Melina Orquidea
El proyecto del gobernador Maximiliano Pullaro para crear un parque provincial en el norte santafesino contempla retirar 19 partidas inmobiliarias de una ley destinada a restituir tierras a pueblos originarios. La organización Fuerza Ancestral Indígena exige la suspensión de esa modificación, acceso a los informes oficiales y consulta previa a las comunidades qom y moqoit. La controversia enfrenta dos obligaciones del Estado: conservar uno de los humedales más importantes del país y respetar los derechos territoriales indígenas.
El gobierno de Maximiliano Pullaro enfrenta un cuestionamiento de organizaciones indígenas por el proyecto de creación del Parque Provincial Jaaukanigás, presentado el miércoles 28 de octubre ante el Senado de Santa Fe. La iniciativa contempla desafectar 19 partidas inmobiliarias de la Ley Provincial 12.086, sancionada en 2002 para facilitar la restitución de tierras fiscales a comunidades originarias.
La organización Fuerza Ancestral Indígena de Santa Fe advirtió que esa modificación podría comprometer derechos territoriales históricos y reclamó que el tratamiento legislativo se suspenda hasta que se esclarezca la situación de los inmuebles involucrados.
El dirigente qom Daniel Naporichi cuestionó la iniciativa y sostuvo que la protección ambiental no puede realizarse mediante decisiones que debiliten los derechos de los pueblos originarios.
Diecinueve partidas bajo disputa
El proyecto oficial consta de nueve artículos y propone establecer un parque provincial de 7.767,8 hectáreas de islas fiscales, junto con una Reserva Hídrica Natural Provincial de aproximadamente 120.000 hectáreas.
Ambas figuras se incorporarían al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, regulado por la Ley 12.175. La iniciativa busca conservar ecosistemas del Paraná, restringir actividades como la minería y la pesca industrial y promover la investigación científica y el turismo de naturaleza.
Sin embargo, para incorporar determinados inmuebles al nuevo régimen, el Ejecutivo propone retirarlos de los anexos de la Ley 12.086, una norma de reparación histórica que autoriza la adjudicación gratuita de tierras fiscales a comunidades indígenas.
Los fundamentos oficiales sostienen que los relevamientos realizados por dependencias provinciales no registraron permisos de uso vigentes ni solicitudes de restitución sobre las parcelas alcanzadas. El Gobierno considera que esa situación permite incorporarlas al régimen ambiental.
Fuerza Ancestral Indígena cuestiona precisamente esa conclusión. La organización advierte que la ausencia de un trámite administrativo no determina por sí misma la inexistencia de vínculos históricos, culturales o territoriales de las comunidades con esas tierras.
La organización reclama conocer los relevamientos utilizados, identificar qué comunidades fueron consultadas y establecer qué intervención tuvo el Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (IPAS).
La consulta previa, en el centro del conflicto
El artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, así como sus derechos sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.
Además, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Argentina mediante la Ley 24.071, establece el deber de consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
El proyecto de Jaaukanigás contempla la participación de comunidades qom y moqoit en la elaboración de un futuro Plan de Manejo, que deberá desarrollarse dentro de los diez meses posteriores a la creación del área protegida.
Para la organización denunciante, esa participación posterior resulta insuficiente si antes se modifican las garantías legales vinculadas con la restitución territorial.
La diferencia es sustancial: intervenir en la administración ambiental de un parque no equivale a participar en la decisión legislativa que modifica el régimen jurídico de tierras potencialmente reclamables por comunidades indígenas.
La Provincia afirma, además, que excluyó del proyecto sectores con ocupación y reclamos territoriales identificados, entre ellos las islas Ñatiu y La Final. Esa decisión muestra que el Ejecutivo reconoce la existencia de derechos territoriales que deben contemplarse, aunque persisten diferencias sobre la evaluación de las otras 19 partidas.
Conservar la naturaleza también exige reconocer a sus pueblos
Jaaukanigás fue incorporado en 2001 a la lista de humedales de importancia internacional de la Convención Ramsar. El sitio comprende aproximadamente 492.000 hectáreas y alberga una extraordinaria diversidad de ambientes acuáticos, bosques ribereños y especies animales.
Su valor ambiental está ampliamente documentado. Allí conviven especies amenazadas, corredores migratorios de aves y recursos naturales que sostienen actividades económicas y formas de vida locales. Argentina
La conservación de ese patrimonio constituye una responsabilidad estatal. Pero el derecho ambiental y los derechos indígenas forman parte del mismo marco constitucional y deben ser considerados conjuntamente.
Los pueblos originarios mantienen relaciones históricas con numerosos territorios que hoy se encuentran sometidos a distintos regímenes de protección. Sus prácticas culturales, conocimientos ecológicos y formas de organización pueden contribuir al manejo sostenible de esos espacios.
En el caso de Jaaukanigás, la discusión permite examinar si el diseño institucional del parque garantizará esa participación desde el comienzo o si las comunidades serán convocadas únicamente cuando las decisiones territoriales fundamentales ya estén tomadas.
La Legislatura deberá resolver una controversia de fondo
El proyecto ingresó al Senado y fue girado a comisiones. Todavía no se convirtió en ley ni produjo por sí mismo la desafectación definitiva de las parcelas cuestionadas.
Esa instancia legislativa permite revisar los informes técnicos, escuchar a las organizaciones indígenas y determinar si existen derechos o reclamos territoriales que no hayan sido contemplados adecuadamente.
También corresponde esclarecer la diferencia entre la superficie anunciada en los fundamentos generales —9.807 hectáreas de islas fiscales— y las 7.767,8 hectáreas asignadas específicamente al parque en el artículo primero. La delimitación precisa de las parcelas es indispensable para comprender el alcance de la modificación propuesta.
La organización Fuerza Ancestral Indígena reclamó suspender el avance de la desafectación hasta acceder a la documentación y garantizar la consulta previa. Su posición no rechaza la protección del humedal: exige que esa protección se desarrolle respetando las garantías territoriales reconocidas a los pueblos originarios.
El conflicto de Jaaukanigás plantea una pregunta que Santa Fe debe responder antes de aprobar la nueva ley: cómo garantizar la conservación de un ecosistema sin debilitar los mecanismos de reparación histórica establecidos para sus comunidades indígenas.
El Estado provincial dispone de instrumentos legales para proteger la biodiversidad y reconocer derechos territoriales. La discusión legislativa deberá demostrar que ambos objetivos pueden cumplirse mediante procedimientos transparentes, participación efectiva y decisiones fundadas.
La creación del parque representa una oportunidad ambiental importante. También puede convertirse en una oportunidad para fortalecer el reconocimiento de las comunidades qom y moqoit como protagonistas de la gestión territorial.
La protección de Jaaukanigás será más sólida si conserva el humedal y respeta a los pueblos originarios vinculados con su historia. Ninguna de esas responsabilidades debería cumplirse a expensas de la otra.
GONZALO SCHWEIZER
