Melina Schweizer
La Defensora General del Chaco denunció que el gobierno provincial retiró de manera compulsiva a más de 50 niños y adolescentes wichí de la Fundación Valdocco mientras el caso aún se encontraba bajo revisión judicial. Los menores fueron trasladados sin consulta previa a sus familias y regresaron a comunidades atravesadas por la falta de agua, alimentos y asistencia sanitaria.
La crisis humanitaria que atraviesa El Impenetrable chaqueño sumó un nuevo capítulo de extrema gravedad. La Defensora General del Poder Judicial del Chaco, Alicia Alcalá, denunció ante el Superior Tribunal de Justicia que el gobierno de Leandro Zdero avanzó de manera unilateral en el desmantelamiento de la Fundación Valdocco y ordenó el traslado compulsivo de más de 50 niños y adolescentes pertenecientes al pueblo wichí, pese a que la situación judicial de la institución todavía no se encuentra resuelta.
La acusación coloca al gobernador radical en el centro de una controversia que trasciende la disputa administrativa por el funcionamiento de una organización social. Según la presentación judicial, el Ejecutivo provincial habría actuado ignorando los tiempos procesales y las garantías de protección previstas para niños, niñas y adolescentes, exponiendo a los menores a una situación de vulnerabilidad extrema.
La Fundación Valdocco, ubicada en General Vedia, funcionaba como un espacio de contención educativa, alimentaria y social para jóvenes provenientes de comunidades originarias del norte provincial. Su continuidad se encuentra envuelta en una disputa judicial luego de que la administración provincial impulsara medidas destinadas a clausurar o limitar su funcionamiento.
Si bien una resolución de la Cámara de Apelaciones Multifueros había revocado un amparo que inicialmente protegía a la institución, la sentencia todavía no quedó firme debido a que fue apelada y permanece bajo análisis del Superior Tribunal de Justicia. Precisamente por esa razón, la Defensoría sostiene que el gobierno carecía de facultades para ejecutar medidas definitivas mientras el expediente continúa abierto.
La denuncia se apoya en actuaciones presentadas por el sacerdote Juan Carlos Molina, referente histórico de la fundación, quien describió un operativo que calificó como irregular y arbitrario. Según su relato, los niños fueron trasladados bajo el argumento de participar en una audiencia judicial ante la jueza Noelia Almirón, en Misión Nueva Pompeya. Sin embargo, una vez concluida la actividad, nunca regresaron al establecimiento educativo.
El informe sostiene que las familias no fueron consultadas previamente y que muchas de ellas tomaron conocimiento de la situación cuando el traslado ya había sido ejecutado.
La situación se volvió todavía más delicada por las condiciones en que se desarrolló el operativo. Según las denuncias incorporadas al expediente, los menores fueron trasladados en vehículos inadecuados y posteriormente quedaron bajo la órbita de dependencias policiales en localidades como Misión Nueva Pompeya y El Sauzalito.
De acuerdo con la presentación realizada ante la Justicia, fueron efectivos policiales quienes asumieron la tarea de contactar a los familiares para que retiraran a los niños, una decisión que generó fuertes cuestionamientos por parte de organismos vinculados a la protección de derechos de la infancia.
Para la Defensora General, el Estado provincial se excedió gravemente en sus atribuciones al decidir sobre el destino de los menores mientras la controversia judicial seguía abierta. Alcalá advirtió además que podrían existir responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales derivadas de las consecuencias generadas por el operativo.
Uno de los puntos que más preocupa a los organismos de protección es que no existirían constancias claras dentro del expediente sobre la participación de los propios niños y adolescentes en las decisiones adoptadas respecto de su situación. La Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación argentina establecen que los menores tienen derecho a ser escuchados en todos los procedimientos que afecten directamente sus vidas.
Pero el conflicto adquiere una dimensión todavía más dramática cuando se observa el contexto social al que regresaron los jóvenes.
Las comunidades wichí del norte chaqueño atraviesan desde hace años una emergencia humanitaria marcada por la pobreza estructural, la inseguridad alimentaria, la falta de acceso regular al agua potable y las dificultades para recibir atención médica adecuada. Diversos informes de organismos públicos, organizaciones sociales y entidades religiosas vienen alertando sobre el deterioro constante de las condiciones de vida en El Impenetrable.
La muerte reciente de una mujer wichí de 64 años profundizó aún más la tensión. La comunidad considera que el fallecimiento estuvo vinculado a las dificultades de acceso al sistema sanitario y lo interpreta como una consecuencia directa del abandono estatal que denuncian desde hace años.
Ese episodio fue uno de los detonantes de un prolongado acampe realizado por integrantes de comunidades indígenas sobre el acceso a Misión Nueva Pompeya. Durante más de dos semanas, referentes comunitarios reclamaron asistencia alimentaria, provisión de agua, atención médica permanente, reapertura de merenderos y políticas de apoyo productivo para una de las regiones más empobrecidas del país.
Las protestas concluyeron luego de negociaciones con funcionarios provinciales que se comprometieron a analizar parte de las demandas presentadas por las comunidades.
Sin embargo, mientras esos compromisos continúan bajo evaluación, el conflicto por la Fundación Valdocco volvió a colocar bajo la lupa las prioridades del gobierno provincial.
Para los denunciantes, resulta imposible separar ambas cuestiones. Sostienen que mientras persisten problemas urgentes vinculados al acceso a alimentos, salud y agua potable, la administración de Zdero concentró esfuerzos en avanzar contra una institución que funcionaba como red de contención para decenas de jóvenes indígenas.
Ahora será el Superior Tribunal de Justicia quien deberá pronunciarse tanto sobre el futuro de la fundación como sobre las medidas cautelares que exigen asistencia urgente para las comunidades wichí de El Impenetrable.
Lo que está en discusión ya no es únicamente la continuidad de una organización social. También se debate la responsabilidad del Estado frente a una población históricamente postergada y la protección efectiva de los derechos de más de cincuenta niños que, según la denuncia judicial, quedaron atrapados en el medio de una disputa política y administrativa que amenaza con profundizar aún más su situación de vulnerabilidad.
