Melina Orquidea
El juez federal Juan Pablo Auge ordenó embargar las cuentas del Ministerio de Salud por $828.708.195,16 para cubrir medicamentos e insumos reclamados por el Cottolengo Don Orione de Claypole. La resolución desestimó el argumento del gobierno de Javier Milei sobre la falta de facturas y acreditó que la institución había realizado los trámites correspondientes. El establecimiento, donde viven más de 400 personas con discapacidad, recibirá al papa León XIV el próximo 9 de noviembre.
La crisis de financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad sumó un nuevo capítulo judicial. El martes 27 de octubre, el juez federal Juan Pablo Auge, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 3 de Lomas de Zamora, ordenó embargar las cuentas del Ministerio de Salud de la Nación por más de 828 millones de pesos.
La medida responde al incumplimiento de la provisión de medicamentos e insumos correspondientes al período comprendido entre marzo y junio de 2026, reclamados por el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una institución que brinda asistencia permanente a más de 400 personas con discapacidad.
La resolución judicial, a la que accedió InfoNegro, establece un embargo de $828.708.195,16 sobre las cuentas que el Ministerio mantiene en el Banco de la Nación Argentina. El monto surge de un presupuesto presentado por Farmacia Caruso, de La Plata, que el tribunal consideró el más bajo y actualizado entre los aportados al expediente.
El argumento de Lugones que desestimó la Justicia
El Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, había rechazado el reclamo argumentando que la institución no presentó las facturas ni realizó las gestiones administrativas necesarias.
Sin embargo, el juez consideró acreditado que el Cottolengo había seguido el procedimiento establecido para solicitar los medicamentos y tratamientos de las personas beneficiarias del programa Incluir Salud.
La documentación incorporada al expediente demuestra que la institución presentó las planillas correspondientes, con las indicaciones médicas, datos de los pacientes y tratamientos requeridos.
La resolución también establece que la provisión nunca funcionó mediante un sistema de reintegros: el organismo estatal recibía los pedidos, los auditaba y entregaba directamente los insumos aprobados. Por esa razón, no correspondía exigir facturas o comprobantes de compra.
El abogado del Cottolengo, Pablo Díaz, cuestionó los argumentos utilizados por la cartera sanitaria y sostuvo que buscaban eludir responsabilidades y dilatar la solución del conflicto.
Medicamentos indispensables y tratamientos interrumpidos
La gravedad del caso excede la discusión presupuestaria. Entre las prestaciones reclamadas se encuentran medicamentos utilizados para tratar convulsiones, trastornos psiquiátricos y otras condiciones que requieren atención permanente.
En comunicaciones enviadas a la administración nacional, las autoridades del Cottolengo advirtieron que la falta de suministros provocaba interrupciones de tratamientos y ponía en riesgo la salud de los residentes.
La situación había sido documentada en septiembre por Chequeado, que recogió los reclamos de la institución por la falta de medicamentos, pañales y otros elementos esenciales. Chequeado
En un establecimiento donde viven personas que requieren distintos niveles de asistencia, la continuidad de los tratamientos no constituye un gasto administrativo que pueda postergarse indefinidamente. Es una condición indispensable para garantizar su salud, su integridad y una vida digna.
El Papa visitará una institución atravesada por el desfinanciamiento
La decisión judicial adquiere especial relevancia porque el papa León XIV tiene previsto visitar el Cottolengo el lunes 9 de noviembre, durante su viaje a Argentina.
La visita fue confirmada oficialmente por la congregación Don Orione el 21 de septiembre. La institución destacó que el encuentro permitirá visibilizar el trabajo cotidiano de acompañamiento y cuidado de las personas residentes. Don Orione Argentina
La situación financiera ya había generado preocupación pública. Según las informaciones difundidas durante octubre, el Gobierno canceló una deuda anterior cercana a los 750 millones de pesos, pero quedó pendiente el reclamo correspondiente a los medicamentos e insumos del período marzo-junio.
La nueva resolución judicial evidencia que el conflicto no había sido solucionado.
Mientras el Gobierno prepara la recepción del pontífice, la institución continúa reclamando recursos para sostener tratamientos y prestaciones esenciales. La visita colocará esta situación en un escenario de importante exposición nacional e internacional.
La Provincia financiará cien becas para el Cottolengo
En paralelo al conflicto judicial, el gobierno bonaerense anunció el martes 27 de octubre un acuerdo destinado a fortalecer el funcionamiento del establecimiento.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, firmó un convenio para financiar mensualmente cien becas del Programa Hogares, destinadas a garantizar residencia, alimentación y atención integral.
La iniciativa fue presentada durante una visita a Claypole junto con autoridades municipales y representantes del Cottolengo. Provincia de Buenos Aires
El financiamiento provincial constituye una respuesta adicional a las necesidades de la institución, aunque no reemplaza las obligaciones nacionales vinculadas con los medicamentos e insumos reclamados judicialmente.
El embargo no significa que la deuda ya esté pagada
La resolución firmada por Auge ordenó librar un oficio al Banco Nación para ejecutar el embargo y transferir los fondos a una cuenta judicial vinculada con el expediente.
Una vez concretada esa medida, el juzgado dispuso que se cite a la parte ejecutada por el plazo de cinco días, conforme al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Por lo tanto, lo acreditado hasta ahora es la orden judicial de embargo; su efectivo cumplimiento y la disponibilidad final de los recursos deberán verificarse en las actuaciones posteriores.
La discusión de fondo: cuando el ajuste alcanza derechos esenciales
El caso Don Orione expone las consecuencias que pueden producir las demoras administrativas y la falta de financiamiento en instituciones que brindan cuidados permanentes a personas con discapacidad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada al ordenamiento argentino con jerarquía constitucional, reconoce el derecho a la salud sin discriminación y obliga al Estado a adoptar medidas para garantizar su ejercicio efectivo.
No se trata solamente de cumplir una transferencia presupuestaria. Se trata de asegurar que las personas reciban los tratamientos que necesitan.
La Justicia tuvo que intervenir para ordenar recursos destinados a medicamentos que el propio Estado debía proporcionar. Esa es la dimensión central de este conflicto.
El Ministerio de Salud tendrá que responder a la resolución judicial, mientras el Cottolengo continúa sosteniendo la atención cotidiana de sus residentes.
La llegada de León XIV puede multiplicar la visibilidad del establecimiento, pero los derechos de las personas con discapacidad no pueden depender de la visita de un pontífice, de la repercusión mediática ni de una sentencia para ser respetados.
El verdadero problema no es la incomodidad política que este caso pueda ocasionarle al Gobierno frente al Papa. Es que, mientras se discuten facturas y procedimientos, hay personas cuya salud depende de medicamentos que deberían estar garantizados.
GONZALO SCHWEIZER
