Melina Orquidea
El representante afrocolombiano Óscar Benavides presentó un proyecto de ley para prevenir y sancionar el perfilamiento racial en procedimientos policiales y militares. La iniciativa surge tras las muertes de Donovan Balanta, de 34 años, y Keiner Banguera, de 19, durante intervenciones de la fuerza pública. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre prácticas discriminatorias contra jóvenes negros y reclamó investigaciones que permitan establecer responsabilidades.
Colombia abrió un nuevo debate legislativo sobre el racismo institucional. El representante a la Cámara Óscar David Benavides Angulo presentó el miércoles 28 de octubre un proyecto destinado a prevenir y sancionar el perfilamiento racial durante intervenciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.
La iniciativa, acompañada por la congresista indígena Aida Quilcué, busca establecer garantías frente a requisas, detenciones y otros procedimientos basados en prejuicios sobre el color de piel, la apariencia física o la pertenencia étnica.
Durante su presentación, Benavides recordó los nombres de jóvenes afrocolombianos fallecidos en circunstancias que motivaron denuncias sobre violencia y discriminación racial. Entre ellos, Donovan Balanta y Keiner Banguera Mancilla, cuyas muertes provocaron reclamos de justicia y cuestionamientos a los procedimientos de la fuerza pública.
Donovan Balanta: siete policías apartados y una muerte bajo investigación
Donovan Balanta tenía 34 años. El 20 de septiembre murió después de ser reducido por agentes de la Policía Metropolitana de Soacha en el barrio Caracolí, ubicado en el límite entre Bogotá y el municipio de Soacha.
Fue trasladado a un centro hospitalario, al que habría llegado sin signos vitales.
El 27 de septiembre, la Defensoría del Pueblo confirmó que la Policía había separado preventivamente del servicio a siete uniformados y abierto una investigación disciplinaria. También solicitó a la Fiscalía esclarecer las circunstancias de la muerte y establecer si existieron conductas discriminatorias, incluido un posible perfilamiento racial. Defensoría
Las investigaciones penales avanzaron durante octubre. Según la información publicada por El Espectador, cuatro uniformados quedaron vinculados al proceso penal y permanecía pendiente la captura de otro policía identificado por la Fiscalía.
La causa busca determinar las responsabilidades individuales en el procedimiento y las circunstancias que llevaron a la muerte de Balanta.
Keiner Banguera: un joven defensor de derechos humanos muerto en Nariño
El segundo caso ocurrió el 2 de octubre en El Charco, departamento de Nariño, sobre la costa del Pacífico colombiano.
Keiner Banguera Mancilla, líder afrodescendiente y defensor de derechos humanos de 19 años, murió durante una operación de la Armada Nacional y el Ejército.
Las versiones sobre el procedimiento son contrapuestas. Las autoridades militares sostuvieron que sus efectivos respondieron a disparos provenientes de una embarcación y relacionaron al joven con una presunta disidencia armada. Familiares y organizaciones comunitarias rechazaron esa interpretación y afirmaron que Banguera navegaba en su propia lancha.
La Defensoría del Pueblo pidió esclarecer las circunstancias de su muerte y verificar el cumplimiento de los protocolos que regulan el uso de la fuerza.
Ambos casos llegaron al Congreso como parte de una demanda más amplia de las comunidades negras: impedir que la apariencia física o el origen étnico se conviertan en criterios de sospecha para las autoridades.
Una ley para impedir que el color de piel determine quién es sospechoso
El perfilamiento racial consiste en utilizar características como el color de piel, la ascendencia o la pertenencia étnica para seleccionar a personas que serán sometidas a controles, requisas o intervenciones de seguridad, sin una justificación objetiva vinculada con su conducta.
La propuesta presentada por Benavides pretende incorporar mecanismos de prevención, garantías y sanciones frente a estas prácticas.
Durante la presentación, el legislador cuestionó que los jóvenes afrocolombianos deban demostrar constantemente que no representan una amenaza. También reclamó que las comunidades negras sean reconocidas como sujetos de derechos, más allá de su representación cultural y deportiva.
Aida Quilcué, coautora de la iniciativa, sostuvo que las instituciones armadas deben garantizar procedimientos transparentes y un trato igualitario, sin utilizar la identidad racial como fundamento de sospecha.
El proyecto fue presentado ante el Congreso y deberá atravesar el trámite legislativo correspondiente. Su aprobación, contenido definitivo y mecanismos de aplicación todavía dependen del debate parlamentario.
La Defensoría y Naciones Unidas ya habían advertido sobre el problema
La iniciativa legislativa encuentra respaldo en advertencias institucionales anteriores.
En mayo de 2026, el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley, de Naciones Unidas, visitó Colombia para examinar denuncias relacionadas con el trato de las fuerzas de seguridad hacia personas afrodescendientes.
Según informó posteriormente la Defensoría del Pueblo, los expertos identificaron prácticas de perfilamiento racial, uso excesivo de la fuerza contra jóvenes negros y aplicación discriminatoria de comparendos y traslados.
La Defensoría reclamó incorporar una definición explícita y una prohibición del perfilamiento racial en la legislación y los protocolos policiales.
Esa recomendación permite dimensionar la importancia del nuevo proyecto. El reconocimiento formal de la discriminación debe traducirse en reglas que permitan prevenir abusos, investigar denuncias y determinar responsabilidades.
El desafío es transformar las denuncias en protección efectiva
Colombia cuenta con una población afrodescendiente históricamente afectada por desigualdades territoriales, económicas y sociales. En regiones como el Pacífico, las comunidades negras también enfrentan desplazamientos, violencia de grupos armados y dificultades para acceder a la protección estatal.
La seguridad pública constituye una obligación del Estado, pero sus procedimientos deben respetar los principios de legalidad, proporcionalidad y no discriminación.
La muerte de Donovan Balanta y la de Keiner Banguera colocaron esa responsabilidad nuevamente bajo examen. Las investigaciones deberán esclarecer los hechos y determinar si existieron responsabilidades penales, disciplinarias o prácticas discriminatorias.
El proyecto presentado por Benavides busca intervenir sobre una cuestión que trasciende ambos expedientes: las condiciones institucionales que permiten que una persona sea tratada como sospechosa debido a su identidad racial.
Las comunidades afrocolombianas reclaman algo elemental: que un joven negro pueda transitar por su barrio, trabajar o desplazarse sin que su color de piel sea interpretado como una amenaza.
La respuesta del Congreso será decisiva para establecer si esa demanda se traduce en obligaciones concretas para la fuerza pública.
Porque combatir el racismo institucional exige investigar las muertes, sancionar las conductas que correspondan y construir mecanismos capaces de prevenir nuevas vulneraciones.
Ningún ciudadano debería tener que demostrar su inocencia por ser negro. Y ninguna familia debería necesitar una muerte para que las instituciones reconozcan la gravedad del perfilamiento racial.
