GONZALO SCHWEIZER
Entre diciembre de 2023 y fines de 2025 la deuda externa bruta argentina aumentó más de USD 34.000 millones, según datos del INDEC. Sin embargo, en mayo de 2026 el Gobierno informó una caída de USD 17.403 millones en el stock de deuda pública tras una operación entre el Tesoro y el Banco Central que modificó la contabilidad estatal sin reducir obligaciones con acreedores privados.
El gobierno de Javier Milei encontró una noticia para celebrar en medio de una economía que sigue mostrando señales contradictorias. Según el Boletín Mensual de Deuda de la Secretaría de Finanzas, el stock de deuda bruta de la Administración Central cayó de USD 496.676 millones en abril a USD 479.273 millones en mayo. La reducción fue de USD 17.403 millones en apenas treinta días. A primera vista parece un logro extraordinario. Sin embargo, cuando se analiza cómo se produjo esa baja aparece una pregunta incómoda: ¿la Argentina realmente se endeudó menos o simplemente cambió la forma de contabilizar sus pasivos?
La propia Secretaría de Finanzas reconoce que durante mayo la deuda en situación de pago normal se redujo en USD 17.398 millones, producto de una caída de USD 20.546 millones en la deuda denominada en moneda extranjera y un aumento de USD 3.148 millones en la deuda en moneda local.
El dato es llamativo porque una reducción de semejante magnitud normalmente requeriría una de tres cosas: cancelar deuda utilizando reservas internacionales, obtener recursos extraordinarios para recomprar títulos o alcanzar una renegociación con acreedores. Ninguna de esas situaciones ocurrió durante mayo en una escala compatible con la caída informada.
La explicación se encuentra en una ingeniería financiera que involucra al Tesoro Nacional y al Banco Central. El núcleo de la operación fueron las llamadas Letras Intransferibles, papeles que el Tesoro emitió durante años a favor del Banco Central como compensación por el uso de reservas para pagar compromisos externos. Son activos que figuran dentro del balance del Central, pero que carecen de liquidez real porque no pueden venderse libremente en el mercado.
Durante mayo el Banco Central aprobó sus estados contables y registró ganancias extraordinarias derivadas, entre otras cuestiones, de la revaluación de activos financieros. Parte de esas utilidades fueron transferidas al Tesoro en concepto de dividendos. Posteriormente, el Tesoro utilizó esos recursos para rescatar Letras Intransferibles que estaban en poder del propio Banco Central.
Traducido al lenguaje cotidiano, ocurrió algo parecido a que una persona se pagara una deuda a sí misma utilizando dinero generado por una revalorización contable de un activo que también le pertenece. El resultado es que el pasivo desaparece de un balance, pero no ingresan dólares nuevos al país ni se cancelan obligaciones con acreedores externos.
Por eso varios economistas distinguen entre la deuda intraestado y la deuda efectiva con terceros. La operación reduce compromisos entre organismos públicos, pero no modifica la deuda que Argentina mantiene con el FMI, organismos multilaterales, bancos internacionales o fondos de inversión.
Los propios datos oficiales muestran que el stock de deuda pública continúa en niveles históricamente elevados. Al 31 de mayo de 2026 la deuda bruta total ascendía a USD 479.273 millones. Además, el informe indica que durante los últimos doce meses la deuda en situación de pago normal aumentó en USD 18.225 millones.
La situación se vuelve aún más relevante cuando se observa la evolución de la deuda externa total del país. Según los últimos datos publicados por el INDEC, la deuda externa bruta alcanzó USD 320.305 millones al cierre del cuarto trimestre de 2025. Comparada con el cierre de 2023, cuando Javier Milei asumió la presidencia, representa un incremento superior a los USD 34.000 millones.
Es decir, mientras el Gobierno exhibe una reducción contable en la deuda de la Administración Central durante mayo, la tendencia general del endeudamiento externo sigue siendo ascendente.
La discusión no es menor porque la deuda cumple un papel central en el funcionamiento del programa económico libertario. La estabilidad cambiaria, la desaceleración de la inflación y el sostenimiento del esquema financiero dependen en gran medida de la disponibilidad de dólares. Sin embargo, el Banco Central continúa enfrentando dificultades para acumular reservas propias y el Estado debe afrontar vencimientos cada vez más exigentes en los próximos años.
Según el propio informe oficial, el 50% de la deuda en situación de pago normal continúa denominada en moneda extranjera. Además, el 21% corresponde a acreedores externos oficiales, entre ellos organismos multilaterales de crédito.
Ese detalle es fundamental porque marca la diferencia entre la deuda que puede reorganizarse dentro del propio Estado y la deuda que debe cancelarse con dólares reales. Los acreedores externos no aceptan compensaciones contables ni revalorizaciones patrimoniales. Exigen pagos efectivos, refinanciaciones o nuevas emisiones para renovar vencimientos.
El fenómeno refleja una de las características más profundas del actual modelo económico. El Gobierno necesita mostrar señales de solvencia fiscal y financiera para sostener la confianza de los mercados. En ese contexto, la reducción del stock de deuda funciona como una herramienta política poderosa. Permite transmitir la idea de un Estado más ordenado y menos dependiente del crédito.
Sin embargo, la realidad económica es más compleja. La deuda no desaparece porque se modifique la forma en que se registran determinados activos dentro del sector público. Lo que verdaderamente importa es la capacidad futura del país para generar los dólares necesarios para afrontar sus compromisos externos.
Y allí aparecen las limitaciones estructurales de la economía argentina. Las exportaciones energéticas provenientes de Vaca Muerta muestran un crecimiento significativo, pero la industria continúa debilitada, el consumo permanece deprimido y la acumulación de reservas sigue siendo insuficiente para garantizar una reducción sostenida de la vulnerabilidad financiera.
Por eso la operación de mayo puede interpretarse como una mejora contable, pero difícilmente como una solución definitiva al problema del endeudamiento. El número luce atractivo en las planillas oficiales, pero no modifica las obligaciones que Argentina mantiene con sus acreedores internacionales ni elimina los desafíos que enfrentará en los próximos años.
La paradoja es evidente. Mientras el Gobierno celebra una caída de USD 17.403 millones en la deuda pública durante mayo, el stock total sigue cerca de los USD 480.000 millones y la deuda externa continúa creciendo respecto de los niveles heredados en diciembre de 2023. La diferencia entre ambos fenómenos explica buena parte del debate económico actual: una cosa es reducir pasivos dentro del Estado y otra muy distinta disminuir la deuda que deberá pagarse con dólares que todavía no existen.
En definitiva, la operación permitió mostrar una fotografía más favorable de los balances públicos. Pero la película completa sigue revelando una economía altamente endeudada, con fuertes necesidades de financiamiento y una dependencia creciente de la capacidad futura para generar divisas. La deuda puede bajar en los papeles. La discusión pendiente es si también está bajando en la realidad.
Melina Schweizer
REDACCIÓN
