GONZALO SCHWEIZER
El Gobierno simplificó por decreto la devolución anticipada del IVA para proyectos mineros y flexibilizó exigencias ambientales. La medida llega en medio de una caída histórica del consumo, una fuerte retracción de la recaudación y nuevos recortes presupuestarios para sostener el superávit fiscal.
Mientras millones de familias reducen el consumo de alimentos, acumulan deudas para llegar a fin de mes y enfrentan aumentos permanentes en tarifas y transporte, el gobierno de Javier Milei decidió avanzar con una nueva batería de beneficios para las grandes compañías mineras. A través del Decreto 482/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, la administración libertaria simplificó el mecanismo de devolución del IVA para proyectos de exploración minera y redujo exigencias vinculadas al control ambiental.
La medida se produce en un contexto económico marcado por una fuerte caída del consumo interno. Los últimos datos de actividad muestran una retracción sostenida de las ventas minoristas, mientras la recaudación del IVA acumula diez meses consecutivos de caída real como consecuencia del desplome de la demanda y del deterioro del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.
Pese a ese escenario, el Ejecutivo optó por acelerar los beneficios fiscales para uno de los sectores que considera estratégicos para el ingreso de divisas. El nuevo esquema permitirá a las empresas mineras recuperar de manera más rápida el IVA pagado durante la etapa de exploración, incluso antes de que los proyectos comiencen a producir y exportar.
Hasta ahora, las compañías debían atravesar un procedimiento más complejo para solicitar la devolución de esos créditos fiscales. Con la nueva reglamentación, bastará con presentar facturas, comprobantes de pago y una descripción técnica de las tareas realizadas para acceder al reintegro.
El argumento oficial es que la simplificación administrativa permitirá acelerar inversiones y mejorar la competitividad internacional del sector. Sin embargo, la decisión vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de las prioridades fiscales del Gobierno. Mientras se multiplican los ajustes sobre universidades, organismos científicos, infraestructura, programas sociales y transferencias a las provincias, el Estado resigna recursos para incentivar a grandes emprendimientos extractivos.
La flexibilización también alcanza al plano ambiental. El decreto establece que la contratación de un Seguro Ambiental Obligatorio podrá ser considerada suficiente para cumplir con las obligaciones de prevención y reparación de daños ambientales, siempre que la autoridad competente lo considere adecuado.
Para especialistas en materia ambiental, la modificación implica una reducción de los controles preventivos sobre una actividad que históricamente genera controversias por su impacto sobre acuíferos, ecosistemas de montaña y territorios habitados por comunidades rurales e indígenas.
La nueva normativa además elimina diversos trámites previos para importaciones vinculadas a proyectos mineros, reemplazándolos por declaraciones juradas. También actualiza el régimen de estabilidad fiscal por treinta años, uno de los principales beneficios que reciben las empresas del sector.
La apuesta oficial es clara. Milei busca consolidar un modelo económico apoyado en la exportación de recursos naturales, particularmente petróleo, gas, litio, cobre y minería metalífera. El problema es que ese esquema convive con una economía doméstica cada vez más debilitada, donde el consumo masivo continúa en retroceso y la actividad industrial muestra señales de estancamiento.
La paradoja es evidente. Mientras el Gobierno sostiene que no hay recursos para reforzar jubilaciones, aumentar salarios públicos o sostener programas sociales, sí encuentra margen para acelerar devoluciones impositivas y flexibilizar requisitos a sectores concentrados de la economía.
En nombre de la llegada de inversiones, el Estado resigna ingresos fiscales en momentos en que la propia administración reconoce dificultades para sostener el equilibrio de las cuentas públicas. El resultado es un modelo donde los beneficios se concentran en actividades exportadoras de gran escala mientras el ajuste continúa descargándose sobre trabajadores, jubilados y sectores medios.
La discusión de fondo excede a la minería. Lo que vuelve a quedar expuesto es una definición política: quiénes reciben incentivos, quiénes soportan el ajuste y quiénes terminan financiando el costo de un programa económico que sigue mostrando números fiscales positivos a costa de una sociedad cada vez más empobrecida.
