Juan OConnor
Los multimillonarios tecnológicos concentran fortunas, datos e infraestructuras estratégicas, pero todavía enfrentan dos límites: las reglas que otros pueden imponerles y el envejecimiento de sus propios cuerpos. La inteligencia artificial abre una pregunta inquietante: ¿podrían utilizar su capacidad para influir sobre las conductas humanas y transformar el orden político en beneficio de sus ambiciones?
Los hombres más ricos del planeta pueden comprar empresas, financiar campañas políticas, desarrollar tecnologías y sostener investigaciones que hace apenas unas décadas parecían ciencia ficción. También pueden influir sobre gobiernos y participar en decisiones estratégicas. Sin embargo, todavía deben enfrentar tribunales, reguladores y leyes que no siempre responden a sus intereses. Y, por encima de todo, comparten una limitación con cualquier trabajador que llega agotado a fin de mes: envejecen y, tarde o temprano, mueren.
¿Qué ocurriría si la posibilidad de reducir esos límites se convirtiera en una nueva ambición de poder? ¿Y si las tecnologías capaces de conocer nuestras preferencias, orientar nuestras decisiones y modificar nuestras conductas ofrecieran instrumentos para perseguirla?
Las declaraciones de algunos empresarios, las inversiones en longevidad, los proyectos de autonomía territorial y la creciente dependencia tecnológica de los Estados permiten formular una hipótesis. El futuro del poder podría estar definiéndose en la convergencia de intereses económicos, proyectos políticos y herramientas capaces de intervenir sobre el comportamiento colectivo.
La concentración de semejantes recursos en tan pocas manos abre múltiples posibilidades para transformar las relaciones entre empresas, gobiernos y ciudadanos.
La democracia como límite al poder privado
En 2007, Curtis Yarvin, escritor y teórico político estadounidense vinculado al pensamiento neorreaccionario, publicó A Formalist Manifesto, un ensayo donde cuestionó la democracia representativa y defendió una organización del poder basada en autoridades centralizadas, con una lógica próxima a la administración empresarial.
Su planteo propone sustituir la negociación democrática por estructuras de mando más concentradas. Dirigir una empresa, sin embargo, no equivale a gobernar una sociedad.
Un empresario puede organizar sus negocios, contratar personal, distribuir inversiones y tomar decisiones dentro de las facultades que le reconoce la ley. Un gobierno democrático, en cambio, debe responder ante tribunales, legisladores, organismos de control y ciudadanos que tienen derechos independientes de la voluntad de quienes gobiernan.
Esos controles, fundamentales para limitar los abusos de poder, también pueden resultar incómodos para quienes están acostumbrados a decidir sobre recursos extraordinarios.
Peter Thiel, inversor tecnológico estadounidense y cofundador de PayPal y Palantir, escribió en 2009 que había dejado de creer que la libertad y la democracia fueran compatibles. En ese ensayo propuso explorar espacios de autonomía frente a la política tradicional, entre ellos el mundo digital y los proyectos de comunidades marítimas.
Balaji Srinivasan, empresario estadounidense y exdirector de tecnología de Coinbase, desarrolló posteriormente el concepto de Network State o Estado en red: comunidades organizadas inicialmente en internet que podrían adquirir territorios y buscar reconocimiento como entidades políticas.
Las ideas de Yarvin, Thiel y Srinivasan expresan distintas maneras de cuestionar la relación entre empresas, ciudadanos y Estados. Permiten pensar una transformación del poder económico en autoridad política, sin depender exclusivamente de los mecanismos tradicionales de representación.
Para quienes ya disponen de recursos extraordinarios, el siguiente objetivo podría dejar de ser acumular más riqueza y convertirse en la posibilidad de establecer las reglas bajo las cuales utilizarla.
El descrédito institucional como oportunidad
Las democracias contemporáneas enfrentan un problema que va más allá del rechazo a determinados dirigentes. La desconfianza alcanza a partidos políticos, parlamentos, sistemas judiciales y otras instituciones que deberían garantizar la representación, la justicia y el control del poder.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo internacional que reúne a países para analizar y coordinar políticas económicas y sociales, ha registrado bajos niveles de confianza en los partidos políticos. En numerosas sociedades europeas, los conflictos por salarios, vivienda, inmigración, servicios públicos y condiciones de vida alimentan una insatisfacción persistente.
Ese malestar puede dar lugar a demandas de mayor participación democrática, pero también puede favorecer proyectos que prometen reemplazar la negociación política por decisiones rápidas, centralizadas y aparentemente técnicas.
Una sociedad que deja de confiar en sus representantes todavía puede exigir mejores representantes. Una sociedad que pierde confianza en la legitimidad de sus instituciones enfrenta una situación más profunda: comienza a cuestionar las reglas mediante las cuales se resuelven los conflictos colectivos.
La transformación del poder podría avanzar mediante acuerdos entre empresas y gobiernos, pero también a través de crisis que deterioren la autoridad de las instituciones existentes. El enfrentamiento social, la polarización extrema, la incertidumbre económica y la percepción de que ningún organismo funciona pueden crear condiciones favorables para aceptar formas de autoridad que anteriormente habrían provocado resistencia.
En semejante contexto, quienes disponen de recursos financieros, infraestructuras y tecnologías capaces de ofrecer soluciones inmediatas pueden adquirir una importancia política extraordinaria.
El desorden también puede convertirse en una oportunidad de poder.
La libertad de elegir lo que otros nos enseñan a desear
La inteligencia artificial (IA) introduce una dimensión especialmente inquietante: la posibilidad de intervenir sobre las conductas humanas mediante sistemas capaces de adaptar sus mensajes a las características de cada individuo.
Las plataformas digitales ya administran una parte considerable de nuestra atención. Sus algoritmos seleccionan contenidos, establecen prioridades, recomiendan publicaciones y organizan buena parte de la información que consumimos. Su funcionamiento responde a decisiones empresariales y objetivos comerciales, entre ellos prolongar el tiempo de permanencia de los usuarios.
La IA conversacional permite avanzar desde la selección de contenidos hacia una relación mucho más personalizada.
Yuval Noah Harari, historiador y escritor israelí, autor de Sapiens, ha advertido sobre la capacidad de estos sistemas para establecer relaciones de confianza e intimidad con las personas. Un asistente digital puede conversar durante meses con un usuario, conocer sus preocupaciones, identificar sus preferencias y adaptar sus respuestas a sus circunstancias.
Imaginemos a alguien que consulta diariamente a una inteligencia artificial sobre sus problemas laborales, sus relaciones familiares, sus dificultades económicas y sus expectativas de futuro. A medida que aumenta la información disponible, el sistema podría identificar qué argumentos resultan especialmente convincentes para esa persona.
Si se utilizara deliberadamente para orientar decisiones, no necesitaría imponer órdenes. Podría construir razonamientos diferentes para conducir a distintas personas hacia comportamientos semejantes.
A un trabajador preocupado por su empleo podría presentarle una propuesta como garantía de estabilidad. A un empresario, como una oportunidad de innovación. A alguien temeroso de la inseguridad, como una solución para restablecer el orden. El contenido persuasivo cambiaría según las necesidades y temores de cada interlocutor.
Investigaciones científicas publicadas durante 2025 mostraron que los modelos de lenguaje pueden modificar opiniones políticas en determinadas condiciones experimentales. La personalización de los mensajes constituye una de las variables investigadas para comprender su eficacia.
Pero la cuestión más importante no es solamente qué piensa una persona después de conversar con una máquina. Es qué termina haciendo.
La capacidad de modificar conductas abre posibilidades que exceden la propaganda tradicional. Puede influir sobre decisiones de consumo, participación política, adhesión a propuestas institucionales, comportamientos colectivos y aceptación de medidas extraordinarias.
Tampoco sería necesario convencer a toda la sociedad. Una proporción suficientemente influyente de personas podría contribuir a modificar el clima político, alterar comportamientos colectivos o inclinar decisiones fundamentales, mientras otros sectores permanecen enfrentados, desmovilizados o indiferentes.
La paradoja es que cada individuo podría seguir experimentando sus decisiones como plenamente autónomas, aunque el proceso de formación de sus preferencias estuviera condicionado por sistemas diseñados para persuadirlo.
Una sociedad conectada como un feedlot
En un feedlot, sistema de engorde intensivo de ganado en corrales, el espacio, el alimento y las rutinas están organizados para condicionar el comportamiento de los animales y alcanzar determinados resultados.
La comparación con nuestra vida digital resulta incómoda, pero permite formular una pregunta: ¿cuánto de lo que hacemos en internet responde a decisiones verdaderamente independientes y cuánto al entorno diseñado por quienes administran las plataformas?
Millones de personas pasan horas desplazándose por pantallas, consumiendo videos, discutiendo con desconocidos, reaccionando a provocaciones y recibiendo estímulos que las invitan a continuar conectadas.
Cada movimiento parece una elección. Sin embargo, los contenidos que aparecen, su orden, su frecuencia y los mecanismos que recompensan determinadas reacciones son establecidos por sistemas que responden a intereses empresariales.
El problema no se limita al consumo. La exposición reiterada a contenidos conflictivos puede favorecer la hostilidad, intensificar enfrentamientos y convertir diferencias políticas o culturales en antagonismos personales.
Las redes permiten organizar movimientos sociales, difundir denuncias y construir comunidades. También pueden convertirse en espacios donde la agresividad recibe atención y las posiciones extremas encuentran incentivos para multiplicarse.
Una sociedad puede estar permanentemente conectada y, al mismo tiempo, perder capacidad para construir acuerdos. Puede discutir durante horas sobre cuestiones que los algoritmos vuelven visibles mientras ignora decisiones que afectan directamente sus condiciones de vida.
Si esas dinámicas fueran aprovechadas deliberadamente para profundizar conflictos, la tecnología podría contribuir a algo más que orientar opiniones: podría deteriorar las condiciones necesarias para la convivencia democrática y la acción colectiva.
El resultado sería una sociedad convencida de ejercer su libertad a cada instante, mientras una parte creciente de su atención, sus emociones y sus decisiones queda condicionada por infraestructuras que no controla.
El negocio de ganarle a la muerte
La carrera científica por retrasar el envejecimiento atrae inversiones multimillonarias
Existe un interés que permite observar estas transformaciones desde una perspectiva diferente: el envejecimiento humano.
Thiel ha manifestado públicamente su interés en combatir la muerte y ha cuestionado restricciones regulatorias que considera obstáculos para determinadas innovaciones biomédicas.
Sam Altman, empresario estadounidense y director ejecutivo de OpenAI, ha financiado Retro Biosciences, una compañía dedicada a investigar intervenciones destinadas a prolongar la vida saludable.
Brian Armstrong, cofundador y director ejecutivo de Coinbase, impulsó NewLimit, empresa que investiga la reprogramación celular. En junio de 2026, NewLimit anunció una financiación de 435 millones de dólares liderada por Founders Fund, firma de inversión cofundada por Thiel.
Las inversiones revelan que algunos de los empresarios más poderosos del sector tecnológico consideran la lucha contra el envejecimiento un objetivo suficientemente importante como para destinarle recursos extraordinarios.
La ciencia todavía está lejos de garantizar la inmortalidad humana. Sin embargo, las investigaciones sobre reprogramación celular, mecanismos del envejecimiento y extensión de la vida saludable constituyen campos de creciente interés económico.
Para un multimillonario que busca prolongar radicalmente su existencia, el tiempo adquiere un valor particular. Una investigación que necesita diez o quince años para producir resultados puede representar una espera que su fortuna no consigue eliminar.
Los ensayos clínicos exigen autorizaciones, controles y procedimientos destinados a proteger a los participantes y evaluar la seguridad y eficacia de los tratamientos. Estas garantías pueden requerir períodos prolongados de investigación.
¿Qué sucedería si determinados inversores llegaran a considerar esos límites incompatibles con la velocidad que desean imprimir a sus proyectos?
Próspera, desarrollada en la isla hondureña de Roatán bajo un régimen especial de administración y regulación, ofrece un ejemplo de las tensiones entre autonomía empresarial, soberanía estatal e innovación tecnológica. En ese entorno se han desarrollado intervenciones biomédicas experimentales. El proyecto enfrenta además conflictos jurídicos con Honduras, cuyo Estado cuestionó el régimen de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Las inversiones en longevidad y las experiencias de autonomía regulatoria permiten plantear una posibilidad: que determinados empresarios busquen jurisdicciones donde puedan ejercer mayor influencia sobre las condiciones legales de sus investigaciones.
La historia ofrece una advertencia extrema sobre la necesidad de proteger a los participantes en investigaciones médicas. Durante el régimen nazi, médicos realizaron experimentos atroces sobre personas privadas de libertad y consentimiento. Esos crímenes contribuyeron a establecer principios fundamentales de la ética médica, entre ellos el consentimiento voluntario recogido en el Código de Núremberg.
El antecedente demuestra por qué la investigación médica necesita límites independientes de los intereses de quienes la financian. La capacidad de decidir unilateralmente qué riesgos pueden imponerse a otras personas constituye una forma de poder que afecta derechos humanos fundamentales.
Para quienes disponen de miles de millones de dólares, controlar las condiciones de una investigación podría resultar tan importante como financiarla. Y si la ambición es ganarle tiempo a la propia muerte, la posibilidad de modificar las reglas adquiere una dimensión extraordinaria.
El poder que ya está cambiando de manos
Donald Trump y los empresarios tecnológicos
La integración entre las grandes empresas tecnológicas y las funciones estratégicas de los Estados ya forma parte de la realidad política contemporánea.
En julio de 2025, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, cuya sede es conocida como el Pentágono, adjudicó contratos de inteligencia artificial con un techo de 200 millones de dólares por empresa a Anthropic, Google, OpenAI y xAI. Estos acuerdos ilustran la importancia que adquirieron los desarrolladores privados de inteligencia artificial para las capacidades militares estadounidenses.
La administración del presidente Donald Trump también impulsó durante 2025 políticas destinadas a acelerar el desarrollo de inteligencia artificial y reducir determinadas restricciones regulatorias. La relación entre el Gobierno y las compañías tecnológicas combina contratos públicos, cooperación estratégica y disputas sobre los límites de utilización de estas herramientas.
El conflicto entre el Pentágono y Anthropic, empresa estadounidense creadora del asistente Claude, expuso las tensiones que pueden surgir cuando un Estado pretende utilizar sistemas privados para actividades militares y sus desarrolladores establecen restricciones relacionadas con la vigilancia masiva o las armas autónomas.
Estos acontecimientos muestran una transformación concreta: las compañías que desarrollan tecnologías fundamentales para la seguridad nacional adquieren capacidad para negociar con los gobiernos las condiciones de su utilización.
La dependencia también se extiende a servicios digitales, infraestructura informática, procesamiento de datos, comunicaciones y sistemas de información. Cuanto más indispensables resultan estas tecnologías, mayor puede ser la influencia de quienes las controlan.
La concentración corporativa podría avanzar mediante la adquisición de funciones públicas, el establecimiento de jurisdicciones especiales, el control de infraestructuras esenciales o una participación creciente en la elaboración de regulaciones. También podría fortalecerse mediante alianzas políticas, conflictos entre Estados, crisis económicas o situaciones extraordinarias que obliguen a los gobiernos a depender de capacidades tecnológicas privadas.
Una crisis social e institucional profunda también podría crear condiciones para sustituir estructuras políticas desacreditadas por nuevas formas de autoridad.
El deterioro de la confianza en los partidos políticos podría extenderse a parlamentos, tribunales, organismos de control, universidades y medios de comunicación. Una sociedad atravesada por enfrentamientos virulentos, incertidumbre económica y desconfianza generalizada podría llegar a considerar que el sistema vigente ha perdido la capacidad de resolver sus problemas.
Las plataformas digitales y los sistemas de inteligencia artificial podrían contribuir a profundizar conflictos mediante la amplificación de mensajes hostiles, la difusión de información manipulada y la persuasión personalizada. También podrían ser presentados posteriormente como instrumentos capaces de organizar servicios, administrar recursos y restaurar la estabilidad.
La misma tecnología utilizada para intervenir sobre comportamientos colectivos podría convertirse en una herramienta de administración de las consecuencias de una crisis.
Distintos actores podrían competir, colaborar, aprovechar oportunidades o modificar sus estrategias según las circunstancias. Una transformación institucional podría ser consecuencia de decisiones deliberadas, de procesos acumulativos o de crisis cuyos resultados nadie controla por completo.
Quienes concentran riqueza, infraestructura tecnológica y capacidad de influir sobre conductas humanas dispondrían de recursos excepcionales para intervenir en cualquiera de esos escenarios.
Algunas transformaciones podrían conservar las instituciones democráticas, aunque condicionaran progresivamente sus decisiones. Otras podrían producir cambios radicales en las formas de gobierno. También podrían surgir modelos híbridos, autoridades privadas con funciones públicas o estructuras políticas todavía difíciles de anticipar.
El alcance de esta concentración de poder reside en la cantidad de escenarios sobre los que podría intervenir y en las ventajas que sus protagonistas podrían obtener de transformaciones muy diferentes entre sí.
El verdadero interrogante
El poder político del futuro podría transformarse sin necesidad de seguir un camino previsible. La dependencia tecnológica de los Estados, el descrédito institucional, las crisis sociales, las nuevas formas de organización territorial y la capacidad de influir sobre comportamientos colectivos abren posibilidades diferentes para quienes ya concentran recursos extraordinarios.
En todas ellas aparece una pregunta común: ¿hasta qué punto una sociedad puede conservar su capacidad de decidir cuando las tecnologías que organizan su información, sus comunicaciones y una parte creciente de sus actividades pertenecen a un número reducido de empresas?
La inteligencia artificial añade una dimensión decisiva. La posibilidad de adaptar mensajes a millones de individuos, influir sobre sus preferencias y eventualmente modificar sus conductas podría convertirse en una herramienta política de una eficacia desconocida hasta ahora.
Para determinados empresarios, la acumulación de riqueza podría haber dejado de ser el objetivo final. La posibilidad de decidir las reglas, condicionar las instituciones y acelerar investigaciones capaces de prolongar la vida ofrecería una forma de poder mucho más ambiciosa.
Quienes buscan superar los límites políticos y jurídicos que restringen su capacidad de acción también podrían estar intentando superar el límite biológico que ninguna fortuna ha conseguido eliminar.
Les sobra dinero. Les sobra poder. Pero les falta tiempo.
Lo único que todavía los iguala al resto de la humanidad es la muerte.
Y quieren matar a la muerte.
Jorge R. Schweizer
