GONZALO SCHWEIZER
En junio, una familia tipo del AMBA necesitó $282.758 para pagar luz, gas, agua y transporte. La canasta de servicios aumentó 10,1% en un solo mes y acumula una suba del 919% desde diciembre de 2023, casi cuatro veces más que la inflación general del período.
Mientras el Gobierno celebra la desaceleración de la inflación y exhibe el superávit fiscal como principal bandera económica, millones de hogares argentinos enfrentan una realidad mucho más tangible: cada vez destinan una porción mayor de sus ingresos a pagar servicios básicos. Luz, gas, agua y transporte se han transformado en uno de los principales factores de presión sobre los presupuestos familiares.
El último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet revela que durante junio una familia promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesitó $282.758 para cubrir sus consumos de servicios públicos. La cifra representa un incremento mensual del 10,1% respecto de mayo y una suba interanual del 54%.
El dato adquiere otra dimensión cuando se observa la evolución desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Entre diciembre de 2023 y junio de 2026, la canasta de servicios públicos aumentó un 919%, mientras que la inflación acumulada durante el mismo período rondó el 236%.
La diferencia es gigantesca.
En términos prácticos, significa que las tarifas crecieron casi cuatro veces más rápido que el nivel general de precios de la economía. Mientras el Gobierno impulsó una agresiva política de reducción de subsidios para alcanzar el equilibrio fiscal, el costo fue trasladado directamente a los hogares.
La consecuencia es que los servicios públicos dejaron de ser un gasto secundario para convertirse en uno de los principales componentes del presupuesto familiar.
El informe muestra que actualmente una familia promedio destina el equivalente al 15% de un salario registrado medio exclusivamente para pagar servicios públicos. Hace apenas un año, ese esfuerzo era considerablemente menor.
La pérdida de capacidad adquisitiva resulta evidente cuando se observa otro indicador del estudio: en junio de 2025 un salario promedio permitía pagar ocho canastas completas de servicios públicos. Hoy alcanza apenas para 6,8 canastas.
En otras palabras, los salarios compran menos servicios que hace un año.
Detrás de la suba de junio aparece un factor central: el invierno.
El gas fue el servicio que más presionó sobre el presupuesto familiar. El cargo fijo aumentó 4,4%, el componente variable subió 2,2% y, además, el consumo se incrementó significativamente debido a las bajas temperaturas. El resultado fue una factura promedio 23,4% más elevada que la del mes anterior.
La electricidad también mostró una fuerte aceleración. Los hogares comenzaron a utilizar más energía por razones estacionales y, simultáneamente, enfrentaron nuevos aumentos tarifarios. El gasto promedio en electricidad creció 14,8% respecto de mayo.
Aunque el Gobierno insiste en presentar estas actualizaciones como correcciones necesarias para normalizar el sistema energético, la realidad es que para millones de familias representan una presión adicional sobre ingresos que continúan rezagados respecto del costo de vida.
La situación se agrava cuando se analiza el transporte.
Según la UBA, el transporte público se convirtió en el componente más pesado de toda la canasta de servicios. Representa el 41% del gasto total destinado a tarifas y registró un incremento interanual del 75%, muy por encima de la inflación.
No es un dato menor.
Para los sectores populares y la clase trabajadora, el transporte constituye un gasto inelástico. No puede reducirse fácilmente porque está directamente asociado al acceso al empleo, la educación y los servicios de salud. A diferencia de otros consumos, el trabajador no puede decidir dejar de viajar.
Por eso los aumentos del transporte tienen un efecto particularmente regresivo.
Las familias pueden recortar salidas, postergar compras o reemplazar productos. Pero difícilmente puedan dejar de utilizar colectivos, trenes o subtes para llegar a sus lugares de trabajo.
El agua, aunque mostró una suba más moderada del 0,2% durante junio, también acumula incrementos significativos. En términos interanuales, la factura aumentó 48%.
La electricidad registra una suba anual del 43%.
El gas acumula un incremento del 37%.
Todas las categorías superan ampliamente la evolución de muchos salarios y jubilaciones.
La situación revela una de las principales contradicciones del actual programa económico.
El Gobierno consiguió reducir el déficit fiscal principalmente mediante la eliminación de subsidios energéticos y de transporte. Esa decisión mejoró las cuentas públicas, pero trasladó una parte considerable del costo directamente a los hogares.
El resultado es una suerte de impuesto invisible.
El Estado gasta menos, pero las familias pagan más.
Desde una perspectiva macroeconómica, la estrategia permitió mostrar números fiscales positivos ante los organismos internacionales y los mercados financieros. Sin embargo, desde la economía cotidiana la percepción es muy diferente.
La reducción de subsidios funciona como una transferencia de recursos desde los usuarios hacia el equilibrio presupuestario del Estado.
Y esa transferencia ocurre en un contexto particularmente delicado.
El consumo masivo continúa deprimido, la actividad industrial sigue mostrando señales de debilidad, los salarios todavía no recuperan completamente el terreno perdido frente a la inflación y la pobreza continúa afectando a millones de argentinos.
Por eso el impacto de las tarifas va mucho más allá de las boletas de luz o gas.
Cada peso adicional destinado a servicios es un peso menos para alimentos, medicamentos, vestimenta, educación o recreación.
El problema adquiere una dimensión todavía más compleja cuando se observa que gran parte de los aumentos responden a una decisión estructural del Gobierno: trasladar progresivamente los costos reales de los servicios a los usuarios.
La lógica oficial sostiene que las tarifas deben reflejar el costo económico de producir energía, transportar pasajeros o distribuir agua.
Sin embargo, la experiencia internacional muestra que incluso las economías más desarrolladas mantienen esquemas de subsidios parciales para evitar que los servicios esenciales se transformen en bienes inaccesibles para amplios sectores sociales.
La discusión, entonces, ya no es solamente fiscal.
Es también política y social.
Porque detrás de cada porcentaje de aumento aparecen millones de familias que deben reorganizar sus presupuestos para afrontar gastos básicos cada vez más elevados.
Y los números de junio muestran que esa presión está lejos de terminar.
Melina Schweizer
