Juan OConnor
Javier Milei se definió como “el presidente más sionista del mundo”. Su asesor, Demian Reidel, afirmó que el problema del país es que está “poblado por argentinos”. En paralelo, se deterioran las condiciones de vida, crece la emigración juvenil y se habilitan mecanismos de ingreso privilegiado para capitales extranjeros, mientras resurgen disputas por tierra, recursos estratégicos y acuerdos internacionales clave. Nada de esto, por separado, prueba un plan. Pero en conjunto, empieza a dibujar un escenario que merece ser observado con atención.
Hay explicaciones que permiten ordenar lo que está pasando en Argentina dentro de categorías conocidas. Ajuste, reformas estructurales, apertura al mundo. Todo eso existe y puede describirse sin demasiadas dificultades. El problema aparece cuando esas decisiones dejan de analizarse como hechos aislados y empiezan a leerse en conjunto, como parte de un mismo proceso.
Porque lo que empieza a emerger no es únicamente una crisis económica, sino una dinámica más compleja: la construcción sostenida de condiciones que vuelven cada vez más difícil permanecer en el país para amplios sectores de la población.
No hay expulsión formal, ni decretos que obliguen a irse. Pero los mecanismos existen y son visibles. La desocupación general ronda el 7,5%, pero entre los jóvenes supera el 16%. A eso se suma un dato estructural aún más significativo: cerca del 43% de los trabajadores están en la informalidad, lo que implica más de 9 millones de personas sin aportes, sin estabilidad y sin red de protección. En ese contexto, uno de cada cinco trabajadores es pobre.
La precarización deja de ser una categoría teórica cuando se vuelve regla. La reforma laboral abarata el despido, extiende los períodos de prueba y profundiza la incertidumbre. El salario pierde sistemáticamente frente al costo de vida, el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más restrictivo y el crédito desaparece, para los no libertarios, como herramienta para proyectar a futuro. Tener trabajo ya no garantiza una vida digna.
En ese escenario, la emigración empieza a aparecer como una salida racional antes que como una decisión excepcional. No se trata de un éxodo masivo, pero sí de una tendencia sostenida que atraviesa especialmente a los sectores más jóvenes, aquellos que no encuentran condiciones para proyectar su vida en el país.
Al mismo tiempo, el Estado redefine los criterios de ingreso. Se endurecen las condiciones para migrantes de bajos recursos mediante restricciones en el acceso a servicios públicos, cambios en el sistema educativo y un mayor control sobre la permanencia. No se trata de un cierre absoluto de fronteras, sino de una modificación del principio que históricamente había regido la política migratoria argentina.
Ese endurecimiento convive con un movimiento en sentido inverso: la creación de mecanismos que facilitan la llegada de capital extranjero bajo condiciones privilegiadas. Los esquemas de ciudadanía por inversión permiten acceder a la nacionalidad mediante aportes económicos elevados, acompañados de beneficios fiscales y ventajas legales que no están disponibles para el resto de la población. El ingreso deja de ser un derecho amplio y pasa a ser una variable económica.
En ese contexto, el vínculo con Israel adquiere una dimensión que excede lo simbólico. Javier Milei no solo expresó afinidad política, sino que avanzó en acuerdos concretos. El convenio bilateral (Ley 27.641) establece mecanismos de cooperación en materia de seguridad social que permiten a ciudadanos israelíes acceder a beneficios previsionales en Argentina bajo determinadas condiciones, incluso manteniendo residencia en su país de origen.
Cuando ese acuerdo se analiza de manera aislada, puede interpretarse como parte de la lógica habitual de las relaciones internacionales. Sin embargo, al colocarlo junto a las políticas de ciudadanía por inversión, el endurecimiento hacia migrantes pobres y el deterioro de las condiciones internas, adquiere otro significado. Deja de ser un instrumento técnico para convertirse en una pieza dentro de una orientación más amplia.
En paralelo, vuelve a cobrar centralidad una discusión estructural que atraviesa la historia argentina: la tierra. La Ley 26.737 de Tierras Rurales establecía límites a la adquisición por parte de extranjeros, fijando un tope del 15% del territorio nacional y restricciones en zonas consideradas estratégicas, especialmente aquellas vinculadas a recursos hídricos. Su derogación eliminó esos límites, habilitando un escenario considerablemente más flexible para la compra de grandes extensiones por capitales externos.
En ese nuevo marco, la pregunta deja de ser abstracta y se vuelve concreta: quién puede acceder al territorio, en qué condiciones y con qué límites.
Es en ese punto donde aparece con claridad la figura de Eduardo Elsztain. Presidente de IRSA y con participación en Cresud, es uno de los mayores propietarios de tierras del país. Su presencia en el sector inmobiliario, agropecuario y en proyectos de desarrollo lo ubica como un actor central en la configuración del uso del suelo en Argentina.
Su cercanía con Javier Milei durante la campaña presidencial, así como su inserción en redes empresariales vinculadas a Israel, refuerzan su posición dentro de un entramado donde economía, territorio y relaciones internacionales comienzan a entrelazarse.
En ese mismo cruce aparece otro elemento clave: el control de los recursos estratégicos. La empresa estatal israelí Mekorot ya firmó acuerdos con provincias argentinas para el desarrollo de planes hídricos. Se trata de un actor central en la gestión del agua, un recurso que adquiere cada vez mayor relevancia a nivel global. Su presidente Yitzshak Aharonovich, es un ex ministro de Seguridad Israelí, vinculado a crímenes de lesa humanidad.
Su actuación ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos como Amnesty International, que han denunciado un acceso desigual al agua en territorios palestinos en el marco de un sistema más amplio de discriminación estructural. Este antecedente no implica por sí mismo una irregularidad en Argentina, pero sí introduce un componente geopolítico que no puede ser ignorado.
Mientras tanto, en el sur del país, los incendios en la Patagonia avanzaron en un contexto de fuerte reducción presupuestaria en políticas de prevención. La pérdida de miles de hectáreas y la limitada capacidad de respuesta estatal generaron un escenario de vulnerabilidad territorial que reactivó interpretaciones más amplias.
El diputado Di Tulio planteó que podría existir un interés en liberar tierras para su posterior adquisición, en línea con hipótesis históricas como el denominado “Plan Andinia”, que plantea la posible instalación de un enclave judío en la región. A esto se sumaron imágenes de Benjamin Netanyahu observando mapas de la Patagonia, que fueron interpretadas por distintos sectores como señales de interés estratégico.
No existen pruebas concluyentes que permitan afirmar estas hipótesis. Sin embargo, su reaparición no puede analizarse por fuera del contexto en el que ocurre: cambios en la legislación sobre tierras, presencia de actores internacionales en recursos estratégicos y un alineamiento geopolítico explícito.
El periodismo no siempre dispone de certezas absolutas. Pero sí puede identificar patrones.
Y el patrón que se configura en este caso combina elementos difíciles de ignorar: una economía que empuja a sectores de la población a emigrar, un sistema que redefine quién puede ingresar, una apertura creciente sobre recursos estratégicos, acuerdos internacionales que generan condiciones diferenciales y actores económicos con una posición privilegiada en el control del territorio.
Nada de esto, considerado de manera aislada, permite sostener la existencia de un plan explícito.
Pero la suma de todos estos factores vuelve cada vez más difícil sostener que se trata simplemente de decisiones inconexas.
Porque cuando un país empieza a volverse inviable para quienes lo habitan, mientras al mismo tiempo flexibiliza el acceso a su territorio y a sus recursos para otros actores, la discusión deja de ser exclusivamente económica.
Pasa a ser, inevitablemente, política.
Y en ese punto, la pregunta ya no es qué está pasando.
La pregunta es hacia dónde conduce.
Expediente O’Connor: caso abierto.
REDACCIÓN
