Melina Orquidea
La jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong prohibió a los agentes migratorios realizar detenciones basadas en estereotipos raciales en siete condados del sur de California. Grabaciones de cámaras corporales, mensajes discriminatorios y testimonios de trabajadores fueron determinantes para la medida. El Gobierno estadounidense apeló la decisión, mientras organizaciones de derechos civiles advierten que continuarán vigilando las operaciones de inmigración.
La Justicia federal estadounidense impuso una nueva restricción a los operativos migratorios de la administración de Donald Trump. La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong dictó una medida cautelar que impide a los agentes federales detener personas únicamente por su apariencia latina, su presunta condición de trabajadores de bajos ingresos o la combinación de ambas características.
La resolución, difundida el jueves 29 de octubre, alcanza a siete condados del sur de California: Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.
El fallo fue dictado en la causa Vasquez Perdomo v. Mullin, impulsada por trabajadores y organizaciones de defensa de los derechos migratorios contra las prácticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Las pruebas: insultos racistas y detenciones sin sospechas individualizadas
La decisión se apoyó en grabaciones de cámaras corporales, comunicaciones internas entre agentes y declaraciones de personas afectadas por los operativos.
Entre las pruebas examinadas aparecen mensajes con expresiones racistas dirigidas contra personas latinoamericanas, además de registros de patrullajes en los que los agentes buscaban posibles detenidos sin contar necesariamente con información específica sobre una infracción migratoria.
La magistrada consideró que los demandantes presentaron elementos suficientemente sólidos para sostener, en esta etapa del proceso, que existía una práctica institucional de detenciones basada en estereotipos raciales.
La evidencia incluye testimonios de ciudadanos estadounidenses de origen latino que fueron interceptados por agentes migratorios. Uno de los trabajadores denunció que ni siquiera le permitieron buscar su pasaporte para demostrar su ciudadanía.
Otros relatos describen intervenciones en lavaderos de automóviles, establecimientos comerciales y espacios de contratación de trabajadores, donde las autoridades habrían seleccionado a personas latinas mientras dejaban continuar a personas blancas que se encontraban en los mismos lugares.
La Constitución también protege a los migrantes
La jueza sostuvo que los agentes deben contar con una sospecha razonable e individualizada antes de realizar una detención migratoria.
La Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense protege contra las detenciones y registros irrazonables. La Quinta Enmienda, por su parte, establece garantías de debido proceso y protección frente a actuaciones discriminatorias del Gobierno federal.
El fallo señala que la apariencia étnica y la condición socioeconómica no pueden convertirse, por sí solas, en fundamentos suficientes para detener a alguien.
La resolución contempla excepciones específicas para actuaciones realizadas en puertos de entrada, puestos de control fronterizo y otros lugares jurídicamente equivalentes a la frontera.
La medida es cautelar: establece restricciones mientras continúa el litigio y no constituye todavía una sentencia definitiva sobre la legalidad de todas las prácticas denunciadas.
La batalla judicial contra las redadas de Trump
El conflicto comenzó durante la intensificación de los operativos migratorios en Los Ángeles en 2025.
En julio de aquel año, la misma jueza había ordenado limitar determinadas detenciones basadas en raza, idioma, ocupación o ubicación. Sin embargo, la Corte Suprema suspendió posteriormente esa restricción.
Los demandantes regresaron a los tribunales con nuevas pruebas obtenidas durante el proceso judicial, incluidas comunicaciones internas y registros audiovisuales de los operativos.
Ese material permitió a la magistrada dictar una nueva medida cautelar con una fundamentación probatoria más amplia.
El Gobierno de Trump presentó una apelación ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito. El Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado anteriormente las acusaciones de perfilamiento racial y defendido la legalidad de sus operaciones migratorias.
Trabajadores latinos, los principales afectados
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Sur de California (ACLU), una de las organizaciones que participa en la demanda, celebró la resolución y anunció que supervisará su cumplimiento.
También respaldaron la decisión organizaciones de jornaleros, trabajadores agrícolas y empleados de lavaderos de automóviles.
Flor Melendrez, directora ejecutiva de CLEAN Carwash Worker Center, destacó que sus comunidades llevan más de un año denunciando intervenciones en lugares de trabajo donde agentes federales detienen personas sin órdenes judiciales y sin comprobar previamente su situación migratoria.
Por su parte, la presidenta de United Farm Workers, Teresa Romero, señaló que la medida resulta especialmente importante para los trabajadores agrícolas, incluidos quienes desarrollan sus tareas en los campos de Ventura y el valle de Coachella.
Estas organizaciones sostienen que las redadas han afectado las condiciones laborales y la seguridad cotidiana de familias enteras, independientemente de su situación migratoria.
El racismo institucional bajo control judicial
La resolución reabre una discusión fundamental en Estados Unidos: hasta dónde pueden llegar las políticas de control migratorio sin vulnerar los derechos constitucionales de las personas.
La aplicación de las leyes de inmigración corresponde a las autoridades federales, pero esa facultad no elimina la obligación de justificar legalmente las detenciones ni autoriza a utilizar características raciales como sustituto de pruebas.
El perfilamiento racial afecta especialmente a las comunidades latinoamericanas porque transforma el idioma, la apariencia física o el tipo de empleo en motivos de sospecha.
También puede alcanzar a ciudadanos estadounidenses, como muestran los testimonios presentados ante el tribunal.
El pronunciamiento judicial representa un avance para los demandantes y sus organizaciones, aunque su eficacia dependerá del cumplimiento por parte de los agentes y de las decisiones que adopten los tribunales superiores.
La Justicia estadounidense ha establecido un límite concreto: trabajar en el campo, limpiar automóviles, hablar español o tener apariencia latina no constituye, por sí mismo, una razón legal para detener a una persona.
La administración Trump podrá continuar aplicando la legislación migratoria dentro de sus competencias, pero la orden judicial exige que los agentes fundamenten sus intervenciones en circunstancias individualizadas y no exclusivamente en estereotipos.
La resolución también plantea una cuestión que trasciende California: cuando el color de piel o la condición social se convierten en criterios de sospecha, el control migratorio deja de dirigirse únicamente a situaciones jurídicas y comienza a afectar los derechos de comunidades enteras.
El desarrollo de la apelación determinará el futuro de la medida. Mientras tanto, las organizaciones demandantes anunciaron que continuarán documentando los operativos para exigir que las garantías establecidas por la Justicia se cumplan.
