Melina Schweizer
El jefe de Gobierno porteño anunció que recurrirá la resolución del juez Roberto Gallardo que impide desalojos sin una solución habitacional previa. La medida pone en tensión el derecho de propiedad con la crisis habitacional que afecta a miles de familias en Buenos Aires.
La disputa por los desalojos en la Ciudad de Buenos Aires escaló este viernes a un nuevo nivel político y judicial. Jorge Macri confirmó que apelará el fallo del juez Roberto Gallardo que suspendió los desalojos de inmuebles ocupados cuando no exista una alternativa habitacional para las familias afectadas, una resolución que golpea directamente una de las políticas más promocionadas por la administración porteña.
La decisión judicial surgió a partir de una presentación realizada por los legisladores porteños Leandro «Pitu» Salvatierra y Victoria Freire, quienes denunciaron que el Gobierno venía utilizando procedimientos administrativos para ejecutar desalojos que, según sostienen, dejaban a familias enteras en situación de vulnerabilidad extrema.
La respuesta de Macri fue inmediata. El jefe de Gobierno acusó al magistrado y al dirigente peronista de actuar coordinadamente para proteger ocupaciones ilegales y cuestionó la decisión de la Justicia de intervenir sobre una política que el oficialismo considera central para la recuperación de inmuebles y la defensa de la propiedad privada.
Sin embargo, detrás de los cruces políticos aparece una discusión mucho más profunda que excede la coyuntura partidaria. El fallo vuelve a poner en el centro del debate la tensión permanente entre el derecho de propiedad y el derecho a la vivienda en una ciudad donde el acceso al alquiler se volvió cada vez más difícil, el déficit habitacional continúa creciendo y miles de personas dependen de subsidios o soluciones precarias para sostener un techo.
Gallardo consideró que la administración porteña no puede ejecutar desalojos cuando las personas afectadas carecen de una alternativa habitacional y corren riesgo de quedar en situación de calle. Según la resolución, sólo podrían realizarse procedimientos de desocupación inmediata en casos donde exista peligro estructural o riesgo cierto para la integridad física de los ocupantes.
La decisión judicial impacta directamente sobre una de las banderas de gestión de Jorge Macri. Desde el comienzo de su mandato, el Gobierno porteño impulsó una política agresiva de recuperación de inmuebles ocupados y asegura haber restituido más de 800 propiedades a sus dueños mediante distintos operativos coordinados entre fuerzas de seguridad, organismos sociales y áreas de asistencia.
Desde la administración porteña sostienen que los procedimientos se realizan respetando protocolos específicos y con intervención de distintas dependencias estatales. Según explican, en cada operativo participan la Policía de la Ciudad, la Guardia de Auxilio, equipos de asistencia social y organismos dedicados a la protección de niños, niñas y adolescentes.
No obstante, organizaciones sociales y sectores de la oposición cuestionan la efectividad de esos mecanismos y denuncian que muchas familias terminan enfrentando situaciones de extrema precariedad luego de ser desalojadas.
La controversia también expone una diferencia ideológica sobre el rol del Estado frente a la crisis habitacional. Mientras el oficialismo pone el foco en la protección de la propiedad privada y en la recuperación de inmuebles ocupados ilegalmente, quienes respaldan el fallo sostienen que ninguna política pública puede desconocer las obligaciones constitucionales de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.
La Ciudad de Buenos Aires arrastra desde hace años un problema estructural de acceso a la vivienda. El aumento sostenido del valor de los alquileres, la escasez de oferta para sectores populares y la insuficiencia de soluciones habitacionales generaron un escenario donde miles de familias dependen de hoteles, pensiones, asentamientos o inmuebles ocupados para resolver una necesidad básica.
Ese contexto explica por qué la resolución judicial tiene implicancias que van mucho más allá de los casos puntuales alcanzados por el fallo.
La apelación anunciada por Jorge Macri abre ahora una nueva etapa de confrontación en los tribunales. La administración porteña intentará revertir una decisión que considera una interferencia sobre sus facultades de gestión, mientras que quienes promovieron la medida buscarán sostener un criterio que obliga al Estado a garantizar una respuesta habitacional antes de avanzar con cualquier desalojo.
El conflicto recién comienza. Y detrás de las acusaciones cruzadas entre el Gobierno, la oposición y la Justicia, permanece intacta una pregunta que Buenos Aires arrastra desde hace décadas: cómo compatibilizar el derecho de los propietarios a recuperar sus inmuebles con el derecho de miles de familias a no quedar en la calle.
