REDACCIÓN
El Gobierno eliminó por decreto mecanismos de control ciudadano en la designación de jueces de la Corte Suprema. La medida, impulsada por Juan Bautista Mahiques, llega después de una reunión reservada entre Milei y Ricardo Lorenzetti y en medio del peor momento político del caso Adorni.
Los gobiernos suelen elegir cuidadosamente cuándo anunciar determinadas reformas. Algunos esperan momentos de estabilidad. Otros buscan consenso. Y después existe una escuela política mucho más creativa: aprovechar el ruido de un escándalo para mover muebles institucionales sin que demasiada gente mire.
En ese contexto aparece la decisión de Javier Milei de modificar por decreto el sistema de designación de jueces de la Corte Suprema y barrer buena parte de los mecanismos de control ciudadano que existían hasta ahora. Una casualidad extraordinaria. Justo cuando la Casa Rosada intenta sobrevivir al terremoto político provocado por el caso Adorni, el Gobierno decidió que era un momento ideal para reducir la cantidad de ojos observando cómo se eligen los futuros integrantes del máximo tribunal del país.
La explicación oficial habla de simplificación administrativa. En Argentina, cada vez que un funcionario pronuncia la palabra «simplificar», conviene revisar dónde desaparecieron los controles.
Porque lo que se elimina no son trámites irrelevantes ni formularios inútiles. Lo que desaparece es parte de la arquitectura construida para que universidades, organizaciones civiles, colegios profesionales, especialistas y medios puedan observar, cuestionar y discutir los antecedentes de quienes aspiran a ocupar uno de los cargos más poderosos de la República.
La lógica es fascinante.
Cuando un ciudadano quiere abrir una cuenta bancaria debe entregar documentación, justificar ingresos, acreditar identidad y atravesar múltiples verificaciones.
Cuando se trata de nombrar jueces de la Corte Suprema, aparentemente el problema pasa a ser el exceso de controles.
La escena adquiere un valor especial porque ocurre pocos días después de la reunión reservada entre Milei y Ricardo Lorenzetti. Una reunión que alimentó todas las especulaciones posibles alrededor de la futura integración de la Corte. El dato político no es menor. Porque mientras el Gobierno recorta instancias de escrutinio público, simultáneamente acelera conversaciones para ocupar las vacantes más importantes del Poder Judicial.
Y ahí aparece la pregunta inevitable.
Si los candidatos son tan sólidos, tan prestigiosos y tan indiscutibles, ¿por qué existe tanta urgencia por reducir las instancias donde podrían ser discutidos?
La respuesta oficial seguramente hablará de eficiencia.
La respuesta política parece bastante más sencilla.
Menos controles producen menos problemas.
Menos preguntas generan menos titulares.
Menos observadores reducen los costos.
Y menos transparencia suele otorgar más margen de maniobra.
La ironía es que Javier Milei llegó al poder denunciando una supuesta casta que tomaba decisiones entre pocos, lejos del control ciudadano y protegida por mecanismos opacos. Dos años después, la solución encontrada consiste en concentrar más poder en el Ejecutivo y disminuir las instancias donde la sociedad puede intervenir.
Una evolución ideológica sorprendente.
O quizás una tradición argentina bastante conocida.
Mientras tanto, Juan Bautista Mahiques aparece como el arquitecto jurídico de una operación que fortalece al Presidente y, de manera indirecta, también favorece a quienes ya juegan dentro del tablero judicial. Entre ellos Ricardo Lorenzetti, que vuelve a demostrar una habilidad notable para sobrevivir a gobiernos, crisis económicas, reformas institucionales y cambios de época sin abandonar jamás el centro de la escena.
Al final, la discusión trasciende los nombres.
Hoy puede llamarse Borinsky.
Mañana puede llamarse Perilli.
Pasado mañana puede llamarse cualquier otro.
Lo verdaderamente importante es el método.
Porque las democracias no se deterioran únicamente cuando se nombran jueces cuestionables.
También se deterioran cuando desaparecen los mecanismos destinados a detectar si son cuestionables.
Y resulta difícil ignorar el momento elegido para hacerlo.
Mientras medio país discute bitcoins, declaraciones juradas y patrimonios imposibles de explicar, la Casa Rosada decidió avanzar sobre los controles de la Corte.
Una coincidencia notable.
O una de esas sincronizaciones políticas que suelen entenderse perfectamente varios años después.
