Representantes de comunidades de Colombia, Ecuador y Perú presentaron ante instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que advierte sobre el riesgo de desaparición física y cultural de pueblos originarios transfronterizos. La investigación documenta amenazas, desplazamientos, contaminación y avance de proyectos extractivos sobre territorios ancestrales. Una nueva revisión de las fuentes revela datos especialmente graves: casi la mitad de la superficie analizada se superpone con bloques petroleros.
La Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú enfrenta una crisis que amenaza la continuidad de comunidades indígenas cuya existencia es anterior a las fronteras nacionales. Representantes de ocho pueblos originarios denunciaron en Ciudad de Panamá que la expansión petrolera y minera, el crimen organizado, la militarización y la falta de protección estatal están poniendo en peligro sus territorios, sus formas de gobierno y su supervivencia cultural.
La denuncia fue presentada el miércoles 28 de octubre, durante el 197.º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de una investigación colectiva realizada entre 2021 y 2026 y compilada por la organización Amazon Frontlines.
El documento reúne testimonios de los pueblos Awá, A’i Cofán/Kofán, Andwa, Siona/ZioBain, Siekopai/Secoya, Achuar, Shuar y Wampis. Sus territorios históricos abarcan regiones que actualmente pertenecen a tres países, cuyas fronteras han fragmentado comunidades, relaciones familiares y prácticas culturales.
El informe revela la magnitud de la amenaza territorial
La actualización más importante surge del documento original divulgado por Amazon Frontlines, que aporta cifras sobre las presiones extractivas y la extensión de los territorios afectados.
Territorios estudiados
6,2 millones
de hectáreas, aproximadamente Superposición petrolera
48,75%
de la superficie cartografiada Vegetación natural
96,26%
de la superficie analizada Pueblos transfronterizos
18
identificados en la región
Datos del informe de Amazon Frontlines presentado el 28 de octubre de 2026. La superposición de bloques petroleros no implica que toda esa superficie esté siendo explotada actualmente. Amazon Frontlines
La investigación identifica 3.046.228 hectáreas de territorios indígenas superpuestas con bloques petroleros. En las áreas Achuar y Andwa incluidas en el estudio, esa superposición alcanza el 100%.
Las organizaciones advierten que las concesiones y proyectos extractivos pueden afectar fuentes de agua, alimentación, salud, actividades tradicionales y espacios de importancia espiritual. También denuncian daños derivados de la minería ilegal, especialmente por contaminación con mercurio.
A estas presiones se suman amenazas, desplazamientos, confinamientos y ataques contra defensores indígenas, en territorios donde operan grupos armados y redes criminales transnacionales. Amazon Frontlines
Los testimonios: pueblos divididos por fronteras que no eligieron
El dirigente Justino Piaguaje, de la nación Siekopai, denunció que una sentencia judicial obtenida en Ecuador en 2023 para recuperar territorio ancestral continúa sin ejecutarse. Según explicó, las familias llevan más de cincuenta años esperando regresar a espacios esenciales para transmitir sus conocimientos y prácticas culturales.
Fredy Piaguaje, representante del pueblo Siona, informó que su nación reúne aproximadamente 1.800 personas distribuidas entre trece comunidades en Colombia y ocho en Ecuador. Recordó que la Corte Constitucional colombiana ya había identificado el riesgo de desaparición física y cultural de distintos pueblos indígenas mediante el Auto 004 de 2009.
Por su parte, Shapion Noningo, dirigente de la nación Wampis, explicó que las fronteras y los conflictos históricos entre Perú y Ecuador interrumpieron durante décadas las relaciones familiares y comunitarias entre pueblos emparentados.
Los testimonios coinciden en una preocupación: los Estados comparten fronteras, pero las amenazas contra las comunidades atraviesan esas divisiones administrativas.
Qué exigieron a Colombia, Ecuador y Perú
Las organizaciones presentaron demandas concretas: reconocer jurídicamente la continuidad territorial de los pueblos transfronterizos, garantizar la libre movilidad ancestral, suspender concesiones extractivas otorgadas sin el consentimiento exigible y establecer mecanismos coordinados de protección frente a grupos armados.
También solicitaron a la CIDH fortalecer el seguimiento en las zonas fronterizas y promover una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las obligaciones de los Estados hacia pueblos cuyos territorios se extienden por más de un país.
María Espinosa, abogada y defensora de derechos humanos de Amazon Frontlines, advirtió que los gobiernos deben responder tanto por sus omisiones como por las decisiones administrativas que facilitan intervenciones territoriales sin protección suficiente.
La organización también alertó sobre posibles represalias contra los representantes indígenas cuando regresen a sus comunidades después de denunciar públicamente las violaciones de derechos.
La desaparición de un pueblo también significa perder su memoria
El riesgo denunciado no se reduce a la pérdida de tierras. Para las comunidades afectadas, el territorio sostiene vínculos familiares, idiomas, formas de conocimiento, sistemas de alimentación, prácticas espirituales y autoridades propias.
La expulsión de una comunidad de sus tierras puede provocar la interrupción de tradiciones transmitidas durante generaciones. Cuando una población es pequeña y enfrenta simultáneamente desplazamiento, violencia y contaminación, sus posibilidades de recuperación se reducen considerablemente.
La Amazonía continúa siendo fundamental para el equilibrio climático y la biodiversidad de Sudamérica. Pero su conservación también está vinculada con los derechos de quienes la habitan y protegen históricamente.
Las denuncias presentadas en Panamá colocan a Colombia, Ecuador y Perú ante responsabilidades compartidas que requieren coordinación, medidas de protección y respuestas verificables.
La advertencia de exterminio formulada por las comunidades indígenas exige atención porque compromete mucho más que la integridad de un territorio. Está en juego la continuidad de pueblos, lenguas, memorias y formas de vida que existían mucho antes de que sus tierras fueran divididas por fronteras nacionales.
La pregunta que queda abierta es qué harán los tres Estados para garantizar que esos pueblos puedan seguir existiendo y gobernando sus territorios.


























