GONZALO SCHWEIZER
Un informe del Movimiento Nacional Campesino Indígena reveló que 7 de cada 10 hogares rurales viven bajo la línea de pobreza.
La producción agroecológica y familiar sostiene parte del abastecimiento alimentario, pero trabaja con ingresos insuficientes, precariedad estructural y jornadas extremas. La combinación entre crisis climática, concentración económica y retiro estatal profundiza el deterioro del campo más pobre. Mientras el debate económico argentino suele concentrarse en exportaciones récord, liquidación de divisas y rentabilidad del complejo agroindustrial, una parte central del mundo rural atraviesa una crisis silenciosa. El dato expone una de las mayores contradicciones del modelo económico argentino: quienes producen alimentos también son pobres.
Un informe del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra) reveló que el 66,7% de los hogares campesinos vive por debajo de la línea de pobreza, incluso cuando gran parte de esas familias participa activamente de la producción y comercialización de alimentos.
El relevamiento, realizado en territorios rurales de Misiones, Jujuy, Córdoba, Mendoza y Neuquén, muestra que el problema no es marginal ni excepcional. Más del 74% de los hogares desarrolla producción diversificada y siete de cada diez comercializa parte de lo que produce mediante ferias, redes comunitarias o venta directa. Sin embargo, el trabajo no alcanza para cubrir una canasta básica. La situación refleja el deterioro estructural de la agricultura familiar en un contexto de inflación persistente, caída del consumo y concentración creciente del negocio alimentario.
El problema económico es profundo porque afecta a uno de los sectores más frágiles de la cadena productiva. La agricultura familiar opera con escalas pequeñas, baja capacidad de inversión y enormes dificultades de acceso al crédito, infraestructura y tecnología. Según el informe, el 58% de las familias trabaja en parcelas menores a cinco hectáreas y menos de la mitad accede a propiedad individual de la tierra. Esto limita la posibilidad de invertir, mejorar productividad o absorber pérdidas frente a shocks climáticos y económicos.
A diferencia del agronegocio exportador, que concentra financiamiento, maquinaria y acceso a mercados internacionales, el pequeño productor depende principalmente del mercado interno y del consumo popular. Por eso, la caída del poder adquisitivo golpea directamente su capacidad de supervivencia. Cuando cae el consumo, también se reduce la capacidad de comercialización de productos de economías regionales, ferias y redes comunitarias.
La crisis climática profundiza todavía más ese escenario. El informe señala que casi el 79% de los hogares sufrió sequías en los últimos años y más del 60% registró pérdidas económicas severas. Sequías, incendios, granizo y olas de calor impactan especialmente sobre explotaciones pequeñas, donde no existen espaldas financieras ni cobertura suficiente para enfrentar emergencias productivas. Como resultado, muchas familias debieron modificar cultivos, cambiar sistemas de manejo o reducir producción para sostener la actividad.
La situación de las mujeres rurales aparece como uno de los aspectos más críticos del estudio. Las mujeres representan el 69% de la fuerza de trabajo relevada y sostienen jornadas activas de entre 16 y 18 horas diarias combinando tareas productivas, domésticas y de cuidado. El informe define esta situación como una “pobreza de tiempo estructural”, donde la ausencia de infraestructura y servicios públicos se compensa con más trabajo no remunerado dentro de los hogares.
En términos económicos, esto refleja cómo la crisis no se distribuye de manera homogénea. Los sectores más vulnerables absorben el deterioro mediante más horas de trabajo, informalidad y autoconsumo. De hecho, buena parte de las familias depende de producir sus propios alimentos para complementar ingresos insuficientes.
El deterioro también muestra los límites del actual modelo agroexportador. Mientras los grandes complejos vinculados a soja, minería o energía concentran incentivos fiscales, acceso al crédito y capacidad exportadora, la agricultura familiar enfrenta reducción de políticas públicas, falta de infraestructura y crecientes dificultades para sostener la producción cotidiana. El resultado es una economía rural dual: un sector altamente integrado al mercado global y otro que sobrevive en condiciones de precariedad estructural.
Otro dato relevante es la debilidad de infraestructura básica. Apenas el 28% de los hogares rurales relevados tiene acceso a internet y solo el 11,3% dispone de computadora. Muchas actividades de elaboración de alimentos se realizan en cocinas domésticas y con equipamiento limitado, lo que reduce productividad y dificulta ampliar canales de comercialización.
La pobreza rural también cuestiona uno de los principales argumentos oficiales sobre la desaceleración inflacionaria. Aunque el IPC muestra cierta moderación, el informe evidencia que una parte importante de los productores de alimentos sigue sin alcanzar ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas. Es decir, el problema ya no pasa únicamente por la velocidad de los precios, sino por el deterioro estructural de los ingresos y las condiciones de vida.
La crisis del campo pobre expone una tensión central de la economía argentina: el país puede aumentar exportaciones agroindustriales mientras amplios sectores rurales profundizan su vulnerabilidad. Y esa contradicción no es solo social. También es productiva. Porque cuando quienes producen alimentos dejan de ser económicamente viables, el problema deja de ser únicamente del campo y empieza a impactar sobre toda la estructura alimentaria y social del país.
