GONZALO SCHWEIZER
El bloque libertario presentó dos proyectos en la Legislatura de Buenos Aires: uno para reorganizar los registros provinciales y crear una identidad digital, y otro para derogar unas 40 leyes. De los 279 registros identificados, considera que 247 podrían centralizarse. El ahorro anunciado presenta diferencias entre los costos detallados y el cálculo final.
La Libertad Avanza (LLA) presentó el 29 de octubre de 2026, en el Anexo del Senado bonaerense, dos iniciativas destinadas a reducir trámites y modificar la organización administrativa provincial. La propuesta principal contempla reorganizar 279 registros públicos, de los cuales 247 —el 88,5%— podrían gestionarse de manera centralizada, según el relevamiento realizado por legisladores libertarios.
La denominada Ley de Desregulación Bonaerense propone incorporar herramientas informáticas para compartir información entre organismos y evitar que ciudadanos y empresas deban presentar varias veces los mismos documentos. También prevé crear la Identidad Digital Bonaerense, un sistema destinado a integrar datos actualmente dispersos en la administración provincial.
La segunda iniciativa, denominada Ley Hojarasca Bonaerense, propone derogar aproximadamente 40 leyes que sus impulsores consideran obsoletas, superpuestas o carentes de aplicación práctica. Ambas fueron elaboradas por la Mesa de Desregulación, integrada por los senadores Matías De Urraza y Diego Valenzuela y los diputados Oriana Colugnatti y Francisco Adorni.
Carlos Curestis, presidente del bloque libertario en el Senado bonaerense. Su espacio impulsa la unificación de 247 registros provinciales. Crédito fotográfico: Política del Sur.
Qué se unificaría y qué trámites seguirían vigentes
La reforma apunta a centralizar la gestión de registros creados mediante leyes, decretos, resoluciones y disposiciones provinciales.
Entre los casos señalados por los legisladores figuran los pequeños productores que deben inscribirse en distintos organismos para desarrollar actividades ganaderas, apícolas y alimentarias. También mencionan emprendimientos turísticos sujetos a registros de prestadores, comercialización de bebidas y otras habilitaciones.
Unificar registros no equivale a eliminar automáticamente los requisitos legales que regulan esas actividades. El alcance efectivo dependerá de las disposiciones que se modifiquen y de cómo se distribuyan las funciones de inscripción, autorización y fiscalización.
El relevamiento identifica 279 registros, pero la información difundida no permite establecer cuáles son los 32 que quedarían fuera de la centralización, ni qué estructuras administrativas desaparecerían efectivamente.
Cómo calcularon los $21.799 millones y dónde aparecen las diferencias
El bloque libertario difundió una estimación del costo anual de funcionamiento de un registro provincial, tomando como referencia una oficina en La Plata y una dotación administrativa mínima.
Los valores mensuales informados son:
- Alquiler de oficina de 50 m²: $900.000.
- Costo laboral de un director: $3.110.000.
- Costo laboral de dos empleados: $1.480.000 por trabajador.
La suma arroja $6.970.000 mensuales, equivalentes a $83.640.000 anuales por registro.
Sin embargo, los impulsores utilizaron un costo anual de $89.710.000 por registro. La diferencia es de $6.070.000 anuales por unidad, sin una explicación específica en el desglose difundido.
Al multiplicar esos $89.710.000 por 243 registros, se obtiene un total de $21.799,53 millones, que coincide con la cifra anunciada.
El cálculo presenta así dos cuestiones pendientes: utiliza 243 registros, aunque la propuesta contempla centralizar 247, y parte de un costo unitario superior al que resulta de sumar los gastos detallados.
Además, el gasto estimado no equivale al ahorro efectivo. La integración informática podría eliminar tareas duplicadas sin suprimir oficinas, cargos o contratos en la misma proporción. Tampoco se detallaron los costos de implementación y mantenimiento del nuevo sistema digital.
Dos proyectos presentados y un debate pendiente
El presidente del bloque libertario, Carlos Curestis, defendió la revisión de los registros y las normas provinciales por considerar que generan costos administrativos para los bonaerenses. Por su parte, De Urraza vinculó las iniciativas con el objetivo de reducir el gasto público y facilitar una eventual disminución de impuestos.
Las propuestas deberán atravesar el tratamiento legislativo correspondiente. Su implementación también exigirá determinar qué organismos conservarán las funciones de control sanitario, ambiental, comercial y productivo.
La reforma libertaria propone centralizar casi nueve de cada diez registros provinciales y derogar unas 40 leyes. Su impacto económico, sin embargo, dependerá de los costos reales que puedan eliminarse: los $21.799 millones anunciados todavía no constituyen un ahorro demostrado.
Melina Orquidea
