Jorge R. Schweizer
Las grabaciones circularon después de la reelección de Lula y provocaron la intervención del Ministerio Público Federal. La Municipalidad de Tacuru informó el apartamiento del empleado y la apertura de un procedimiento disciplinario. La comunidad guaraní-kaiowá de Sassoró exige protección y responsabilidades.
Un funcionario municipal de Tacuru, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, fue señalado por participar en una conversación en la que se proponía envenenar el agua consumida por comunidades indígenas. Las grabaciones comenzaron a circular después de la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre, en la que Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo su reelección, y provocaron denuncias de dirigentes del pueblo guaraní-kaiowá.
En uno de los audios, un hombre utiliza expresiones deshumanizantes y propone colocar veneno en el agua para matar a quienes denomina «plagas». Los representantes de la comunidad Sassoró interpretaron las declaraciones como una amenaza contra sus habitantes y reclamaron una investigación.
El alcalde de Tacuru, Rogério Torquetti, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), reconoció que dos empleados municipales participaron en la conversación. Uno trabaja en el área de Infraestructura y el otro en Medio Ambiente. Después de la repercusión pública, anunció el apartamiento preventivo de uno de ellos y la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario.
La comunidad indígena exige responsabilidades
El cacique Ivan Montiel, también concejal de Tacuru, denunció el contenido de las grabaciones como una expresión de odio y prejuicio. Reclamó que los involucrados respondan por sus declaraciones y defendió el derecho de los pueblos indígenas a participar libremente en las elecciones.
El alcalde había atribuido inicialmente los mensajes a la exaltación política y al posible consumo de alcohol. Posteriormente pidió disculpas y anunció medidas administrativas. También sostuvo que el empleado señalado no tenía a su cargo la distribución de agua, sino que trabajaba conduciendo un camión volcador.
La preocupación de las comunidades está vinculada con la gravedad de la amenaza y con la necesidad de garantizar el acceso seguro a un recurso indispensable para la vida. La eventual participación de empleados públicos obliga, además, a examinar las responsabilidades de la administración municipal.
La comunidad guaraní-kaiowá de Sassoró, en Mato Grosso do Sul, denunció amenazas contra su abastecimiento de agua.
El Ministerio Público Federal intervino y exigió explicaciones
El Ministerio Público Federal (MPF) de Mato Grosso do Sul informó el 28 de octubre que abrió procedimientos para investigar amenazas, hostilidades e intimidaciones contra comunidades indígenas después de las elecciones presidenciales.
En Tacuru, las actuaciones quedaron bajo responsabilidad del Sexto Oficio de la Procuraduría de la República en Dourados. El organismo otorgó un plazo de 48 horas a la Municipalidad para informar sobre las medidas adoptadas para identificar a los responsables de las grabaciones, comprobar su autenticidad y garantizar la seguridad de las comunidades.
La Fiscalía también exigió información sobre la continuidad de los servicios públicos esenciales y recomendó el apartamiento cautelar de los empleados involucrados si se encontraban indicios consistentes de responsabilidad.
El Ministerio de los Pueblos Indígenas remitió información a la Policía Federal, mientras la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) comenzó a acompañar la situación. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) también reclamó investigaciones y medidas de protección.
No hay pruebas de que el agua haya sido contaminada
Hasta el 29 de octubre, las autoridades no habían confirmado que se hubieran introducido sustancias tóxicas en el agua utilizada por la comunidad Sassoró ni que existieran personas intoxicadas. Las investigaciones se concentran en las amenazas, la identificación de sus responsables y las medidas necesarias para prevenir cualquier agresión.
El MPF también examinó denuncias sobre supuestos asesinatos de indígenas por motivos políticos en Naviraí, otra localidad de Mato Grosso do Sul. Las verificaciones oficiales determinaron que las imágenes difundidas correspondían a un conflicto interpersonal sin motivación étnica o electoral acreditada.
Esa aclaración no modifica la gravedad de las amenazas investigadas en Tacuru, pero permite distinguir los hechos comprobados de las versiones que circularon después de las elecciones.
El racismo como represalia política
Las expresiones denunciadas revelan una forma de hostilidad que excede las diferencias partidarias. El lenguaje deshumanizante empleado en las grabaciones y la amenaza contra el agua colocan en el centro del conflicto la seguridad de una comunidad indígena.
El caso también expone la vulnerabilidad de los pueblos originarios frente a discursos que los presentan como enemigos por sus decisiones políticas. La intervención de las autoridades federales representa un avance, aunque todavía resta determinar las responsabilidades individuales y comprobar que las medidas de protección sean suficientes.
Ninguna diferencia electoral justifica amenazar la vida de una comunidad. Cuando los involucrados pertenecen a la administración pública, el Estado tiene una responsabilidad adicional: investigar, sancionar cuando corresponda y garantizar que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados.
Melina Orquidea
