Melina Orquidea
El excandidato presidencial brasileño llegó a Miami tras salir de Argentina en un jet privado de Baires Fly. La compañía aparece en la investigación por presunto lavado de dinero procedente de contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Un empresario vinculado a sus operaciones, Sergio Mastropietro, fue procesado por la Justicia argentina. El vuelo conecta dos escándalos políticos y abre interrogantes sobre quién contrató y financió el traslado.
La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil después de su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva sumó una conexión inesperada con una investigación de corrupción argentina. El senador brasileño, que desobedeció una orden del Supremo Tribunal Federal (STF) de entregar sus pasaportes y permanecer en su país, utilizó un avión de Baires Fly, una empresa mencionada en la causa que investiga contrataciones irregulares y presunto lavado de activos en la Agencia Nacional de Discapacidad.
La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron a Argentina el martes 27 de octubre, a las 22:50, por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones. Cuarenta minutos después abordaron un vuelo privado operado por Baires Fly con destino declarado a Guayaquil, Ecuador.
El avión, un Gulfstream G400 matrícula LV-JQW, partió de Puerto Iguazú durante la madrugada del miércoles 28, realizó una escala técnica en Ecuador y aterrizó en Miami. La ruta evitó el espacio aéreo brasileño.
El nexo con ANDIS: más de mil millones en facturación investigada
La empresa que trasladó a Bolsonaro está vinculada con otra investigación de fuerte repercusión política: las presuntas maniobras de corrupción durante la gestión de Diego Spagnuolo al frente de ANDIS.
Según documentación judicial citada por el periodista Franco Mizrahi, de El Destape, Baires Fly emitió facturas por al menos $1.002.188.516 a sociedades proveedoras de medicamentos e insumos investigadas en ese expediente.
Las operaciones se habrían presentado como compras de kilómetros para utilizar en aeronaves. Los investigadores sospechan que parte de esa facturación permitió canalizar dinero procedente de contrataciones irregulares y darle apariencia de legalidad.
La conexión fue examinada en una resolución del juez federal Ariel Lijo del 16 de octubre, que dispuso el procesamiento sin prisión preventiva del empresario aeronáutico Sergio Mastropietro por su presunta participación en una asociación ilícita y en operaciones de lavado de activos.
El embargo dispuesto sobre sus bienes alcanzó los $4.010 millones, según la reconstrucción periodística del expediente.
La Nación también informó que Baires Fly aparece en las actuaciones judiciales por la utilización de facturas emitidas a su nombre en operaciones bajo investigación.
Mastropietro, las facturas y los contactos que investiga la Justicia
La investigación reconstruyó una serie de comunicaciones entre Mastropietro y Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los presuntos organizadores de las maniobras investigadas en ANDIS.
Entre las pruebas mencionadas figuran transferencias bancarias, comprobantes de facturación y conversaciones sobre la disposición posterior de fondos.
Según la resolución judicial reproducida por El Destape, el 10 de septiembre de 2025 se registraron transferencias de empresas proveedoras hacia Baires Fly por $95.060.000. Los mensajes incorporados al expediente también incluyen conversaciones sobre emisión de facturas y movimientos de dinero.
Mastropietro negó haber participado en maniobras ilegales. En su descargo sostuvo que no era accionista, directivo ni empleado de Baires Fly, aunque reconoció haber prestado servicios de asesoramiento a la empresa.
La imputación se concentra en su presunta intervención personal en determinadas operaciones financieras, independientemente de que figurara o no como integrante formal de la sociedad.
El procesamiento representa una decisión judicial fundada en elementos reunidos durante la investigación, no una condena definitiva.
De Fred Machado a José Luis Espert: otra conexión bajo la lupa
La trayectoria de Mastropietro también incluye vínculos empresariales con Federico «Fred» Machado, el financista relacionado con la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019.
Un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), citado por El Destape, identificó una sociedad compartida por Mastropietro y Machado en 2010, denominada SO VAIN S.A.
Machado fue declarado culpable en Estados Unidos de delitos de conspiración para el lavado de dinero y fraude electrónico. Su relación financiera con Espert, por su parte, originó actuaciones judiciales en Argentina.
El antecedente amplía el mapa de vínculos comerciales y personales investigados, aunque cada expediente comprende hechos y responsabilidades diferentes.
Otra situación que permanece bajo investigación ocurrió en noviembre de 2025, cuando Mastropietro ingresó a Argentina y no se logró secuestrar su teléfono celular pese a una orden judicial. El entonces juez interviniente, Sebastián Casanello, promovió una denuncia para esclarecer la actuación del personal encargado del procedimiento.
El Gobierno argentino y las preguntas por el vuelo
La escala en Puerto Iguazú también abrió un frente político para Javier Milei.
El diputado nacional Esteban Paulón presentó una denuncia penal para investigar si funcionarios argentinos incurrieron en algún delito al facilitar o permitir la salida de Bolsonaro. La presentación reclama información sobre los controles migratorios, las autorizaciones aeronáuticas y la intervención de organismos estatales.
Las autoridades migratorias argentinas sostuvieron que Bolsonaro ingresó al país con documentación válida y sin impedimentos registrados en sus sistemas.
La cuestión es determinar qué información oficial estaba disponible respecto de las restricciones impuestas por la Justicia brasileña y cuáles eran las obligaciones concretas de las autoridades argentinas.
También deberá esclarecerse quién contrató el avión, quién pagó el servicio y qué participación tuvieron las personas que organizaron el traslado.
Por ahora, las pruebas conocidas acreditan que Bolsonaro utilizó una aeronave operada por Baires Fly y que la empresa aparece en una investigación de presunto lavado de activos. No acreditan que el vuelo haya sido financiado con fondos provenientes de ANDIS ni que Bolsonaro haya participado en esas operaciones.
El Gobierno estadounidense, por su parte, anunció que facilitaría visados para el senador brasileño y su familia. La emisión de visados y una eventual solicitud de asilo son procedimientos diferentes.
Discapacidad, dinero y poder político
La coincidencia de ambos episodios adquiere especial gravedad por el origen de los fondos cuya circulación investiga la Justicia argentina.
ANDIS fue creada para desarrollar políticas públicas destinadas a personas con discapacidad. Las maniobras investigadas incluyen presuntos sobreprecios y direccionamiento de compras de medicamentos e insumos médicos.
Mientras la Justicia examina esas contrataciones, instituciones asistenciales continúan reclamando recursos para sostener tratamientos indispensables.
El martes 27 de octubre, por ejemplo, el juez federal Juan Pablo Auge ordenó embargar más de $828 millones de las cuentas del Ministerio de Salud para atender un reclamo del Cottolengo Don Orione de Claypole, vinculado con medicamentos e insumos cuya provisión estaba pendiente. Se trata de un expediente diferente, pero expone la importancia sanitaria de los recursos comprometidos.
La investigación sobre Baires Fly agrega una nueva dimensión a ese escenario: empresas proveedoras de medicamentos investigadas por presuntas irregularidades habrían transferido sumas millonarias mediante operaciones aeronáuticas cuya legitimidad está siendo examinada judicialmente.
El viaje de Bolsonaro coloca nuevamente a esa compañía bajo atención pública.
Tres preguntas que todavía requieren respuestas
La reconstrucción del episodio deja abiertas tres cuestiones centrales: quién financió el traslado del excandidato presidencial brasileño, qué conocimiento tuvieron las autoridades argentinas de las restricciones judiciales que pesaban sobre él y cuál fue el alcance real de las operaciones de Baires Fly investigadas en el expediente ANDIS.
Responderlas exige documentos, registros bancarios, contratos y actuaciones judiciales, además de declaraciones políticas.
El avión que llevó a Flávio Bolsonaro a Miami no es, por sí mismo, una prueba de corrupción vinculada con ese viaje. Pero sí pertenece a una empresa cuyas operaciones aparecen en una causa donde se investiga el destino de más de mil millones de pesos relacionados con proveedores de la Agencia Nacional de Discapacidad.
La conexión merece investigación porque involucra recursos públicos destinados a una población que depende de prestaciones esenciales, una compañía de vuelos privados y la salida internacional de un dirigente brasileño que había desobedecido una orden judicial.
La pregunta decisiva ya no es solamente cómo llegó Bolsonaro a Miami. Es quién pagó ese vuelo y qué pueden revelar sus registros sobre una trama financiera que la Justicia argentina todavía intenta reconstruir.
GONZALO SCHWEIZER
