GONZALO SCHWEIZER
Entre enero y octubre de 2026, el Ministerio de Salud provincial emitió 435 resoluciones que disponen pagos por $1.773,7 millones a tres empresas y una fundación relacionadas con el gobernador. Parte de los fondos corresponde a prestaciones de un programa nacional financiadas con recursos provinciales. Los antecedentes patrimoniales y las denuncias previas plantean interrogantes sobre posibles conflictos de intereses.
El gobierno de Raúl Jalil autorizó pagos por $1.773,7 millones a instituciones sanitarias vinculadas con su familia entre enero y el 23 de octubre de 2026. Las operaciones aparecen consignadas en 435 resoluciones administrativas del Ministerio de Salud de Catamarca, publicadas en los boletines oficiales provinciales.
Los fondos fueron asignados al Sanatorio Pasteur S.A., Sanatorio Junín S.A., Instituto Médico Privado S.A. y la Fundación Dr. José Guido Jalil, instituciones relacionadas con el grupo empresarial familiar del mandatario.
Las resoluciones contemplan principalmente prestaciones médicas de alta complejidad para pacientes sin cobertura sanitaria y beneficiarios de programas públicos.
El vínculo patrimonial constituye un aspecto central. En su declaración jurada de 2019, cuando asumió la gobernación, Jalil informó una participación del 12,5% en cinco sociedades vinculadas con el sector sanitario, entre ellas Sanatorio Pasteur, Sanatorio Junín e Instituto Médico Privado.
Ese antecedente acredita la existencia de participaciones declaradas en aquel momento, aunque no permite determinar si el gobernador conserva actualmente los mismos porcentajes accionarios.
Más de $1.200 millones para el Sanatorio Pasteur
El Sanatorio Pasteur concentró el mayor volumen de autorizaciones: 311 resoluciones por $1.238,8 millones, aproximadamente el 70% del monto total identificado.
La Fundación Dr. José Guido Jalil registró 81 resoluciones por $456,4 millones; Sanatorio Junín, 37 por $76,2 millones; e Instituto Médico Privado, una autorización por $2,29 millones.
Los servicios comprendieron radioterapia, intervenciones cardiovasculares, artroscopias y estudios de medicina nuclear, entre otras prestaciones especializadas.
En numerosos expedientes, el Ministerio de Salud reconoció deudas por servicios ya realizados y dispuso su cancelación con fondos del Tesoro provincial. Algunas autorizaciones quedaron sujetas a ratificación del Poder Ejecutivo.
Agosto concentró $688,4 millones, seguido por abril, con $282 millones, y septiembre, con $257 millones. Parte de esas obligaciones correspondía a prestaciones realizadas durante 2025.
Las resoluciones documentan autorizaciones de pago. Para establecer qué montos fueron efectivamente transferidos es necesario contrastarlas con los registros de ejecución presupuestaria y Tesorería.
Prestaciones nacionales pagadas con recursos provinciales
La documentación permite distinguir tres grupos principales de operaciones.
El primero comprende 345 resoluciones por $1.350,2 millones, correspondientes a prestaciones de pacientes identificados como personas sin cobertura social.
El segundo reúne 81 resoluciones por $396,4 millones, destinadas a beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud, que brinda cobertura sanitaria a determinados titulares de pensiones no contributivas.
En varios expedientes se dispuso utilizar fondos provinciales para cancelar prestaciones vinculadas con ese programa nacional. Algunas resoluciones contemplaron expresamente el cambio de fuente de financiamiento nacional a provincial.
La reasignación plantea interrogantes sobre los convenios de financiamiento, las obligaciones de cada jurisdicción y los mecanismos de reintegro.
El uso de fondos provinciales no constituye por sí mismo una irregularidad, pero requiere determinar si esos gastos correspondían al presupuesto de Catamarca, si existían obligaciones nacionales pendientes y si la provincia recibió compensaciones posteriores.
Un tercer grupo comprende seis resoluciones por $27,1 millones, vinculadas con prestaciones cuya cobertura no fue precisada o con conceptos distintos de la atención médica.
Denuncias anteriores sobre contrataciones sanitarias
Los vínculos entre el sistema público de salud catamarqueño y las empresas de la familia Jalil ya habían generado cuestionamientos.
En junio de 2025, el diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) Tiago Puente presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP).
Uno de los episodios denunciados involucró a una adolescente de 17 años que necesitaba una cirugía ortognática. Según la presentación, OSEP rechazó una derivación a Tucumán presupuestada en $13 millones y posteriormente canalizó la atención hacia el Sanatorio Pasteur, donde el costo denunciado ascendía a $30 millones.
Entre los señalados figuraban el entonces director de OSEP, Leopoldo Marchetti; Silvia Jalil, representante del Sanatorio Pasteur ante la obra social; y el entonces gerente general, Horacio Campazzo.
La existencia de una denuncia no acredita responsabilidad penal. Tampoco se dispone aquí de información suficiente para establecer su estado judicial actual.
En septiembre de 2026, legisladores radicales también cuestionaron una obra pública de costanera en San Fernando del Valle de Catamarca por sus presuntos beneficios sobre terrenos relacionados con integrantes de la familia Jalil.
Estas acusaciones constituyen antecedentes de controversias institucionales, pero deben analizarse separadamente de las autorizaciones sanitarias de 2026.
El conflicto de intereses y los controles del Estado
El Estado provincial puede recurrir a instituciones privadas para garantizar tratamientos que no están disponibles en hospitales públicos. La existencia de pagos a prestadores vinculados con funcionarios tampoco demuestra, por sí sola, que se hayan cometido delitos.
La cuestión es establecer si los servicios fueron efectivamente prestados, cómo se determinaron sus precios, quién autorizó las contrataciones y qué controles se aplicaron cuando los beneficiarios tenían vínculos patrimoniales o familiares con autoridades provinciales.
También resulta necesario conocer si existieron mecanismos de abstención de funcionarios, procedimientos de contratación competitivos y auditorías sobre los servicios reconocidos.
El antecedente de la declaración jurada de Jalil vuelve especialmente relevante la actualización de su situación accionaria y la identificación de quienes intervinieron en las decisiones administrativas.
Las 435 resoluciones y los $1.773,7 millones autorizados plantean una exigencia concreta de transparencia: que el Gobierno de Catamarca publique información verificable sobre las prestaciones, los pagos ejecutados, los criterios de contratación y las medidas adoptadas para prevenir conflictos de intereses.
Melina Orquidea
