Rodolfo Gudino
Tras la cautelar que frenó más de 80 artículos de la ley, el gobierno de Javier Milei presentó un per saltum para que la Corte Suprema intervenga de manera directa. La jugada busca acelerar tiempos y revertir un fallo clave sobre uno de los pilares de su programa.
El Gobierno decidió no esperar.
Después de que la Justicia laboral suspendiera más de 80 artículos de la reforma, el Ejecutivo optó por ir directamente a la Corte Suprema mediante un recurso de per saltum, una vía excepcional que permite saltear instancias cuando se considera que hay “gravedad institucional”.
El argumento oficial es claro: un juez de primera instancia no debería poder frenar con efectos generales una ley aprobada por el Congreso. Desde esa perspectiva, la cautelar no solo afecta la reforma, sino también el equilibrio entre poderes.
El problema es que la herramienta elegida para resolverlo también forma parte de esa discusión.
El per saltum no es un mecanismo ordinario. Está previsto para situaciones excepcionales, no como alternativa cada vez que una decisión judicial resulta incómoda. Al utilizarlo en este contexto, el Gobierno no solo busca revertir un fallo, sino también acelerar el proceso y llevar la definición al terreno donde entiende que puede obtener un resultado más favorable.
En el medio no hay un tecnicismo menor. Lo que está suspendido no es un aspecto secundario de la ley, sino una parte central de la reforma laboral. Los artículos alcanzados por la cautelar incluyen cambios en indemnizaciones, modalidades de contratación, negociación colectiva y distintos aspectos de la protección laboral.
Es decir, no se discute solo una norma, sino el alcance concreto de los derechos en el mundo del trabajo.
La cautelar fue dictada a partir de un planteo de la CGT, y en esta etapa preliminar el juez consideró que podían existir riesgos de afectación a derechos laborales que justificaban la suspensión preventiva. No es una sentencia definitiva, pero sí un freno relevante mientras se analiza el fondo del asunto.
Frente a eso, el Gobierno eligió una respuesta que combina velocidad y presión institucional. Llevar el caso directamente a la Corte implica reducir los tiempos del proceso y, al mismo tiempo, trasladar la discusión al máximo tribunal, evitando que el expediente se resuelva en instancias intermedias.
La decisión deja planteada una tensión que excede el caso puntual. Por un lado, el Ejecutivo busca sostener una reforma que considera central. Por otro, la Justicia actúa como límite provisorio frente a posibles efectos irreversibles.
En ese cruce, la Corte queda en el centro.
No solo deberá decidir sobre la validez del recurso, sino también sobre el rol que está dispuesta a asumir: si actúa como instancia excepcional ante un conflicto institucional o si acepta convertirse en la vía rápida cada vez que una decisión política encuentra resistencia en los tribunales.
Porque, en definitiva, la discusión no es solo si la reforma laboral se aplica o no. La discusión es si las reglas del juego se respetan cuando convienen… o si se saltean cuando estorban.
Y eso ya no habla de una ley. Habla de hasta dónde está dispuesto a llegar el poder para que las cosas salgan como quiere.
Nos leemos pronto.
