Rodolfo Gudino
El Fondo Monetario Internacional soltó la mano y le pegó al gobierno de Javier Milei donde más le duele: en la corrupción, la falta de transparencia y la independencia judicial. El organismo aprobó un desembolso de 1.050 millones de dólares, pero no pudo disimular su preocupación. Dijo que los marcos anticorrupción son un desastre, que las declaraciones juradas se caracterizan por «verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual». Dijo que las normas sobre conflictos de intereses son «porosas» y que la independencia judicial está en duda.
El Fondo no usa esos términos con cualquiera. Los usa con países que no cumplen. Argentina, según Transparencia Internacional, sacó 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025. Es una pésima nota. Es como sacar un 2 en el colegio. Y el FMI lo anotó en el boletín.
El organismo recordó que en 2022, con el gobierno de Alberto Fernández, destacó los «fuertes esfuerzos» del país para mejorar la gobernanza y los marcos de transparencia. Ahora, con Milei, dice que «es necesario fortalecerlos». La diferencia entre un informe y otro es la distancia que hay entre una gestión que al menos intentaba disimular la corrupción y otra que directamente la naturalizó.
El plazo para presentar las declaraciones juradas vencía el 30 de mayo. El gobierno lo prorrogó hasta el 31 de julio. Dos meses más. La excusa es la complejidad del formulario. La realidad es que Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, todavía no presentó la suya. El mismo Adorni que prometió una declaración «actualizada y completa». El mismo Adorni que omitió declarar la casa del country Indio Cuá, que figura a nombre de su esposa, hasta que la Justicia le pidió el expediente. El mismo Adorni que pagó 245.000 dólares en efectivo a un contratista por reformas en esa casa, sin factura, sin respaldo bancario.
El FMI no es boludo. Sabe que la casa del country no apareció en la declaración jurada de 2024. Sabe que la cuenta en Estados Unidos, los 42.500 dólares en efectivo, los 1.950.000 pesos en efectivo, todo eso está declarado, pero la casa no. La casa se le «olvidó». La misma casa que el contratista Matías Tabar asegura haber remodelado por 245.000 dólares pagados en billetes.
El FMI también señaló la falta de independencia judicial. Dijo que «la percepción de una independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación». Traducción: los jueces son amigos del poder, los casos de corrupción de alto perfil no avanzan, los funcionarios no rinden cuentas. El fiscal Gerardo Pollicita investiga a Adorni, pero el juez Ariel Lijo no tiene apuro. El jefe de Gabinete sigue en su cargo, blindado por Karina Milei, sentado en el Directorio de YPF, con la «Acción de Oro» bajo su control, mirando a la cámara con la tranquilidad de quien sabe que el poder lo protege.
El Fondo también se metió con la morosidad de los hogares, que llegó al 11,5% en marzo y se disparó más de 8 puntos en un año. Dijo que hay que monitorear los riesgos, especialmente en el segmento de consumo y en las fintech, donde los préstamos en mora son «muy elevados». La gente no llega a fin de mes. Pide crédito para comer. Y el crédito es caro, a tasas que superan el 800% anual. La bomba está a punto de explotar, y el FMI, que nunca se caracterizó por ser alarmista, está encendiendo las luces rojas.
El gobierno de Milei llegó con la motosierra para cortar la corrupción. Pero la corrupción no solo no se cortó, sino que se naturalizó. El FMI, que presta plata, que negocia con el gobierno, que necesita que el país cumpla las metas, soltó la mano y le dijo a Milei lo que muchos argentinos ya saben: acá la transparencia es un chiste, las declaraciones juradas son papel mojado, la justicia es complaciente y la corrupción está a la orden del día.
Milei puede seguir diciendo que «lo peor ya pasó». Pero el FMI, que no se come los mocos, le acaba de recordar que lo peor, en materia de corrupción y transparencia, está pasando ahora.
Melina Schweizer
