Melina Orquidea
Los registros oficiales revelan que apenas el 2,44 % de las personas identificadas en 691 operativos migratorios estaba en situación irregular. Organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos controles basados en la apariencia física y el origen étnico. Javier Milei y la ministra Alejandra Monteoliva encabezan una política de seguridad cuestionada por sus efectos sobre las comunidades migrantes, indígenas y afrodescendientes.
La política migratoria del gobierno de Javier Milei quedó bajo escrutinio internacional por denuncias de perfilamiento racial, hostigamiento policial y restricciones de derechos. El 27 de octubre de 2026, organizaciones sociales expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las consecuencias de los controles territoriales y las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo.
La Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (CAREF) presentó cifras obtenidas del Ministerio de Seguridad Nacional y de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). Entre el 1.º de enero y el 8 de agosto se realizaron 691 operativos con participación de más de 2.000 funcionarios. Fueron identificadas 7.880 personas, de las cuales 192 estaban en situación migratoria irregular. Según los porcentajes redondeados del informe, el 93 % eran extranjeras con residencia regular y el 5 % argentinas.
La magnitud del despliegue y su concentración en determinados sectores urbanos colocaron en el centro de la discusión los criterios utilizados para seleccionar a las personas controladas.
Monteoliva y la responsabilidad política de los controles
Alejandra Monteoliva conduce el Ministerio de Seguridad Nacional, del que depende Migraciones. El 17 de junio firmó la Resolución 551/2026, que creó el Programa de Seguridad Migratoria y dispuso la formación de unidades especializadas en la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
La medida reforzó la coordinación entre el organismo migratorio y las fuerzas federales, incorporando nuevas herramientas de fiscalización, capacitación e investigación de infracciones.
La orientación general responde a las reformas promovidas por Milei mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, que modificó las condiciones de residencia y amplió las facultades de control. La continuidad de esa política bajo la conducción de Monteoliva establece una responsabilidad ministerial concreta sobre su aplicación y supervisión.
Sebastián Pablo Seoane dirige Migraciones y Javier Emilio Rea ocupa la subdirección nacional. Ambos integran la conducción administrativa encargada de aplicar las disposiciones vigentes y responder por el funcionamiento del organismo.
avier Milei y Alejandra Monteoliva durante la ceremonia de asunción de la ministra de Seguridad Nacional.
La «portación de rostro» como práctica de discriminación
La expresión «portación de rostro» describe una forma de perfilamiento racial en la que el color de piel, los rasgos indígenas, la ascendencia africana o el origen nacional supuesto se convierten en criterios para identificar, interrogar o requisar personas.
El mecanismo también afecta a ciudadanos argentinos cuya apariencia contradice los estereotipos sobre la identidad nacional. Para una persona afroargentina o perteneciente a un pueblo originario, ser tratada como extranjera por sus características físicas representa una forma concreta de discriminación.
Lourdes Rivadeneyra, referente de la Red Nacional de Migrantes y Refugiados, denunció ante la CIDH situaciones reiteradas de hostigamiento, requisas y demoras arbitrarias contra personas racializadas. También advirtió que el temor a una expulsión puede llevar a trabajadores migrantes a soportar abusos laborales o violencia policial sin denunciarlos.
La selección de personas por su apariencia transforma una facultad administrativa en un instrumento de vigilancia diferenciada. Sus consecuencias alcanzan la libertad de circulación, la igualdad ante la ley y el derecho a desarrollar actividades laborales sin hostigamiento.
Agentes de la Policía Federal y de Migraciones realizan controles de documentación en Buenos Aires,
Los operativos se concentran en barrios populares
Casi la mitad de los procedimientos se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialmente en Balvanera, Liniers, Flores y Constitución, zonas con una importante presencia de trabajadores migrantes y comercios populares.
La Policía Federal intervino en cerca del 80 % de los operativos y Gendarmería Nacional en el 15 %, según los registros difundidos por CAREF.
Dina Sánchez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), denunció que estos despliegues afectan especialmente a vendedores ambulantes migrantes y comprometen el sustento de numerosas familias.
La concentración territorial de las intervenciones exige conocer qué indicadores justificaron la elección de esos barrios y qué mecanismos de supervisión se aplicaron para prevenir controles discriminatorios.
Las restricciones también alcanzan la residencia y la salud
Las organizaciones denunciaron que las reformas migratorias endurecieron los requisitos económicos para acceder a la residencia permanente, perjudicando especialmente a quienes trabajan informalmente.
Según la información presentada por CAREF, los otorgamientos de residencia permanente descendieron de aproximadamente 24.000 a 8.000 por semestre durante 2026.
También se expusieron casos de tratamientos médicos interrumpidos, dificultades para obtener medicamentos y obstáculos en la atención de embarazadas, niños y adolescentes.
El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, expresó preocupación por los efectos acumulativos de estas medidas y por los discursos oficiales que presentan a las personas extranjeras como una fuente de problemas o riesgos.
La CIDH pidió explicaciones al Estado argentino
Durante la audiencia, Javier Rea defendió los procedimientos y aseguró que la identificación se solicita a todas las personas presentes, independientemente de su apariencia u origen. También sostuvo que las intervenciones responden a objetivos de control más amplios que la detección de irregularidades migratorias.
El segundo vicepresidente de la CIDH, José Luis Caballero Ochoa, expresó preocupación por las restricciones sanitarias y por la comunicación gubernamental que puede favorecer la xenofobia.
Las organizaciones solicitaron una visita de la Comisión a Argentina, la revisión de los decretos migratorios cuestionados y medidas para proteger la identidad de las personas expuestas en publicaciones oficiales.
La responsabilidad del Estado frente al racismo
Los números oficiales revelan una política de vigilancia migratoria de gran alcance, concentrada en barrios populares y cuestionada por denuncias de perfilamiento racial.
Javier Milei y Alejandra Monteoliva tienen responsabilidad política sobre la orientación y continuidad de esta estrategia. Las autoridades de Migraciones deben transparentar los criterios de selección, supervisar la actuación de las fuerzas federales e investigar las denuncias de discriminación.
La «portación de rostro» denunciada ante la CIDH expone cómo los prejuicios raciales pueden convertirse en prácticas institucionales. El Estado argentino tiene la obligación de garantizar que ninguna persona sea tratada como sospechosa por su color de piel, sus rasgos indígenas o su ascendencia africana.
GONZALO SCHWEIZER
