Melina Schweizer
El Gobierno eliminó más de 900 controles del INTI mediante la Resolución 42/2026, incluyendo análisis clave sobre alimentos, materiales y dispositivos médicos. Especialistas advierten que la medida impacta en la salud pública, la industria y la seguridad cotidiana. El trasfondo: un cambio de modelo que traslada funciones del Estado al mercado.
El 16 de abril de 2026, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) formalizó una decisión que, más allá de su formulación técnica, redefine silenciosamente la relación entre el Estado, la producción y la vida cotidiana: la eliminación de alrededor de mil servicios de control, verificación y análisis que durante décadas funcionaron como garantía mínima de calidad, seguridad y prevención en múltiples ámbitos . La medida, instrumentada a través de la Resolución 42/2026, fue presentada oficialmente como una estrategia de “optimización de recursos” orientada a evitar duplicaciones con el sector privado, pero su alcance real abre interrogantes mucho más profundos sobre el tipo de país que se está configurando.
No se trata de un ajuste administrativo menor ni de una reorganización técnica interna. Lo que se está desarticulando es una infraestructura pública de control que operaba de manera transversal sobre alimentos, materiales industriales, dispositivos médicos y productos de uso cotidiano, es decir, sobre todo aquello que atraviesa la vida de las personas sin que necesariamente sea visible. Entre los servicios eliminados figuran análisis de patógenos como Salmonella o E. coli, detección de micotoxinas, estudios de vida útil de alimentos, controles de etiquetado nutricional, verificación de materiales de construcción, calibración de equipos médicos y pruebas de seguridad en productos industriales . Cada uno de estos controles no es un detalle técnico: es un punto de contacto entre el conocimiento científico y la protección de la vida.
La justificación oficial se apoya en la idea de que el sector privado cuenta hoy con capacidades suficientes para asumir estas funciones, y que el rol del Estado debe concentrarse en aquellas áreas consideradas “estratégicas”. Sin embargo, esta premisa omite una diferencia fundamental entre capacidad y acceso. Que existan servicios privados no implica que estén disponibles en igualdad de condiciones para todos los actores, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que históricamente han encontrado en el INTI un soporte técnico accesible y confiable. En ese sentido, la eliminación de estos servicios no solo impacta en la seguridad de los productos, sino también en la estructura productiva, generando nuevas desigualdades en el acceso a certificaciones y controles de calidad.
Las advertencias provenientes del propio organismo no son menores. Trabajadores y especialistas en salud pública han señalado que la interrupción de estos controles puede generar un vacío en la fiscalización que afecte tanto la prevención de enfermedades como la confianza de los consumidores . La Organización Mundial de la Salud ha insistido en la importancia de los sistemas de control alimentario para reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos, un problema que afecta a millones de personas cada año a nivel global. En ese marco, la eliminación de herramientas de detección y monitoreo no aparece como una decisión neutra, sino como una intervención directa sobre las condiciones de riesgo.
Pero el impacto no se limita al campo sanitario. La eliminación de estos servicios también afecta la capacidad del país para sostener estándares de calidad en el comercio internacional. Casos como el rechazo de exportaciones por falta de certificaciones específicas evidencian que la desregulación interna puede tener consecuencias económicas concretas, especialmente en un contexto donde los mercados internacionales exigen cada vez mayores garantías técnicas. En otras palabras, lo que se presenta como una reducción del rol estatal puede traducirse en una pérdida de competitividad.
Sin embargo, el punto más profundo de esta medida no se encuentra únicamente en sus efectos inmediatos, sino en la lógica que la sostiene. La decisión de retirar al Estado de funciones de control y verificación no implica simplemente una redistribución de tareas, sino una redefinición del lugar que ocupa el conocimiento técnico en la organización social. El INTI no es solo un organismo de servicios: es una institución de transferencia tecnológica, un espacio donde el saber científico se traduce en herramientas concretas para la industria, especialmente para sectores que no pueden sostener estructuras propias de investigación y desarrollo.
En ese sentido, la advertencia de que se trata de un proceso más amplio —que alcanza a otros organismos como el INTA, el CONICET o el sistema universitario— permite inscribir esta medida en un cambio de modelo más general, donde la producción de conocimiento deja de ser una política pública para convertirse en una variable subordinada a la lógica del mercado . No es solo que se eliminan controles: se desarticula una forma de pensar la relación entre ciencia, Estado y sociedad.
La consecuencia de este desplazamiento es tan concreta como silenciosa. Cuando el Estado deja de controlar, no desaparecen los riesgos: se redistribuyen. La responsabilidad se traslada hacia los consumidores, las empresas y, en última instancia, hacia quienes no tienen herramientas para verificar aquello que consumen, utilizan o habitan. La seguridad deja de ser una garantía colectiva para convertirse en una variable individual, dependiente de la capacidad de cada actor para acceder a controles privados.
En esa transformación, lo cotidiano se vuelve incierto. La calidad de un alimento, la resistencia de un material, el funcionamiento de un dispositivo médico dejan de estar respaldados por una red pública de verificación para depender de un sistema fragmentado, donde la regulación ya no es uniforme ni necesariamente accesible. El riesgo no aparece como un evento extraordinario, sino como una condición que se normaliza.
Y es ahí donde la discusión deja de ser técnica para volverse política. Porque lo que está en juego no es solo la eficiencia de un organismo, sino la forma en que una sociedad decide organizar la protección de la vida. El retiro del Estado de estos espacios no elimina la necesidad de control, sino que redefine quién lo ejerce, bajo qué condiciones y con qué objetivos. En ese desplazamiento, lo que se pierde no es solo capacidad técnica, sino una forma de entender lo público como garantía y no como costo.
El problema, entonces, no es únicamente qué servicios se eliminan, sino qué tipo de Estado emerge cuando deja de cumplir esa función. Un Estado que no controla no es un Estado más eficiente: es un Estado que redefine sus prioridades. Y en esa redefinición, lo que queda expuesto no es solo un sistema productivo, sino la vida misma.
REDACCIÓN
