Melina Orquidea
El Gobierno brasileño registró 45 episodios de violencia política, con 47 víctimas y diez asesinatos, entre ellos los de tres personas indígenas, en el contexto de la segunda vuelta presidencial. Los ministerios de Igualdad Racial, Pueblos Indígenas y Derechos Humanos conformaron una fuerza de tareas para investigar ataques contra comunidades originarias, quilombolas y practicantes de religiones afrobrasileñas. La Policía Federal interviene ante denuncias de amenazas racistas y restricciones al derecho al voto.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva el domingo 25 de octubre estuvo acompañada por una serie de ataques y amenazas que llevaron al Gobierno brasileño a desplegar una respuesta interministerial. El relevamiento oficial presentado el miércoles 28 identificó 45 episodios de violencia política, 47 víctimas y diez homicidios, tres de ellos de personas indígenas.
Los hechos registrados incluyen agresiones físicas, atropellamientos intencionales, ataques con armas de fuego, intimidaciones contra comunidades originarias y denuncias de abuso policial. Las cifras corresponden al relevamiento preliminar del Gobierno federal y reúnen diferentes modalidades de violencia vinculadas con el contexto electoral.
La gravedad de la situación motivó una actuación conjunta de los ministerios de Igualdad Racial, Pueblos Indígenas y Derechos Humanos y Ciudadanía, que anunciaron el 27 de octubre la creación de una fuerza de tareas para recibir denuncias, identificar responsables y solicitar investigaciones.
El dispositivo contempla especialmente la protección de pueblos indígenas, comunidades quilombolas —descendientes de poblaciones negras históricamente vinculadas con territorios de resistencia a la esclavitud— y comunidades de terreiro, espacios donde se practican religiones afrobrasileñas como el candomblé y la umbanda.
Amenazas de envenenamiento y ataques contra comunidades indígenas
Uno de los casos más graves se registró en Mato Grosso do Sul. Integrantes de los pueblos guaraní kaiowá y terena denunciaron amenazas después de las elecciones, mediante audios y mensajes difundidos por WhatsApp y redes sociales.
En la reserva indígena Sassoró, situada en el municipio de Tacuru, se difundieron grabaciones en las que una persona proponía introducir sustancias tóxicas en el agua destinada al consumo comunitario.
La denuncia adquiere particular gravedad porque las personas mencionadas en los audios estarían relacionadas con la prestación de servicios esenciales, como el abastecimiento de agua mediante camiones cisterna.
En la comunidad terena de Tereré también circularon mensajes que proponían cortar el suministro eléctrico y de agua, impedir el acceso de sus habitantes a la ciudad y restringir su participación electoral.
Las amenazas incluían expresiones abiertamente racistas dirigidas contra los indígenas que celebraban la victoria de Lula.
Las comunidades denunciaron estos hechos ante la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que trasladó la información a las autoridades federales.
La Policía Federal investiga y separan a funcionarios
El Ministerio de los Pueblos Indígenas, encabezado por Eloy Terena, remitió las denuncias a la Policía Federal, que inició investigaciones sobre los hechos.
El Ministerio de Justicia también autorizó la intervención de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública para apoyar a la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) en la protección de comunidades amenazadas de Mato Grosso do Sul.
En Tacuru, un funcionario municipal fue apartado de sus tareas después de la difusión de los audios. El Ministerio Público Federal exigió a las autoridades locales identificar a las personas involucradas e informar las medidas adoptadas para garantizar la seguridad y continuidad de los servicios básicos.
El ministro Eloy Terena confirmó además que la fuerza de tareas interministerial comenzó a recibir y derivar denuncias y que algunas actuaciones remitidas a la Policía Federal ya dieron lugar a investigaciones.
El Gobierno busca coordinar las investigaciones en todo el país
La respuesta federal también incluye la intervención del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República (PGR).
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, presentó las primeras cifras durante una conferencia de prensa en Brasilia y sostuvo que las diferencias electorales no pueden convertirse en justificación para agresiones y asesinatos.
El Gobierno dispuso solicitar informes a las unidades de asuntos internos de las policías estatales y del Distrito Federal, además de coordinar con los ministerios públicos locales las investigaciones que involucren agentes de seguridad.
Las autoridades identificaron denuncias de violencia política en distintos estados, entre ellos Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais y Santa Catarina.
El racismo electoral y una violencia que trasciende las urnas
La situación revela una relación preocupante entre la polarización política y la discriminación histórica contra comunidades indígenas y afrodescendientes.
En Mato Grosso do Sul, las amenazas contra pueblos originarios se producen en territorios atravesados por disputas por la tierra y conflictos prolongados con sectores vinculados a la actividad agropecuaria.
Las expresiones que proponen envenenar el agua, cortar suministros o impedir la circulación de habitantes indígenas convierten las diferencias electorales en amenazas directas contra derechos fundamentales.
El problema tampoco comenzó en octubre. Según el informe del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), Brasil registró 258 homicidios de personas indígenas durante 2025, frente a 211 en 2024, un aumento del 22%.
Las cifras reflejan una violencia estructural que las elecciones pueden intensificar, especialmente cuando se combina con conflictos territoriales, prejuicios raciales y disputas por recursos.
La articulación entre tres ministerios representa una respuesta institucional frente a las denuncias, pero su eficacia dependerá de las investigaciones, las medidas de protección y las responsabilidades que puedan establecerse.
Una elección presidencial no debería convertir a una comunidad indígena en blanco de amenazas contra su agua, su libertad de circulación o su derecho al voto.
Brasil enfrenta ahora el desafío de garantizar que la violencia política no se transforme en un mecanismo de intimidación contra quienes pertenecen a grupos históricamente discriminados.
El triunfo electoral de Lula definió quién gobernará el país durante el próximo mandato. La protección de las comunidades indígenas, quilombolas y afroreligiosas pondrá a prueba la capacidad del Estado para garantizar que esa democracia también se respete fuera de las urnas.
GONZALO SCHWEIZER
Rodolfo Gudino
