Jorge R. Schweizer
Un ataque con drones atribuido al Ejército sudanés alcanzó un mercado de Nyala, en Darfur del Sur. Las autoridades locales denunciaron 102 fallecidos, mientras Médicos Sin Fronteras confirmó la recepción de 36 cadáveres y la atención de más de 150 heridos. En paralelo, bombardeos atribuidos a fuerzas paramilitares destruyeron instalaciones eléctricas y afectaron servicios esenciales. La población civil vuelve a pagar las consecuencias de una guerra que comenzó en abril de 2023.
Un mercado lleno de vendedores, trabajadores y familias fue alcanzado por un ataque con drones el lunes 26 de octubre, alrededor de las ocho de la noche, en Nyala, capital de Darfur del Sur, en el oeste de Sudán. Un segundo bombardeo impactó contra un barrio residencial cercano. La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) atribuyó ambos ataques a las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), que combaten desde hace más de tres años contra las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).
El ataque ocurrió en el mercado de Tangong, ubicado en el barrio de Dumaya, una zona bajo control de las FAR. Las autoridades de Tasis, una administración paralela vinculada con los paramilitares, denunciaron 102 muertos y 113 heridos. La organización sudanesa Emergency Lawyers difundió un balance similar y reclamó una investigación independiente.
MSF confirmó que el Hospital Docente de Nyala, donde presta asistencia, recibió 36 cadáveres y atendió a más de 150 personas heridas. Entre los cuerpos ingresados, 21 correspondían a personas que vestían ropa civil. La organización no presentó esa cifra como un balance definitivo de víctimas, sino como el registro de su establecimiento sanitario.
Un mercado convertido en escenario de muerte
Los sobrevivientes llegaron al hospital en mototaxis y carros tirados por burros. Presentaban heridas de metralla, quemaduras graves y lesiones provocadas por las explosiones.
Dale Koninckx, coordinador de proyectos de MSF en Nyala, relató que el personal sanitario trabajó durante toda la noche para atender a los heridos, entre ellos mujeres y niños.
El bombardeo se produjo apenas diez días después de otro ataque con drones contra el mercado de Al-Mawashi, también en Nyala, que dejó al menos cuatro muertos y numerosos heridos.
La reiteración de ataques contra espacios comerciales agrava una situación alimentaria ya crítica. Los mercados constituyen puntos esenciales para la compra de alimentos y el sustento de miles de familias. Su destrucción provoca víctimas inmediatas y dificulta el abastecimiento de quienes sobreviven.
Las autoridades de Tasis responsabilizaron al Ejército sudanés por la matanza. MSF también identificó a las SAF como responsables del ataque, aunque el número total de víctimas y las circunstancias militares del bombardeo requieren una investigación independiente.
Consecuencias de los ataques en Nyala, donde organizaciones humanitarias denunciaron decenas de víctimas civiles.
Bombardeos contra centrales eléctricas paralizan servicios esenciales
La violencia también alcanzó la infraestructura energética del país.
El lunes 26 de octubre, ataques con drones atribuidos a las FAR golpearon instalaciones eléctricas en los estados de Sennar, Gedaref, Nilo Blanco y Gezira, provocando cortes generalizados de electricidad.
La empresa estatal Sudan Electricity Holding Company informó daños importantes en estaciones y equipos de distribución. Los ataques afectaron instalaciones situadas en Sinja, El Hawata, Al Fao, Mashkour y Al-Junaid.
Al día siguiente, otro bombardeo alcanzó la subestación de Al-Markhiyat, en Omdurmán, y dejó amplios sectores de Jartum sin electricidad durante más de doce horas.
Las consecuencias fueron inmediatas: hospitales y panaderías debieron depender de generadores, mientras se redujo el abastecimiento de agua en distintos sectores de la capital.
Los daños a las instalaciones eléctricas comprometen servicios indispensables para la supervivencia de la población. Sin energía, los centros sanitarios enfrentan dificultades para atender pacientes, conservar medicamentos y mantener sus equipos. También se interrumpe el bombeo de agua y se perjudica la producción y distribución de alimentos.
Una guerra por el poder que arrasa con la población
El conflicto comenzó el 15 de abril de 2023, cuando estalló la disputa entre el Ejército, encabezado por el general Abdel Fattah al-Burhan, y las FAR, dirigidas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti.
Ambos dirigentes habían compartido el poder después del golpe de Estado de 2021. Su enfrentamiento por el control de las instituciones y la integración de las fuerzas paramilitares en el Ejército terminó desencadenando una guerra de alcance nacional.
Los combates provocaron decenas de miles de muertes y desplazamientos masivos. Según las estimaciones humanitarias recogidas por Naciones Unidas, alrededor de 34 millones de personas necesitan asistencia.
Darfur constituye uno de los escenarios más graves. Allí, las denuncias de asesinatos, violencia sexual, desplazamientos forzados y ataques contra comunidades no árabes se suman a la destrucción de viviendas, hospitales y mercados.
La guerra también profundizó la inseguridad alimentaria. En distintas zonas de Darfur y Kordofán, millones de personas enfrentan dificultades extremas para conseguir alimentos, agua potable y atención médica.
Familias desplazadas por la guerra en Sudán. El conflicto iniciado en abril de 2023 ha obligado a millones de personas a abandonar sus hogares.
Los ataques contra civiles pueden constituir crímenes de guerra
El derecho internacional humanitario obliga a las partes enfrentadas a distinguir entre objetivos militares y población civil.
Los mercados, viviendas, hospitales y otras instalaciones civiles no pueden ser atacados deliberadamente. Las infraestructuras indispensables para la supervivencia de la población, como los sistemas de abastecimiento de agua, cuentan además con protecciones específicas.
Incluso cuando un objetivo militar legítimo se encuentra cerca de civiles, las fuerzas atacantes deben adoptar precauciones y respetar el principio de proporcionalidad.
La investigación sobre Nyala deberá determinar qué objetivo se pretendía alcanzar, quién ordenó el bombardeo y qué medidas se adoptaron para evitar víctimas civiles.
Las denuncias contra el Ejército por el ataque al mercado y contra las FAR por los bombardeos a instalaciones eléctricas exigen investigaciones independientes. La responsabilidad por eventuales crímenes de guerra corresponde establecerla a partir de las conductas concretas y las pruebas disponibles.
Sudán necesita protección civil, alimentos y una salida política
La intensificación de los ataques con drones demuestra que la guerra continúa extendiendo sus consecuencias más allá de las posiciones militares.
En Nyala, las familias perdieron a sus seres queridos mientras compraban alimentos o trabajaban. En Jartum y otras regiones, los bombardeos dejaron a miles de hogares sin servicios esenciales.
La población sudanesa necesita asistencia humanitaria urgente, corredores seguros para distribuir alimentos y medicamentos, protección de la infraestructura civil y mecanismos efectivos de investigación de las violaciones del derecho internacional.
La tragedia de Sudán no se limita a los muertos que dejan los bombardeos. También alcanza a quienes sobreviven sin electricidad, sin agua potable, sin atención médica y con dificultades crecientes para alimentarse. Mientras los grupos armados disputan el poder, millones de personas enfrentan la destrucción de las condiciones indispensables para vivir.
Rodolfo Gudino
Melina Orquidea
