Jorge R. SchweizerEl secuestro de cuatro militares salvadoreños cerca de Puerto Príncipe desató una advertencia de Nayib Bukele sobre una posible escalada militar. Aunque El Salvador integra una fuerza multinacional respaldada por Naciones Unidas, una eventual incursión unilateral debería respetar el consentimiento haitiano y los límites del mandato internacional. La amenaza revive el historial de abusos sexuales, muertes de civiles y falta de rendición de cuentas que marcó anteriores intervenciones extranjeras en un país devastado por la violencia de las pandillas.
El ataque contra un vehículo blindado de la fuerza multinacional en Croix-des-Bouquets desencadenó la desaparición de cuatro militares salvadoreños.
El conflicto comenzó el domingo 18 de octubre de 2026, cuando cuatro aerotécnicos de la Fuerza Armada de El Salvador fueron atacados mientras regresaban a su base en Croix-des-Bouquets, una zona próxima a Puerto Príncipe donde operan organizaciones criminales fuertemente armadas. Según la información difundida por las autoridades salvadoreñas, los militares viajaban en un vehículo blindado que recibió disparos y explosivos. Lograron abandonarlo antes de que se incendiara, pero posteriormente se perdió contacto con ellos.
Los efectivos formaban parte del contingente salvadoreño destinado a apoyar las operaciones internacionales de seguridad en Haití. La emboscada expuso la capacidad de las pandillas para atacar incluso a personal militar extranjero, en un país donde las organizaciones armadas controlan importantes vías de circulación y amplias zonas de la capital.
De la operación de rescate a la amenaza de Bukele
El miércoles 21 de octubre, Nayib Bukele anunció que los cuatro militares estaban secuestrados y que había comenzado una operación para recuperarlos. El mandatario exigió su liberación con vida y advirtió que la respuesta podría intensificarse si los responsables no cumplían esa condición.
La recuperación de los rehenes constituye una prioridad legítima. El problema surge del alcance de la amenaza presidencial: Bukele no precisó qué fuerzas ejecutarían una eventual ofensiva ampliada, quién la autorizaría ni si permanecería bajo el mando de la misión multinacional.
No es una diferencia menor. Una operación de rescate coordinada con Haití y ajustada al mandato internacional tiene un fundamento jurídico distinto de una incursión militar decidida unilateralmente por un Estado extranjero.
Nayib Bukele anunció una operación para recuperar a los cuatro militares y advirtió que podría intensificar la respuesta armada.
El mandato internacional no otorga facultades ilimitadas
La presencia salvadoreña se inscribe en la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión multinacional respaldada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para apoyar a las autoridades haitianas. Su función es contribuir a recuperar la seguridad y el control territorial frente a las organizaciones criminales.
Aunque cuenta con autorización internacional, la fuerza no es una operación de mantenimiento de la paz dirigida directamente por Naciones Unidas. Sus integrantes deben actuar dentro del mandato establecido, los acuerdos aplicables con Haití y las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y la protección de civiles.
El artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas prohíbe, como regla general, el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. El consentimiento de Haití puede proporcionar una base jurídica para operaciones extranjeras, pero no constituye una autorización indefinida para cualquier acción militar.
Si Bukele ordenara una incursión que excediera el mandato y careciera del consentimiento haitiano, las autoridades del país tendrían derecho a exigir su suspensión y reclamar responsabilidades. El mando multinacional debería abstenerse de ejecutar o respaldar órdenes incompatibles con sus atribuciones.
Por ahora, no corresponde presentar esa eventual violación como un hecho consumado. La amenaza fue dirigida a las pandillas y todavía deben conocerse las características concretas de cualquier ampliación de las operaciones.
El antecedente que Haití no puede olvidar: abusos bajo bandera internacional
La preocupación por una escalada militar no surge solamente de una interpretación jurídica. Haití acumula antecedentes de graves violaciones de derechos humanos durante intervenciones extranjeras que fueron presentadas como instrumentos para restablecer la seguridad.
La Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), desplegada entre 2004 y 2017, dejó denuncias documentadas de explotación y abusos sexuales, incluidos casos que involucraron a menores de edad. También quedó vinculada a la introducción del cólera en 2010, después de que aguas residuales procedentes de una instalación utilizada por personal de paz contaminaran un afluente del río Artibonite. Naciones Unidas terminó reconociendo su responsabilidad institucional en el brote, aunque la reparación a las víctimas continuó siendo motivo de controversia.
Las acusaciones tampoco pertenecen exclusivamente al pasado. Durante 2026 se conocieron denuncias de explotación y abuso sexual atribuidas a integrantes de la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, encabezada por Kenia. Naciones Unidas consideró fundamentadas varias denuncias, mientras las autoridades kenianas cuestionaron esas conclusiones.
A ello se suman las muertes de civiles documentadas durante operaciones de seguridad realizadas por distintos actores, entre ellos policías haitianos y contratistas privados que utilizaron drones explosivos. Estas responsabilidades deben distinguirse: no todos los hechos pueden atribuirse a tropas internacionales ni existen elementos para responsabilizar a los militares salvadoreños por esos antecedentes.
Sin embargo, el historial demuestra por qué toda nueva operación necesita supervisión independiente, mecanismos de investigación y garantías efectivas para las víctimas. La autorización internacional no puede funcionar como un escudo frente a posibles delitos.
Cascos azules de Naciones Unidas durante una patrulla en Puerto Príncipe. La MINUSTAH operó en Haití entre 2004 y 2017 y dejó graves denuncias de abusos.
La población civil, atrapada entre las pandillas y las operaciones armadas
La crisis haitiana supera ampliamente el secuestro de los cuatro salvadoreños. Las pandillas mantienen el control de extensas zonas de Puerto Príncipe, imponen extorsiones, cometen secuestros y ataques sexuales, y dificultan el acceso a alimentos, hospitales, agua potable y otros servicios esenciales.
Cerca de un millón y medio de personas han debido abandonar sus hogares por la violencia. Muchas viven en condiciones precarias y dependen de una asistencia humanitaria que tampoco consigue llegar con regularidad a los territorios más peligrosos.
El problema no admite soluciones simplistas. Haití necesita recuperar el control de sus calles y proteger a sus habitantes, pero las operaciones militares deben acompañarse de instituciones capaces de investigar delitos, impedir el tráfico de armas y desarticular las redes económicas que sostienen a las pandillas.
Una ofensiva que provoque nuevas víctimas civiles o debilite todavía más la autoridad haitiana difícilmente pueda considerarse una respuesta sostenible.
Familias desplazadas por la violencia sobreviven en refugios precarios de Puerto Príncipe, Haití.
La amenaza de Bukele pone a prueba los límites de la intervención extranjera
El secuestro de los cuatro militares exige una respuesta destinada a preservar sus vidas y perseguir a los responsables. Esa obligación, sin embargo, no habilita automáticamente una ampliación unilateral de las operaciones salvadoreñas en territorio haitiano.
La cuestión decisiva será determinar quién autoriza las acciones, bajo qué mando se ejecutan y qué garantías existen para impedir nuevos abusos. Si una eventual incursión excediera el mandato internacional o el consentimiento del Estado haitiano, correspondería exigir su suspensión y establecer las responsabilidades pertinentes.
La comunidad internacional tampoco puede ignorar que las intervenciones anteriores dejaron heridas profundas. La protección de la población no se mide solamente por la cantidad de pandilleros detenidos o territorios recuperados, sino también por la seguridad efectiva de las comunidades, el respeto de sus derechos y la posibilidad de obtener justicia frente a los abusos.
Haití lleva demasiado tiempo sometido a la violencia de sus propias organizaciones criminales y a las consecuencias de intervenciones extranjeras que prometieron devolverle la estabilidad. La amenaza de Bukele vuelve a colocar al país ante una disyuntiva que nunca debería existir: enfrentar a las pandillas sin sacrificar su soberanía ni convertir a la población civil en víctima de quienes aseguran haber llegado para protegerla.
