Juan OConnor
Desde 2023, al menos diez científicos e ingenieros vinculados a programas nucleares, espaciales y de defensa de Estados Unidos han muerto o desaparecido en circunstancias que ninguna autoridad logra explicar. Trabajaban en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en el Centro de Seguridad Nacional de Kansas City. Tenían acceso a información confidencial sobre armas atómicas, misiones espaciales y tecnologías clasificadas. Algunos desaparecieron sin dejar rastro. Otros fueron asesinados. La Casa Blanca dijo que el tema es «muy serio» y prometió respuestas en diez días. Pero la pregunta que Juan O’Connor se hace es: ¿quién está matando a los que saben demasiado? ¿Y por qué el gobierno de Estados Unidos tarda dos años en pronunciarse?.
El caso que despertó al gigante
El 27 de febrero de 2026, William «Neil» McCasland salió de su casa en Albuquerque, Nuevo México. Llevaba una pistola calibre .38. Dejó atrás su celular, sus lentes y todas sus pertenencias. Su esposa dijo que parecía estar tratando de «no ser encontrado». Desde entonces, no se sabe nada de él.
McCasland no era un jubilado cualquiera. Era un mayor general retirado de la Fuerza Aérea. Había comandado el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea (AFRL). También había liderado la Oficina Nacional de Reconocimiento. Y, según fuentes cercanas al Congreso, había estado involucrado en programas clasificados de investigación de fenómenos anómalos no identificados.
La desaparición de McCasland fue la décima. La que finalmente obligó a la Casa Blanca a hablar.
La lista de los 10
El caso más antiguo es el de Michael David Hicks, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA. Murió el 30 de julio de 2023. Tenía 59 años. La causa de su muerte nunca fue revelada. No hay constancia de autopsia. Hicks había trabajado en las misiones DART y Deep Space 1 y había publicado más de 80 estudios científicos.
En julio de 2024 murió Frank Maiwald, otro científico del JPL. Tenía 61 años. También sin causa divulgada.
En junio de 2025 desapareció Monica Jacinto Reza, directora del Grupo de Procesamiento de Materiales del JPL. Iba caminando con amigos en California. Su compañero dijo que se giró un momento y ella desapareció. Meses antes, Reza había asumido como directora del Grupo de Procesamiento de Materiales, un área clave para la producción de componentes de naves espaciales.
El mismo mes desapareció Melissa Casias, empleada administrativa del Laboratorio Nacional de Los Álamos con alto nivel de autorización de seguridad. Dejó su celular, sus llaves y su auto en su casa de Nuevo México. Su teléfono fue restablecido de fábrica. Todos los datos, borrados.
En agosto de 2025, Steven Garcia, contratista del gobierno en el Campus de Seguridad Nacional de Kansas City —la instalación que produce la gran mayoría de los componentes no nucleares para las armas atómicas de Estados Unidos— salió de su casa en Albuquerque a pie, con una pistola. Dejó su teléfono, su cartera, sus llaves y su coche. Las cámaras de seguridad lo captaron alejándose. Nadie volvió a verlo.
En diciembre de 2025, el físico de fusión nuclear Nuno Loureiro, director del Centro de Ciencia y Fusión Plasmática del MIT, recibió un disparo en su casa de Brookline, Massachusetts.
En febrero de 2026, el astrofísico Carl Grillmair, colaborador de la NASA, fue asesinado a tiros en el porche de su casa. Tenía 67 años. Había descubierto la presencia de agua alrededor de estrellas distantes.
En marzo de 2026, apareció el cadáver del investigador farmacéutico Jason Thomas en el fondo de un lago en Massachusetts. Había desaparecido en diciembre de 2025.
Y en mayo de 2025, Anthony Chavez, ex empleado del Laboratorio Nacional de Los Álamos, desapareció sin dejar rastro. Salió a caminar y no volvió. Dejó su auto en el garaje, su billetera y sus llaves dentro de la casa.
Diez personas. Diez científicos e ingenieros. Todos con acceso a información que el gobierno de Estados Unidos considera secreta.
El patrón que O’Connor ve
Todas estas personas tenían una cosa en común: acceso a información clasificada. La NASA, Los Álamos, la Fuerza Aérea, el complejo de armas nucleares. Todos los eslabones de la cadena de seguridad nacional estadounidense están representados en esta lista.
El modus operandi de las desapariciones es idéntico: salen de sus casas a pie, sin celular, sin billetera, sin llaves. A veces con una pistola. Como si estuvieran huyendo. O como si alguien los estuviera esperando afuera.
Las muertes, por su parte, tienen dos patrones: o no se divulga la causa, o son asesinatos directos en sus propias casas. Nadie fue arrestado. Nadie fue acusado.
Las reacciones que llegaron tarde
El congresista Jared Moskowitz fue el primero en hablar con claridad: «Ahora tenemos diez personas relacionadas con nuestro programa nuclear que están desaparecidas o muertas. Creo que el Pentágono tiene que decir la verdad».
El congresista Tim Burchett, republicano, fue más allá: «Algo oscuro está pasando. Estos científicos testificaron ante nosotros. Hay demasiados casos. Y no tengo intenciones suicidas».
El ex subdirector del FBI, Chris Swecker, dijo que si los casos están vinculados, podrían apuntar a «espionaje moderno».
Esta semana, finalmente, Donald Trump se pronunció: «Espero que sea casualidad. Lo sabremos en la próxima semana y media. Acabo de salir de una reunión sobre ese tema. Es algo bastante serio».
Su portavoz, Karoline Leavitt, había respondido días antes con una evasiva: «No he hablado con las agencias pertinentes al respecto. Sin duda lo haré y les daremos una respuesta».
Dos años después de la primera muerte, la Casa Blanca recién ahora dice que va a investigar.
Expediente O’Connor
El gobierno de Estados Unidos perdió a diez de sus científicos más valiosos en tres años. Algunos desaparecieron. Otros fueron asesinados. La Casa Blanca no dijo nada durante dos años. Recién cuando la lista llegó a diez, Trump admitió que el tema es «muy serio» y prometió respuestas en diez días.
La pregunta no es si el gobierno va a investigar. La pregunta es qué están tratando de ocultar. Porque si fueran muertes accidentales, las autopsias estarían disponibles. Si fueran desapariciones voluntarias, las familias tendrían respuestas. Si fuera una coincidencia, el Pentágono no estaría en silencio.
Los diez científicos sabían algo. Alguien no quería que lo supieran. Y la Casa Blanca, durante dos años, miró para otro lado.
Expediente O’Connor: caso abierto.
