Melina Schweizer
La caída de la coparticipación, el desplome de la cobrabilidad de tasas y las dificultades para afrontar aguinaldos impulsaron proyectos en la Legislatura bonaerense para permitir el alquiler de banquinas rurales. Los municipios buscan nuevas fuentes de financiamiento en medio de una creciente crisis fiscal.
La crisis financiera que atraviesan los municipios bonaerenses llegó a un punto que hasta hace pocos años hubiera parecido impensado: los intendentes comenzaron a mirar las banquinas de las rutas como una posible fuente de recursos para sostener las cuentas públicas. La propuesta ya ingresó formalmente a la Legislatura provincial y refleja con crudeza el deterioro de las finanzas locales en un contexto de caída de la actividad económica, desplome de la recaudación y crecientes dificultades para cubrir gastos corrientes.
La iniciativa surge en momentos en que numerosos municipios enfrentan problemas para afrontar obligaciones básicas de funcionamiento. La disminución de los fondos coparticipables, la menor cobrabilidad de las tasas municipales y el aumento de los costos operativos generaron un escenario de extrema fragilidad para muchas administraciones comunales, algunas de las cuales ya recurrieron a pedidos extraordinarios de asistencia financiera para garantizar el pago de salarios y aguinaldos.
En ese contexto, legisladores del peronismo impulsan modificaciones a la ley provincial 10.342, vigente desde 1985, que actualmente permite arrendar franjas de tierra ubicadas junto a rutas provinciales, aunque excluye expresamente las banquinas. Además, los recursos obtenidos mediante esos contratos tienen una afectación específica: el 60% debe destinarse a los Consejos Escolares, el 20% a los cuerpos de bomberos y el 20% al mantenimiento de caminos rurales.
La diputada massista Ayelén Rasquetti presentó un proyecto que busca ampliar esas posibilidades incorporando las banquinas al régimen de explotación productiva. La legisladora sostiene que la normativa actual impide aprovechar superficies que podrían generar ingresos genuinos para las administraciones locales y considera que la exclusión de esos espacios representa una pérdida económica permanente para municipios que necesitan ampliar su capacidad de financiamiento.
La iniciativa contempla la creación de un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales y establece que será la Dirección de Vialidad provincial la encargada de determinar cuáles son las áreas aptas para actividades agrícolas sin afectar la seguridad vial.
Detrás de la propuesta aparece una realidad inocultable. Los municipios atraviesan uno de los momentos más complejos de los últimos años. La desaceleración económica impactó directamente sobre la recaudación local, mientras que la inflación acumulada elevó significativamente los costos operativos asociados a servicios básicos, mantenimiento urbano, salud, asistencia social y funcionamiento administrativo.
En numerosas comunas los ingresos ya no alcanzan para sostener el nivel de gasto existente.
Por eso algunos intendentes comenzaron a reclamar flexibilizaciones en distintos fondos provinciales para poder utilizar recursos sin restricciones específicas. La discusión no gira únicamente en torno a cuánto dinero reciben, sino también sobre la posibilidad de decidir libremente su destino frente a una emergencia financiera que obliga a priorizar gastos esenciales.
La situación quedó expuesta semanas atrás cuando varios municipios solicitaron adelantos de coparticipación para afrontar el pago del medio aguinaldo. Ese dato encendió señales de alarma dentro de la administración bonaerense y reflejó la magnitud de las dificultades que atraviesan tanto distritos grandes como pequeños.
El debate legislativo incorpora además otro proyecto impulsado por el diputado Alejandro Acerbo, ex intendente de Daireaux. Su propuesta apunta a modificar el esquema vigente de distribución de los recursos obtenidos por arrendamientos rurales. A diferencia de la ley actual, plantea que los fondos puedan destinarse a gastos o inversiones definidos por cada municipio mediante ordenanza local, aunque establece que al menos un tercio de lo recaudado deberá utilizarse para el mantenimiento de caminos y banquinas.
La iniciativa también propone ampliar los plazos de explotación de las tierras arrendadas. Actualmente los contratos tienen una duración máxima de un año, mientras que el nuevo esquema permitiría concesiones de hasta tres años con posibilidad de renovación.
Más allá de las diferencias técnicas entre los proyectos, ambos comparten un diagnóstico común: los municipios necesitan ampliar urgentemente sus fuentes de financiamiento.
La discusión también refleja un fenómeno más amplio que atraviesa a gran parte del interior bonaerense. Durante años, las administraciones locales dependieron crecientemente de transferencias provinciales y nacionales para sostener sus presupuestos. Cuando esos recursos comienzan a reducirse o pierden capacidad de compra frente a la inflación, la búsqueda de ingresos propios se vuelve una necesidad urgente.
Por eso la discusión sobre las banquinas trasciende la cuestión agrícola.
Lo que está en debate es hasta dónde pueden llegar los municipios para generar recursos en un contexto donde cada peso cuenta. La posibilidad de sembrar soja, maíz u otros cultivos al costado de las rutas puede parecer una medida menor, pero constituye un síntoma de una crisis fiscal mucho más profunda que atraviesa a las administraciones locales.
Cuando los intendentes empiezan a mirar las banquinas como una fuente de financiamiento, lo que queda expuesto no es únicamente el potencial productivo de esas tierras. Lo que aparece con claridad es la magnitud del deterioro económico que obliga a los gobiernos municipales a buscar recursos allí donde antes nadie imaginaba que podrían encontrarlos.
