Melina Schweizer
La Legislatura porteña aprobó una ampliación presupuestaria que expuso el derrumbe de la pauta inflacionaria libertaria: en apenas cuatro meses, la inflación ya superó la previsión anual del presupuesto 2026. El PRO consiguió aprobar el aumento de partidas gracias a la abstención de La Libertad Avanza y los votos del larretismo. A cambio, Jorge Macri avanzó con el RIGI porteño impulsado por el karinismo y abrió una nueva discusión sobre beneficios fiscales para grandes inversiones.
La Legislatura porteña aprobó este miércoles una ampliación presupuestaria que terminó funcionando como una admisión política del fracaso económico del gobierno de Javier Milei. Apenas transcurrido el primer cuatrimestre del año, la inflación acumulada ya había pulverizado las previsiones sobre las que el PRO armó el presupuesto 2026 para la Ciudad, obligando a Jorge Macri a salir de urgencia a recalcular partidas, gastos y recursos.
Pero el dato político más fuerte no estuvo solamente en el reconocimiento implícito de ese descalabro inflacionario.
La sesión también dejó expuesta una nueva arquitectura de acuerdos entre el PRO, sectores libertarios y el larretismo, que terminó siendo decisiva para aprobar tanto la ampliación presupuestaria como el llamado “RIGI porteño”, uno de los proyectos más impulsados por el espacio que responde a Karina Milei en la Ciudad.
La votación terminó 24 a 21, gracias a una combinación delicada de apoyos y abstenciones. Mientras el peronismo y la izquierda rechazaron el proyecto, el oficialismo consiguió avanzar por la ayuda del bloque larretista, sectores radicales aliados y, sobre todo, por la abstención estratégica de La Libertad Avanza. Sin ese movimiento coordinado, la ampliación presupuestaria no salía.
El episodio volvió a mostrar algo que empieza a repetirse en la política porteña: el enfrentamiento público entre el PRO y los libertarios convive con negociaciones permanentes detrás de escena para sostener gobernabilidad, negocios e iniciativas compartidas.
Y el RIGI porteño terminó siendo parte central de ese intercambio.
La iniciativa, defendida especialmente por Pilar Ramírez, buscó replicar en la Ciudad el esquema de beneficios fiscales y promoción de inversiones impulsado por Milei a nivel nacional. Aunque Buenos Aires no tiene minería, petróleo ni grandes complejos extractivos, el oficialismo intentó adaptar el régimen a sectores vinculados a servicios, turismo, tecnología y economía urbana.
Ramírez celebró la aprobación asegurando que la Ciudad debía “potenciar talento, turismo y servicios” para atraer inversiones. Pero desde la oposición cuestionaron duramente tanto la utilidad real del régimen como el costo fiscal que podría implicar.
La legisladora peronista Claudia Neira sostuvo que el RIGI porteño “es inviable” porque Buenos Aires no posee el tipo de inversiones estratégicas contempladas originalmente en el esquema nacional. Además, advirtió que el régimen termina beneficiando a grandes actores económicos mientras deja afuera a quienes ya invirtieron previamente bajo otras condiciones tributarias.
En la misma línea, Matías Lammens fue todavía más directo: “Va a traer cero inversiones”, resumió durante el debate.
Pero detrás de la discusión técnica apareció otra cuestión mucho más profunda.
La ampliación presupuestaria dejó completamente expuesta la inviabilidad de las proyecciones económicas con las que el oficialismo nacional y distintos gobiernos aliados intentaron construir sus presupuestos para 2026. La pauta inflacionaria quedó vieja en apenas unos meses y obligó a recalcular gastos básicos de funcionamiento estatal, salarios, servicios y contratos.
Eso implica algo políticamente delicado para el mileísmo.
Porque mientras el Gobierno nacional sigue sosteniendo discursivamente la idea de estabilización y control inflacionario, los propios presupuestos públicos empiezan a revelar otra realidad: los números proyectados ya no alcanzan ni siquiera para atravesar el primer semestre.
Y la Ciudad, gobernada por uno de los principales aliados políticos del oficialismo nacional, terminó admitiéndolo de manera explícita.
El peronismo intentó aprovechar esa debilidad para presionar con otras medidas, especialmente la eliminación de Ingresos Brutos para monotributistas. Sin embargo, el PRO decidió priorizar el acuerdo político con los libertarios antes que abrir negociaciones con la oposición.
El resultado dejó una postal muy clara del nuevo mapa legislativo porteño.
Por un lado, el macrismo ya no puede gobernar solo y necesita acuerdos permanentes para sostener mayoría. Por otro, los libertarios empiezan a demostrar que su verdadero peso político no siempre aparece en votos afirmativos sino en la capacidad de habilitar o bloquear gobernabilidad mediante abstenciones estratégicas.
Y en el medio aparece el larretismo.
Los votos vinculados a Horacio Rodríguez Larreta terminaron siendo decisivos para que Jorge Macri pudiera sacar adelante tanto la ampliación presupuestaria como parte del paquete económico acordado con el oficialismo libertario.
Eso también explica por qué, pese al enfrentamiento público dentro del PRO, distintos sectores siguen funcionando parlamentariamente como un sistema de contención mutua frente a una oposición que todavía no logra articular una mayoría alternativa.
Sin embargo, el costo político empieza a crecer.
Porque mientras el oficialismo habla de inversiones, modernización y orden fiscal, la realidad económica de la Ciudad sigue atravesada por caída del consumo, deterioro salarial, aumento del costo de vida y crisis habitacional creciente.
Y en ese contexto, la aprobación de beneficios fiscales para grandes inversiones mientras se multiplican los ajustes presupuestarios empieza a alimentar una discusión incómoda: quién termina pagando realmente el costo de sostener este modelo económico.
Alejandra Egido
Rodolfo Gudino
