Melina Schweizer
Médicos bonaerenses denuncian que la atención en hospitales públicos creció un 23% mientras se profundiza el colapso del sistema sanitario. Advierten que el vaciamiento del Plan Remediar, la crisis del PAMI y la caída de obras sociales empujan a miles de personas hacia la salud pública. Las transferencias nacionales al PAMI cayeron un 54,4% real durante el primer cuatrimestre de 2026.
La crisis económica ya golpea de lleno sobre el sistema sanitario bonaerense y empieza a producir un escenario que médicos y trabajadores de hospitales describen directamente como “saturación”. Organizaciones de profesionales de la salud denunciaron este sábado que la demanda de atención en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires aumentó un 23% desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, en un contexto marcado por desempleo creciente, deterioro salarial, caída de cobertura médica y desmantelamiento de programas nacionales de salud.
La advertencia fue lanzada por el gremio CICOP y por la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras), que vienen alertando sobre el impacto directo que está teniendo el ajuste nacional sobre hospitales provinciales y municipales.
Según explicaron desde las organizaciones médicas, el incremento de pacientes no responde solamente a un crecimiento poblacional o estacional de consultas, sino al deterioro general de las condiciones de acceso al sistema sanitario privado y de seguridad social. Miles de personas que antes resolvían tratamientos, estudios o medicamentos mediante obras sociales, prepagas o programas nacionales hoy terminan recurriendo al sistema público porque ya no pueden sostener esos costos.
El presidente de CICOP y Fesintras, Pablo Maciel, sostuvo que el sistema sanitario atraviesa una combinación crítica de sobrecarga laboral, pérdida salarial y falta de recursos mientras aumenta permanentemente la cantidad de pacientes que llegan a hospitales públicos para resolver desde consultas básicas hasta cirugías de alta complejidad.
“La crisis económica, el desempleo, el cierre prácticamente del Remediar, la quiebra de obras sociales y la situación dramática del PAMI empujan a miles de personas al sistema público”, resumió Maciel.
El cuadro sanitario empieza a reflejar algo que intendentes bonaerenses vienen señalando desde hace meses: los municipios ya no logran absorber el crecimiento de la demanda médica con presupuestos locales cada vez más ajustados y con menor asistencia nacional.
Uno de los focos más críticos señalados por los profesionales de la salud es el desmantelamiento del Programa Remediar, que durante más de dos décadas garantizó acceso gratuito a medicamentos esenciales para millones de personas a través de centros de atención primaria de todo el país.
Desde Fesintras denunciaron que la reducción drástica del programa está provocando interrupción de tratamientos en pacientes con enfermedades crónicas, inflamatorias y autoinmunes que ya no pueden afrontar el costo de medicamentos básicos. El impacto, sostienen, no es solamente administrativo o presupuestario: empieza a traducirse en agravamiento de patologías, internaciones evitables y complicaciones severas derivadas de tratamientos discontinuados.
La situación del PAMI aparece como otro de los grandes factores de presión sobre hospitales públicos. Según datos citados por las organizaciones médicas y elaborados por la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias nacionales al organismo registraron una caída real del 54,4% durante el primer cuatrimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior.
Ese desplome presupuestario ya tiene consecuencias visibles.
Demoras en prestaciones.
Problemas de acceso a medicamentos.
Deudas con prestadores.
Recorte de cobertura.
Y una creciente migración de jubilados y pensionados hacia hospitales públicos que deben absorber atenciones para las que muchas veces no tienen infraestructura suficiente.
El conflicto se vuelve todavía más delicado en hospitales de alta complejidad. Damián Zamorano advirtió que en centros sanitarios como el Hospital El Cruce de Florencio Varela ya empiezan a aplicarse mecanismos de productividad y presión sobre trabajadores para sostener niveles de atención cada vez más elevados con menos recursos humanos y presupuestarios.
La descripción que hacen médicos y trabajadores sanitarios empieza a mostrar una transformación profunda del sistema.
Más pacientes.
Más guardias saturadas.
Más demoras.
Más personal agotado.
Y menos capacidad de respuesta estructural.
El problema además no aparece aislado del contexto económico general. La caída del empleo formal, la precarización laboral y el deterioro salarial impactan directamente sobre el acceso a salud privada y cobertura médica. Muchas familias dejan de pagar prepagas, pierden obra social o reducen tratamientos porque ya no pueden afrontar copagos, medicamentos o estudios complementarios.
Y ese desplazamiento masivo termina descargando toda la presión sobre hospitales públicos provinciales y municipales.
Por eso el conflicto sanitario empieza a transformarse también en una pelea política entre Nación y Provincia. El gobernador Axel Kicillof convocó para esta semana a los 135 intendentes bonaerenses para analizar el impacto del ajuste nacional sobre el sistema sanitario y avanzar en un documento conjunto reclamando recursos adeudados por el Gobierno nacional.
Durante el encuentro, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, presentará informes comparativos sobre aumento de demanda hospitalaria, caída de programas nacionales y presión presupuestaria sobre municipios.
En paralelo, Fesintras impulsa para el 20 de mayo un paro nacional de salud con movilizaciones en distintos puntos del país y una marcha central hacia el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones.
La protesta busca instalar una advertencia que dentro del sistema sanitario ya repiten sin demasiadas vueltas: el ajuste dejó de ser una discusión abstracta sobre números fiscales y empezó a impactar directamente sobre la capacidad real de atender personas.
Porque cuando colapsan programas de medicamentos, se vacían obras sociales y se desploman prestaciones para jubilados, el sistema público termina funcionando como último refugio sanitario para millones de personas.
Y ese refugio hoy empieza también a mostrar señales de agotamiento.
