Melina Schweizer
El primer candidato a diputado porteño fue parte de un estudio que representó a Burford.
El fondo obtuvo ganancias millonarias en litigios contra Argentina por empresas estatizadas.
La designación abre tensiones entre el discurso oficial y los vínculos con el negocio judicial internacional.
Candidaturas y señales políticas: cuando los nombres hablan
La decisión de ubicar a Alejandro Fargosi como primer candidato a diputado en la Ciudad no es solo una definición electoral. Es también un mensaje político.
El dato que tensiona esa decisión es su vínculo con un estudio jurídico que participó en litigios internacionales contra el Estado argentino, particularmente representando intereses de fondos de inversión especializados en este tipo de demandas.
En un contexto donde el gobierno celebra un fallo favorable en el caso YPF frente a Burford, la elección de una figura asociada a ese tipo de actores introduce una contradicción discursiva difícil de ignorar.
El negocio de litigar contra el Estado: cómo operan los fondos
Para entender la dimensión del tema, hay que mirar el funcionamiento de estos fondos. Empresas como Burford no producen bienes ni servicios: compran derechos de litigio.
Ejemplo: adquieren demandas de privados —como ocurrió con los derechos vinculados a empresas estatizadas— y luego buscan obtener ganancias en tribunales internacionales.
En algunos casos, las ganancias son extraordinarias. En el litigio por Aerolíneas Argentinas, el fondo logró retornos cercanos al 1000% sobre su inversión, tras obtener una indemnización millonaria.
Ese esquema convierte los conflictos judiciales en negocios financieros. Y en ese circuito, los estudios jurídicos cumplen un rol central.
El rol de los estudios: intermediarios clave en el circuito judicial global
El estudio vinculado a Fargosi actuó como patrocinante en ese tipo de litigios. Esto implica representar legalmente a los fondos en sus demandas contra el Estado.
Ejemplo: en el caso Aerolíneas, los honorarios profesionales también forman parte del negocio. El Estado argentino no solo enfrenta eventuales condenas, sino también costos asociados a la litigación.
Este punto es clave porque muestra que el conflicto no es solo político o jurídico, sino también económico. Cada juicio internacional moviliza intereses cruzados donde participan:
- fondos de inversión
- estudios jurídicos
- tribunales internacionales
La contradicción política: discurso soberano vs. vínculos con litigantes
La designación de Fargosi expone una tensión en el oficialismo.
Por un lado, el gobierno sostiene una narrativa crítica hacia los “fondos buitre” y celebra haber evitado un pago millonario en el caso YPF.
Por otro, promueve electoralmente a una figura asociada —aunque sea indirectamente— a ese mismo ecosistema.
Esto no implica necesariamente una contradicción jurídica, pero sí política.
Ejemplo: en términos de comunicación, es difícil sostener simultáneamente un discurso contra los litigantes internacionales y promover a actores vinculados a ese circuito.
Trayectoria y vínculos: una historia que atraviesa décadas
El caso también pone en evidencia la continuidad de ciertos actores en la relación entre el Estado y el sector privado.
El estudio en cuestión tuvo participación en distintos momentos:
- litigios posteriores a privatizaciones
- conflictos derivados de reestatizaciones
- disputas en tribunales internacionales
Esto refleja un patrón: los mismos actores suelen reaparecer en distintas etapas del ciclo económico argentino.
Ejemplo: privatización en los 90, estatización en los 2000, litigios en tribunales internacionales en las décadas siguientes.
La Ciudad como escenario: disputa electoral y construcción de poder
La candidatura se inscribe además en una batalla política clave: la Ciudad de Buenos Aires.
Para el oficialismo, consolidar presencia en ese distrito implica disputar poder con el PRO, que históricamente dominó ese territorio.
En ese marco, la elección de candidatos combina:
- perfiles ideológicos
- trayectorias profesionales
- señales hacia distintos sectores
Ejemplo: incorporar figuras con experiencia jurídica o empresarial puede buscar ampliar la base electoral más allá del núcleo libertario.
El trasfondo: justicia internacional, soberanía y política interna
El caso conecta tres dimensiones:
- la justicia internacional, donde se dirimen conflictos económicos
- la soberanía estatal, en disputa en cada litigio
- la política interna, donde esos conflictos se reinterpretan
La candidatura de Fargosi funciona como punto de cruce entre esos planos.
Cuando la política se cruza con el negocio judicial global
La decisión de Milei no es solo electoral. Expone una tensión estructural en la política argentina.
Por un lado, el rechazo a los litigios internacionales que afectan al Estado.
Por otro, la presencia de actores vinculados a ese mismo circuito dentro del propio espacio político.
El problema no es solo quién es el candidato. Es lo que representa.
Porque en un país atravesado por conflictos judiciales internacionales, la línea entre defensa del interés nacional y participación en el negocio del litigio nunca es completamente clara.
Y en ese terreno, cada decisión política se vuelve también una señal sobre cómo se entiende esa frontera.
