Melina Schweizer
El 16 de abril de 2026, en San Salvador, el presidente Nayib Bukele promulgó una reforma que permite aplicar cadena perpetua a menores de 12 años por delitos graves. La medida, que entrará en vigor el 26 de abril, profundiza el modelo de seguridad del gobierno y abre un debate de fondo sobre los límites del poder punitivo del Estado.
La decisión del gobierno de El Salvador representa una ruptura significativa con los principios clásicos del derecho penal juvenil. Al habilitar la cadena perpetua para menores de 12 años, el Estado elimina en los hechos la distinción entre infancia y adultez en determinados delitos, desplazando el eje desde la rehabilitación hacia el castigo absoluto. Este giro no puede entenderse de manera aislada: se inscribe en un proceso más amplio de expansión del poder punitivo bajo un régimen de excepción vigente desde 2022, que ha permitido detenciones masivas, juicios colectivos y una fuerte reducción de garantías procesales.
En términos estructurales, lo que está en juego es un cambio de paradigma. Tradicionalmente, los sistemas jurídicos modernos establecen que los menores son sujetos en formación, con menor grado de responsabilidad penal y mayor necesidad de intervención educativa. La reforma impulsada por Bukele invierte esa lógica en casos considerados extremos: la gravedad del delito pasa a ser el único criterio relevante. Esto coloca a El Salvador en una posición de tensión con estándares internacionales como los establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige que la justicia juvenil priorice la reintegración social y limite al máximo las penas privativas de libertad.
Este escenario adquiere mayor complejidad si se considera el funcionamiento real del sistema. Datos oficiales reconocen que miles de personas detenidas en el marco del régimen de excepción eran inocentes o no tenían vínculos comprobados con organizaciones criminales. En ese contexto, la introducción de penas perpetuas amplifica el riesgo de errores irreversibles. No se trata solo de la severidad de la pena, sino de su aplicación en un sistema que ya ha mostrado falencias en la identificación de culpables.
El contraste con Argentina: otro modelo, pero el mismo debate de fondo
El caso salvadoreño cobra relevancia en Argentina porque reactiva una discusión que lleva años sin resolverse: la edad de imputabilidad.
En el país, el régimen penal juvenil establece que:
- los menores de 16 años no son imputables penalmente
- entre 16 y 18 años pueden ser juzgados solo por delitos graves
- las penas están limitadas y orientadas a la reinserción
Este esquema responde a una tradición jurídica que mantiene la diferenciación entre menores y adultos, incluso en delitos de alta gravedad.
Sin embargo, en los últimos años —y especialmente en contextos de aumento de la inseguridad— sectores políticos han impulsado proyectos para:
- bajar la edad de imputabilidad a 14 o incluso 13 años
- endurecer las penas para adolescentes
- ampliar la capacidad punitiva del sistema
El argumento central de estas propuestas es similar al utilizado en El Salvador: los delitos graves deben tener respuesta penal efectiva, sin importar la edad.
Pero ahí aparece la diferencia clave.
Mientras en Argentina el debate gira en torno a bajar la edad de imputabilidad, el modelo salvadoreño avanza un paso más allá: no solo baja el umbral de intervención, sino que elimina el límite de la pena. Es decir, no se trata solo de juzgar a menores, sino de aplicarles la máxima sanción posible.
Dos modelos en tensión: rehabilitación vs. castigo
La comparación entre ambos países permite identificar dos enfoques distintos.
En Argentina, incluso en los sectores que proponen reformas, el marco general sigue siendo:
- reconocimiento de la condición especial de la niñez
- limitación de penas
- énfasis, al menos formal, en la reinserción
En El Salvador, en cambio, el modelo se orienta hacia:
- equiparación penal entre menores y adultos en ciertos delitos
- expansión del castigo como herramienta central
- subordinación de la lógica de derechos a la lógica de seguridad
Esto no implica que Argentina esté exenta de tensiones. El debate sobre la imputabilidad muestra que existe una presión social y política para endurecer el sistema, pero también evidencia un límite institucional que, por ahora, no ha sido traspasado.
El riesgo de convergencia: cuando la excepción se vuelve modelo
El punto más relevante no es la diferencia actual, sino la posible convergencia.
El modelo salvadoreño, respaldado por resultados en materia de reducción del delito, comienza a ser observado en la región como una alternativa frente a la inseguridad. Esto genera un riesgo: que medidas excepcionales se transformen en referencias políticas.
En ese escenario, el debate argentino podría desplazarse progresivamente desde la discusión sobre la edad hacia el endurecimiento de las penas y una redefinición más profunda del sistema penal juvenil.
El límite del castigo como discusión regional
La reforma impulsada por Bukele no solo redefine el sistema penal salvadoreño. También impacta en el debate latinoamericano sobre seguridad y justicia.
En Argentina, la discusión sobre la edad de imputabilidad suele presentarse como una cuestión técnica o jurídica, pero el caso salvadoreño muestra que se trata de algo más profundo: una disputa sobre los límites del castigo estatal.
El contraste es claro:
- Argentina debate cuándo juzgar a los menores
- El Salvador decidió cómo castigarlos sin límite
Entre ambos modelos hay una diferencia sustancial, pero también un terreno común: la presión social por respuestas frente al delito.
La pregunta que queda abierta es hasta dónde están dispuestas a avanzar las sociedades en ese camino. Porque una vez que el sistema penal cruza ciertos límites, volver atrás no siempre es posible.
CONCHITA PRETA
