Jorge R. Schweizer
A dos años del ataque incendiario en una pensión de Barracas, comenzó el juicio oral contra Justo Fernando Barrientos, acusado de asesinar a tres mujeres lesbianas y de intentar matar a una cuarta sobreviviente. Las querellas buscarán demostrar que se trató de un crimen de odio por orientación sexual, uno de los casos más brutales de violencia lesbofóbica registrados en Argentina.
El Tribunal Oral Federal N°5 comenzó este domingo el juicio oral por el triple lesbicidio de Barracas, el ataque incendiario ocurrido el 6 de mayo de 2024 que terminó con la vida de tres mujeres lesbianas y dejó una sobreviviente gravemente herida en una pensión del sur de la Ciudad de Buenos Aires. A dos años exactos del crimen, el único acusado, Justo Fernando Barrientos, empezó a ser juzgado por homicidio agravado por odio de género y orientación sexual.
La causa investiga uno de los ataques más violentos contra la comunidad LGBTI+ registrados en Argentina en los últimos años. Según la reconstrucción judicial, Barrientos habría arrojado una bomba molotov dentro de la habitación donde dormían Pamela Cobbas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos mientras descansaban en una pieza del hotel familiar ubicado sobre la calle Olavarría al 1600.
El incendio fue devastador. Cobbas murió dos días después del ataque por quemaduras que comprometieron cerca del 90% de su cuerpo. Figueroa falleció el 12 de mayo y Amarante murió semanas después, tras permanecer internada en terapia intensiva con lesiones gravísimas y compromiso respiratorio severo. Castro Riglos sobrevivió luego de permanecer internada durante más de un mes y atravesar múltiples intervenciones médicas y tratamientos de rehabilitación.
La imputación contra Barrientos es una de las más graves previstas por el Código Penal. El acusado enfrenta cargos por “triple homicidio agravado por odio de género y orientación sexual, con alevosía, ensañamiento y utilización de un medio idóneo para crear peligro común”, además de tentativa de homicidio respecto de la sobreviviente. La acusación prevé una posible condena a prisión perpetua.
Pero el juicio no gira solamente alrededor de la autoría material del ataque. El eje central del debate será demostrar si el incendio constituyó efectivamente un crimen de odio lesbofóbico. Las querellas sostienen que el ataque no fue producto de una discusión aislada ni de un conflicto circunstancial entre vecinos, sino una agresión dirigida específicamente contra mujeres lesbianas en un contexto previo de hostigamiento, amenazas e insultos vinculados a su orientación sexual.
Por eso, durante las audiencias declararán alrededor de veinte testigos entre vecinos, efectivos policiales, peritos y allegados a las víctimas. Las querellas buscarán reconstruir el contexto previo al ataque para demostrar la existencia de agresiones discriminatorias y violencia sostenida contra las mujeres que vivían en la pensión.
Según adelantaron fuentes judiciales, la sobreviviente Sofía Castro Riglos finalmente no prestará declaración oral por recomendación médica, debido al impacto traumático que todavía le genera revivir los hechos ocurridos aquella madrugada.
El proceso judicial tiene además una enorme carga política y simbólica para el movimiento LGBTI+ argentino. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans participa formalmente como querellante en la causa y podrá solicitar condena durante el juicio, algo inédito para la organización en un expediente penal de estas características.
La abogada de la Federación, Samanta Pedrozo, explicó que uno de los objetivos principales será instalar judicialmente la figura de violencia lesbofóbica como móvil central del ataque. “Ya sabemos que hubo un incendio y quién lo provocó. Ahora vamos a profundizar por qué se llevó adelante ese ataque”, sostuvo.
La participación de la Federación en el expediente fue inicialmente rechazada durante la etapa de instrucción bajo el argumento de que no existían pruebas suficientes para considerar el hecho un crimen de odio. Sin embargo, tras una apelación, la Cámara de Casación terminó habilitando su incorporación formal en diciembre de 2024.
El caso de Barracas generó una enorme conmoción social desde el primer momento. Organizaciones feministas y de diversidad sexual realizaron movilizaciones masivas reclamando justicia y denunciando que el ataque reflejaba un crecimiento de los discursos de odio y la violencia contra identidades disidentes.
El triple lesbicidio también reabrió debates sobre violencia estructural, precarización habitacional y vulnerabilidad social. Las víctimas vivían en una pensión precaria y compartían espacios reducidos en condiciones de extrema fragilidad económica. Distintas organizaciones señalaron que la combinación entre pobreza, discriminación y abandono estatal incrementa los niveles de exposición a violencias extremas dentro de sectores históricamente marginados.
La presidenta de la Federación, María Rachid, sostuvo que los crímenes de odio “buscan disciplinar y sembrar miedo” sobre toda la comunidad LGBTI+. Por eso, remarcan que el juicio tendrá impacto mucho más allá de la condena individual contra Barrientos.
Porque lo que se discuta dentro del tribunal también pondrá en debate si la Justicia argentina reconoce plenamente la violencia lesbofóbica como una forma específica de crimen de odio y si el Estado está dispuesto a construir herramientas reales para prevenir ataques similares.
Dos años después del incendio que quemó vivas a tres mujeres en Barracas, esa discusión finalmente llegó a juicio oral.
Melina Schweizer
