, el SAIDI llegó a 11,06 horas acumuladas de corte, un nivel 190% por encima de lo establecido por la regulación. Esto implica que los usuarios de Edesur sufrieron más cortes y permanecieron más tiempo sin suministro eléctrico.
El problema adquiere una dimensión social particularmente grave cuando se observa la localización geográfica de los peores registros. Los distritos más afectados son también algunos de los más vulnerables del conurbano bonaerense. San Vicente encabezó el ranking negativo con un nivel de interrupciones que superó en 710% el sendero regulatorio previsto. Allí cada usuario sufrió, en promedio, más de 22 cortes semestrales, equivalente a una interrupción cada ocho días.
La lista continúa con Cañuelas, Florencio Varela, Esteban Echeverría y Presidente Perón, municipios donde los indicadores de calidad se ubicaron muy por debajo de los estándares exigidos. Se trata, además, de zonas donde los ingresos promedio son menores, la infraestructura urbana presenta mayores déficits y los hogares tienen menos capacidad económica para afrontar soluciones alternativas frente a los cortes.
La paradoja es evidente. Los sectores que más dificultades tienen para absorber el impacto económico de las tarifas son, al mismo tiempo, quienes reciben el servicio más deficiente.
El informe destaca un caso especialmente ilustrativo. Un usuario residencial N2 de bajos ingresos ubicado en Cañuelas o San Vicente pagó durante este período una de las facturas eléctricas más elevadas de los últimos años mientras experimentó una caída en la calidad del servicio. En términos concretos, pagó más y recibió menos.
Esta situación abre un debate de fondo sobre la lógica que sustenta el actual esquema tarifario. Desde el Gobierno sostienen que los aumentos son necesarios para garantizar inversiones y mejorar la infraestructura. Sin embargo, cuando la recomposición de ingresos para las distribuidoras no se traduce en mejoras concretas para los usuarios, aparece una tensión evidente entre el objetivo económico y el resultado efectivo.
El concepto de «razonabilidad tarifaria», presente en la legislación argentina y en numerosos fallos judiciales, establece que los aumentos deben guardar relación con la calidad del servicio recibido. Cuando esa relación se rompe, la legitimidad social de los incrementos comienza a erosionarse.
Los datos de inversión también muestran diferencias relevantes. Según IAETES, Edenor ejecutó entre el 98% y el 184% de las obras previstas en redes de media tensión y superó en 135% las metas comprometidas para subestaciones de alta y media tensión. Edesur, en cambio, ejecutó entre el 58% y el 72% de las inversiones previstas en infraestructura de distribución y no tenía compromisos específicos para algunas áreas estratégicas.
La consecuencia aparece reflejada en la vida cotidiana de los usuarios. Un corte de electricidad no implica únicamente quedarse sin luz. Afecta la conservación de alimentos, el funcionamiento de electrodomésticos, la conectividad digital, el trabajo remoto, la actividad comercial y, en muchos casos, servicios esenciales de salud y seguridad.
La discusión trasciende entonces el plano técnico. Lo que está en juego es la relación entre tarifas, inversión y calidad de vida. El Gobierno argumenta que el sinceramiento tarifario era imprescindible para corregir distorsiones heredadas y garantizar la sustentabilidad del sistema energético. Pero los datos muestran que la mejora de los balances empresariales no necesariamente se traduce en una mejora automática del servicio.
El primer año de la nueva revisión tarifaria deja así una conclusión incómoda para el discurso oficial. En una parte importante del AMBA, especialmente en el sur del conurbano, los usuarios enfrentan una combinación difícil de justificar: facturas más altas, más cortes de luz y períodos más prolongados sin suministro.
La pregunta que empieza a surgir entre usuarios, especialistas y organismos de control es sencilla: si las tarifas aumentan para financiar inversiones y mejorar el servicio, ¿por qué millones de hogares siguen padeciendo una calidad eléctrica peor que la que tenían antes de los incrementos?
Por ahora, la respuesta sigue sin aparecer en las boletas. Allí solo figura un dato indiscutible: se paga más.
