Melina Schweizer
Mientras las universidades nacionales denuncian una caída presupuestaria superior al 45% desde 2023 y salarios docentes pulverizados por la inflación, Javier Milei eligió exponer en la privada Universidad de San Andrés. La escena ocurrió apenas días después de la cuarta Marcha Federal Universitaria, una de las movilizaciones educativas más masivas contra su gobierno. Más que una conferencia académica, la imagen sintetizó el modelo libertario: universidades públicas ajustadas y elites educativas funcionando como vidriera del poder.
El momento político no podía ser más delicado. Las universidades nacionales venían de protagonizar una de las movilizaciones más masivas contra el gobierno de Javier Milei desde el inicio de su mandato. Rectorados, centros de estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores universitarios habían ocupado calles y plazas de todo el país reclamando la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciando una situación presupuestaria “crítica” para el funcionamiento del sistema público.
En ese contexto, Milei reapareció públicamente el 19 de mayo de 2026 dando una exposición sobre “Macroeconomía Avanzada” en la Universidad de San Andrés, acompañado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger
La elección del lugar no pasó desapercibida. San Andrés representa uno de los espacios universitarios privados más vinculados históricamente a elites empresariales, formación liberal y redes de poder económico. No fue un acto protocolar en una institución cualquiera: fue una escena cuidadosamente situada. Y precisamente por eso generó ruido político.
Una universidad pública financieramente asfixiada
El conflicto universitario argentino dejó hace tiempo de ser una discusión abstracta sobre “gasto estatal”. Los números muestran un deterioro concreto del sistema.
Según datos relevados por Chequeado, el presupuesto universitario perdió un 30,7% real respecto de 2023, mientras los salarios docentes acumulan una caída superior al 34% desde noviembre de ese año. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene incluso que las transferencias reales al sistema cayeron 45,6% desde el inicio de la gestión libertaria.
La consecuencia ya no se mide solamente en reclamos salariales. Varias universidades suspendieron obras, redujeron programas de extensión y comenzaron a advertir problemas para sostener servicios básicos. El Hospital de Clínicas de la UBA alertó sobre riesgo operativo por falta de recursos y distintas facultades denunciaron renuncias crecientes de docentes e investigadores.
Ese deterioro no afecta únicamente a estudiantes universitarios. Impacta sobre hospitales públicos, producción científica, investigación tecnológica y economías regionales vinculadas a las universidades nacionales.
La diferencia entre estudiar y poder estudiar
La discusión sobre financiamiento universitario suele simplificarse como si se tratara únicamente de mantener edificios abiertos. Pero el conflicto real es más profundo: tiene que ver con las condiciones materiales de acceso al conocimiento.
Argentina posee uno de los sistemas universitarios públicos más amplios de América Latina. Y aunque históricamente convivió con desigualdades territoriales y sociales, mantiene una característica central: la universidad pública sigue funcionando como mecanismo de movilidad social para sectores populares y clases medias bajas.
Datos citados por Chequeado muestran que entre el 48% y el 68% de quienes ingresan a universidades públicas son primera generación universitaria dentro de sus familias. Eso significa algo muy concreto: miles de estudiantes acceden por primera vez a estudios superiores gracias a un sistema estatal gratuito.
Pero gratuidad no significa igualdad automática. En provincias periféricas, muchos jóvenes siguen enfrentando costos imposibles de sostener: alquiler, transporte, materiales de estudio y alimentación. El problema no es solamente abrir universidades, sino garantizar condiciones reales de permanencia. Y justamente ahí aparece una de las tensiones más fuertes del modelo libertario: la idea de que el esfuerzo individual puede reemplazar estructuras públicas de acceso.
La disputa judicial ya llegó a la Corte
La crisis universitaria escaló incluso al plano institucional. La Ley de Financiamiento Universitario —aprobada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial— continúa parcialmente paralizada mientras la Corte Suprema analiza el conflicto entre el Ejecutivo y las universidades nacionales.
El gobierno sostiene que aplicar plenamente la ley pondría en riesgo el equilibrio fiscal. Las universidades responden que el incumplimiento compromete directamente el funcionamiento del sistema educativo y científico.
Ahí la discusión abandona definitivamente el terreno técnico. Porque el problema ya no es solamente presupuestario: es político. Se trata de decidir qué áreas del Estado se consideran prioritarias y cuáles pasan a entenderse como gasto reducible.
Mientras el oficialismo insiste en que “no hay plata”, distintos sectores académicos y opositores remarcan que simultáneamente se sostienen beneficios fiscales y reducciones impositivas para sectores de altos ingresos. La pregunta entonces deja de ser económica. Pasa a ser distributiva.
El impacto silencioso sobre la ciencia
Uno de los aspectos menos visibles del ajuste es su impacto sobre investigación y desarrollo científico. Gran parte de la estructura científica argentina depende directamente de universidades públicas y organismos asociados como CONICET.
La caída presupuestaria no solo afecta salarios actuales. También interrumpe proyectos, reduce becas, paraliza laboratorios y acelera migración de investigadores hacia el exterior o el sector privado. Ese efecto tiene consecuencias acumulativas difíciles de revertir.
La producción científica no funciona como una empresa que puede apagarse y volver a encenderse rápidamente. Requiere continuidad, equipos estables y financiamiento sostenido. Cuando esos procesos se interrumpen, el daño excede el corto plazo.
Y justamente por eso la Marcha Federal Universitaria reunió también científicos, investigadores y trabajadores de hospitales universitarios. Lo que está en juego no es solamente educación superior: también es capacidad tecnológica y autonomía científica.
San Andrés y el nuevo prestigio del poder
La elección de San Andrés como escenario presidencial revela además otra transformación más silenciosa: el corrimiento del prestigio académico hacia circuitos crecientemente vinculados al capital privado y financiero.
No se trata de demonizar universidades privadas. Argentina tiene instituciones privadas de gran nivel académico. El problema aparece cuando el Estado comienza a debilitar sistemáticamente el sistema público mientras construye legitimidad intelectual en espacios donde el acceso depende cada vez más de capacidad económica.
Ahí el riesgo no es únicamente educativo.
Es social.
Porque cuando el conocimiento se vuelve más caro, también se vuelve más excluyente.
Y eso modifica la composición futura de profesionales, investigadores, dirigentes y productores culturales del país.
La universidad pública argentina históricamente permitió algo excepcional: que sectores sin herencia económica pudieran ingresar a circuitos de formación altamente calificados. Su debilitamiento no produce solamente menos presupuesto. Produce menor circulación social.
La imagen de una fractura
Quizá por eso la escena de Milei en San Andrés tuvo tanta potencia simbólica.
Mientras las universidades nacionales marchan para sostener salarios, becas y funcionamiento básico, el Presidente aparece hablando de macroeconomía avanzada dentro de una institución privada de elite.
No es una contradicción anecdótica.
Es una imagen que expone dos modelos educativos coexistiendo dentro del mismo país.
Uno intenta sobrevivir bajo ajuste permanente.
El otro continúa funcionando relativamente protegido por capacidad de pago y redes privadas de financiamiento.
Y justamente ahí aparece la discusión más profunda que dejó la jornada.
No se trata solamente de cuánto dinero recibe la universidad pública.
Se trata de qué sectores sociales podrán acceder al conocimiento en la Argentina que empieza a reorganizarse bajo el gobierno libertario.
