GONZALO SCHWEIZER
Mientras la Casa Rosada celebra diez meses consecutivos de superávit financiero, 14 de las 24 provincias cerraron 2025 con déficit. La caída de las transferencias nacionales, el derrumbe de la recaudación y el ajuste sobre la obra pública trasladaron la crisis fiscal desde Nación hacia los gobiernos provinciales.
Javier Milei convirtió el superávit fiscal en la principal bandera política de su gobierno. Cada mes que las cuentas nacionales cierran con saldo positivo, el Presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo, presentan el dato como la prueba irrefutable del éxito del programa económico libertario. Sin embargo, detrás de esa fotografía celebrada desde la Casa Rosada se esconde una realidad menos visible: el equilibrio fiscal nacional se construyó, en buena medida, sobre el deterioro de las finanzas provinciales.
La administración libertaria logró sostener durante diez meses consecutivos el superávit financiero, incluso después de contabilizar el pago de intereses de la deuda. El resultado fue exhibido como una demostración de disciplina fiscal y cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Pero los números muestran que ese logro no se alcanzó gracias a una expansión de la actividad económica o a una mejora de la recaudación, sino mediante un ajuste permanente del gasto público.
La recaudación tributaria continúa mostrando señales de debilidad. Entre enero y mayo los ingresos vinculados al IVA registraron una caída real del 4,5%, reflejando el estancamiento del consumo y la actividad económica. Frente a esa realidad, el Gobierno profundizó los recortes sobre áreas sensibles del Estado: paralizó prácticamente la obra pública nacional, mantuvo congelado el bono que perciben los jubilados y continuó licuando salarios estatales por debajo de la inflación. A eso se sumaron nuevos recortes presupuestarios que durante mayo alcanzaron los 2,4 billones de pesos.
Sin embargo, el ajuste no terminó allí. La estrategia fiscal también implicó una fuerte reducción de recursos destinados a las provincias. Y es precisamente en ese punto donde aparece la otra cara del superávit nacional.
Un informe de la consultora Vectorial advirtió que el equilibrio fiscal celebrado por el Gobierno coincide con un deterioro acelerado de las cuentas provinciales. Según el estudio, durante 2025 se produjo una inversión histórica de posiciones: mientras la Nación consolidó superávits, la mayoría de las provincias volvieron a registrar déficit financiero.
Los números son contundentes. Catorce de las veinticuatro jurisdicciones cerraron 2025 con resultado financiero negativo. El déficit consolidado alcanzó los 2,78 billones de pesos. Apenas un año antes, en 2024, sólo una provincia había terminado el ejercicio en rojo.
Incluso aquellas administraciones que lograron mantener un saldo positivo vieron evaporarse gran parte de sus excedentes. De acuerdo con el relevamiento, Santiago del Estero fue la única provincia que consiguió mejorar su resultado fiscal respecto del año anterior.
La explicación es sencilla. Durante 2024 las provincias reaccionaron al ajuste nacional aplicando recortes propios. Redujeron inversiones, frenaron obras y limitaron gastos para compensar la caída de las transferencias provenientes de la Nación. Ese esfuerzo permitió sostener temporalmente el equilibrio fiscal local.
Pero en 2025 la situación comenzó a cambiar. Aunque la recuperación económica aportó una leve mejora en la coparticipación, los recursos provinciales crecieron apenas un 3,3% interanual. Al mismo tiempo, los gastos aumentaron un 7,1% debido a la necesidad de sostener servicios esenciales como salud, educación, seguridad y asistencia social.
Los gobernadores se encontraron atrapados entre dos presiones simultáneas. Por un lado, la Nación redujo transferencias discrecionales y mantuvo una política de ajuste permanente. Por otro, la demanda social comenzó a crecer luego de dos años consecutivos de deterioro económico. El resultado fue inevitable: el déficit reapareció en gran parte del mapa provincial.
La situación resulta particularmente delicada porque las provincias tienen responsabilidades que la Nación no puede abandonar completamente. Mientras el Gobierno nacional puede exhibir ahorro paralizando obras o reduciendo partidas, los gobernadores deben garantizar el funcionamiento cotidiano de hospitales, escuelas, fuerzas de seguridad y programas sociales.
Por eso algunos economistas sostienen que el superávit nacional es, en realidad, un fenómeno parcialmente desplazado. El déficit no desapareció del sistema público argentino: simplemente cambió de jurisdicción.
El economista Haroldo Montagu, ex viceministro de Economía y actual referente de Vectorial, sostiene que aproximadamente un tercio del superávit primario nacional de 2025 se explicó por la reducción de transferencias automáticas y no automáticas a las provincias. Sin ese ajuste sobre los recursos provinciales, el resultado fiscal positivo de la Nación habría sido considerablemente menor.
La consecuencia es que muchas provincias enfrentan ahora un dilema complejo. Si mantienen el nivel de gasto necesario para sostener servicios públicos esenciales, el déficit podría profundizarse. Si, por el contrario, replican el ajuste nacional, deberán asumir los costos políticos y sociales de deteriorar aún más prestaciones que ya muestran señales de agotamiento.
Las perspectivas para 2026 tampoco son alentadoras. La recuperación económica continúa siendo insuficiente para generar un salto significativo de la recaudación. Los recursos por coparticipación podrían mejorar levemente, pero difícilmente alcancen para compensar el incremento de los gastos operativos y salariales.
En ese contexto, los gobernadores se encuentran frente a una disyuntiva cada vez más difícil: aumentar el endeudamiento, profundizar el déficit o trasladar el ajuste a la población mediante recortes de servicios e inversiones.
Mientras tanto, la Casa Rosada seguirá mostrando el superávit como una de sus principales credenciales de gestión. Pero detrás de ese número celebrado en los mercados y los organismos internacionales existe una realidad menos visible. Las cuentas nacionales pueden estar en orden, pero buena parte de ese equilibrio se sostiene sobre provincias que enfrentan cada vez más dificultades para financiar sus funciones básicas.
La pregunta que comienza a recorrer los despachos provinciales es hasta cuándo podrá sostenerse ese esquema sin que la tensión termine convirtiéndose en conflicto político. Porque el superávit nacional tiene una contracara. Y esa contracara se escribe hoy con números rojos en gran parte del interior argentino.
Melina Schweizer
