El Instituto del Negro de Alagoas presentó ante la Justicia Electoral una denuncia por una representación considerada racista durante una manifestación de apoyo al bolsonarismo en Boca da Mata. Medios locales identificaron entre los denunciados al alcalde Bruno Feijó y a su vice, Sérgio Salvador. La presentación también incluye presuntas represalias laborales contra tres trabajadores por sus preferencias políticas.
La segunda vuelta presidencial brasileña terminó el 25 de octubre con la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, pero sus consecuencias continúan revelando episodios de discriminación durante la campaña. En Boca da Mata, municipio del estado de Alagoas, una manifestación política quedó bajo investigación después de que participantes se pintaran el rostro de negro y protagonizaran una representación denunciada como racista.
El Instituto del Negro de Alagoas (INEG-AL) formalizó el jueves 29 de octubre una denuncia ante el Comité de Promoción de la Equidad Racial del Tribunal Regional Electoral de Alagoas (TRE-AL), acompañada de videos, capturas de pantalla y un escrito en el que solicita investigar lo ocurrido.
La información fue confirmada por el propio tribunal mediante un comunicado oficial publicado ese mismo día. Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Un alcalde, su vice y una representación denunciada como racista
Según los medios regionales Folha de Alagoas y Aqui Agora Alagoas, la denuncia señala al alcalde de Boca da Mata, Bruno Feijó, y al vicealcalde Sérgio Salvador como participantes de una puesta en escena durante una movilización favorable a la familia Bolsonaro.
Las publicaciones atribuyen a ambos funcionarios la práctica de blackface: pintarse el rostro de negro para representar caricaturescamente a personas afrodescendientes. La escenificación habría incluido burlas dirigidas a quienes apoyaban electoralmente a Lula.
El comunicado del TRE-AL confirma la recepción del material y la descripción de las conductas denunciadas, aunque no identifica individualmente a sus presuntos responsables.
El instituto también denunció una escena en la que un hombre negro habría sido conducido por hombres blancos que llevaban pasto, una representación interpretada por la organización como una forma de deshumanización de la población negra.
La combinación de ambas imágenes remite a una historia de degradación racial que permanece profundamente arraigada en Brasil, país donde la esclavitud fue abolida recién en 1888.
El blackface tiene antecedentes en espectáculos donde personas blancas se pintaban de negro para representar estereotipos ofensivos sobre la población afrodescendiente. Su utilización en una campaña electoral adquiere particular gravedad cuando reproduce prejuicios históricos para ridiculizar a quienes sostienen determinadas preferencias políticas.
La denuncia también incluye posibles represalias contra trabajadores
El caso incorpora otro elemento relevante. El INEG-AL denunció que tres trabajadores del municipio habrían sido despedidos después de manifestar públicamente su apoyo a una candidatura presidencial.
La organización solicitó investigar si existió una relación entre esas desvinculaciones y las preferencias políticas de los empleados, así como la posible comisión de actos de acoso o coacción electoral.
Este aspecto amplía la investigación más allá de las expresiones racistas. Si se comprobara que trabajadores fueron sancionados por sus posiciones políticas, estarían comprometidos derechos laborales y garantías vinculadas con la libertad electoral.
La denuncia fue recibida por el magistrado electoral Antônio José de Carvalho Araújo, presidente del Comité de Promoción de la Equidad Racial, y por Flávia Gomes de Barros, responsable del Pacto del Poder Judicial por la Equidad Racial en el tribunal.
El TRE-AL informó que analizará los elementos presentados y realizará las derivaciones correspondientes a los organismos competentes. La presentación quedó registrada también en la Defensoría de Igualdad Racial del tribunal.
El racismo como herramienta de humillación política
La denuncia de Boca da Mata expone una dimensión especialmente preocupante de la polarización brasileña: la utilización de representaciones raciales degradantes para desacreditar adversarios electorales.
Brasil posee una de las mayores poblaciones afrodescendientes del mundo y una historia marcada por más de tres siglos de esclavitud. Las desigualdades raciales continúan presentes en el acceso a ingresos, educación, oportunidades laborales y representación política.
En ese contexto, las organizaciones afrobrasileñas han reclamado reiteradamente que los símbolos vinculados con la esclavitud y la inferiorización racial sean reconocidos como expresiones de discriminación, incluso cuando sus protagonistas intentan presentarlos como bromas o sátiras.
La Ley brasileña 7.716 de 1989 establece sanciones para conductas de discriminación o prejuicio por motivos raciales, étnicos, religiosos o de procedencia nacional. Corresponderá a las autoridades determinar si las actuaciones denunciadas configuran infracciones a esa legislación o a las normas electorales.
La investigación adquiere una dimensión institucional adicional por la presunta participación de autoridades municipales. Quienes ejercen cargos públicos tienen responsabilidades específicas respecto del trato igualitario y la protección de los derechos de la ciudadanía.
La denuncia también subraya la importancia de las organizaciones afrodescendientes en el control democrático. Fue el Instituto del Negro de Alagoas el que reunió los registros, presentó el reclamo y solicitó la intervención de la Justicia Electoral.
Las elecciones se ganan o se pierden en las urnas. El color de piel de los ciudadanos no puede convertirse en un instrumento de humillación política.
El Tribunal Electoral deberá establecer las circunstancias de la manifestación, identificar las responsabilidades individuales y examinar las denuncias de posibles represalias laborales.
Mientras tanto, el caso de Boca da Mata vuelve a poner sobre la mesa una exigencia fundamental para la democracia brasileña: la libertad de expresión política debe convivir con el respeto a la dignidad racial y con la protección de quienes ejercen libremente sus derechos electorales.


























