Jorge R. SchweizerOcho países latinoamericanos, encabezados por una iniciativa diplomática de Brasil, buscan abrir negociaciones para crear un protocolo internacional contra los delitos ambientales. Mientras dirigentes indígenas de cuatro países amazónicos denuncian el avance de la minería ilegal, el narcotráfico y la tala clandestina, el Ministerio Público brasileño advierte que la destrucción de la selva se convirtió en un negocio transnacional. En 2025 fueron asesinados 105 defensores del ambiente y del territorio en América Latina, el 85% de los casos documentados en todo el mundo.
La minería ilegal destruye bosques y contamina ríos en la Amazonía peruana.
La destrucción de la Amazonía ya no puede explicarse únicamente por la deforestación. La minería ilegal, el tráfico de madera y la ocupación de territorios indígenas forman parte de economías ilícitas que, en determinados casos, se vinculan con el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción. Sus consecuencias incluyen ríos contaminados, comunidades amenazadas y enormes ganancias que pueden circular por mercados internacionales mientras el daño permanece en los territorios afectados.
El problema llegó esta semana a Viena, donde se celebra, del 19 al 23 de octubre de 2026, la decimotercera Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Brasil, junto con Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, además de tres países africanos, impulsa la apertura de negociaciones para crear un protocolo internacional contra los delitos ambientales. La iniciativa todavía no constituye un acuerdo aprobado.
Brasil quiere perseguir el negocio detrás de la destrucción ambiental
El 20 de octubre, la representante del Ministerio Público Federal brasileño Luiza Frischeisen advirtió en Viena que los delitos ambientales deben investigarse como estructuras económicas complejas y no como infracciones aisladas. La propuesta apunta a identificar a quienes financian las actividades ilegales, transportan los recursos extraídos, encubren su origen y obtienen ganancias mediante su comercialización.
El proyecto contempla cuatro áreas prioritarias: minería ilegal y tráfico de minerales, comercio ilícito de fauna silvestre, delitos forestales y tráfico de residuos peligrosos. Su objetivo es mejorar la cooperación entre Estados, facilitar investigaciones financieras y reducir los obstáculos que generan las diferencias entre legislaciones nacionales.
La necesidad de un instrumento específico responde a una dificultad concreta. Aunque 164 países penalizan determinadas conductas contra la fauna y la flora silvestres, solamente 86 contemplan penas que alcanzan el umbral de gravedad previsto por la Convención para activar ciertos mecanismos de cooperación penal.
Brasil promueve esta iniciativa desde 2024. El desafío consiste en alcanzar a las organizaciones que operan detrás de la extracción ilegal, sin limitar las investigaciones a los trabajadores o responsables directos encontrados en los campamentos clandestinos.
Los pueblos indígenas denuncian contaminación y violencia territorial
Más de una docena de representantes indígenas de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú participan en la conferencia para reclamar protección y una intervención efectiva en las decisiones internacionales.
La dirigente kichwa ecuatoriana Patricia Gualinga advirtió sobre la necesidad de incorporar a las comunidades en las respuestas contra el crimen ambiental. Su planteo parte de una realidad conocida en distintos territorios amazónicos: los operativos de seguridad pueden interrumpir temporalmente las actividades clandestinas, pero las organizaciones regresan cuando desaparece la presencia estatal.
En Perú, comunidades wampís y kakataibo enfrentan amenazas relacionadas con la minería ilegal, la tala clandestina y actividades vinculadas al narcotráfico. Algunas desarrollaron sistemas propios de vigilancia territorial para identificar incursiones y alertar a las autoridades.
La extracción ilegal de oro representa uno de los peligros más graves. El mercurio utilizado en determinados procesos mineros puede contaminar los ríos y acumularse en los peces que consumen las comunidades. El problema afecta directamente el acceso al agua, la alimentación y la salud, además de destruir bosques y alterar ecosistemas.
La defensa de estos territorios no puede quedar exclusivamente en manos de sus habitantes. Los Estados tienen la obligación de prevenir delitos, investigar responsabilidades y garantizar la seguridad de las comunidades, respetando sus derechos territoriales.
Representantes amazónicos reclaman participar en las decisiones internacionales contra el crimen ambiental.
América Latina concentra el 85% de los asesinatos de defensores ambientales
La violencia contra quienes protegen el ambiente revela la gravedad del conflicto. Según Global Witness, al menos 124 defensores de la tierra y del ambiente fueron asesinados en el mundo durante 2025. De ellos, 105 murieron en América Latina.
Colombia registró 39 víctimas y Brasil, 26. Ambos países concentraron más de la mitad de los asesinatos documentados a escala mundial. En territorio brasileño, la cifra superó ampliamente la registrada durante 2024, con una incidencia importante de disputas por tierras y territorios ancestrales.
Más de tres cuartas partes de las víctimas documentadas pertenecían a comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes. Las amenazas incluyen también desplazamientos, intimidaciones y restricciones al uso de territorios tradicionales.
Estas cifras corresponden al conjunto de los conflictos ambientales y territoriales, no exclusivamente a la Amazonía. Tampoco todos los homicidios pueden atribuirse automáticamente al crimen organizado, aunque el informe identifica indicios de participación de estas redes o de sicarios en una proporción significativa de los casos.
Comunidades indígenas organizan sistemas de vigilancia para proteger sus territorios.
Incendios en Amazonas: una investigación que todavía debe establecer responsabilidades
La preocupación brasileña también alcanza los incendios forestales. El 14 de octubre, el Ministerio de Medio Ambiente informó que las autoridades habían iniciado 120 procedimientos para investigar posibles delitos relacionados con focos registrados en el estado de Amazonas.
El ministro João Paulo Capobianco señaló que se investigaría si existía una organización detrás de los incendios. Esa hipótesis todavía requiere pruebas: el origen humano de un foco no demuestra por sí mismo la existencia de una estructura criminal coordinada.
La investigación resulta relevante porque determinados incendios pueden vincularse con ocupaciones irregulares, disputas territoriales o actividades económicas ilegales. Identificar a los responsables exige establecer quién provocó el fuego, con qué finalidad y si existieron beneficiarios o financiadores.
La responsabilidad no termina en las fronteras amazónicas
La directora ejecutiva de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Monica Juma, advirtió que las ganancias del narcotráfico pueden financiar otras actividades ilícitas en Sudamérica, entre ellas la minería ilegal y el tráfico de especies.
Esa relación explica por qué la discusión internacional no puede limitarse a aumentar los controles dentro de la selva. También es necesario investigar el movimiento del dinero, la comercialización de minerales y madera, las operaciones de empresas intermediarias y los mecanismos utilizados para ocultar el origen de los recursos.
El protocolo propuesto en Viena buscaría fortalecer esas herramientas. Su negociación deberá respetar la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas. La cooperación internacional puede facilitar investigaciones, pero no sustituye la responsabilidad de cada gobierno de proteger a su población y garantizar el cumplimiento de la ley.
La participación indígena constituye otro asunto pendiente. Aunque sus representantes intervienen en actividades de la conferencia, todavía no está garantizado que tengan un papel formal en las eventuales negociaciones del nuevo instrumento.
Una respuesta internacional que todavía debe convertirse en hechos
La conferencia de Viena representa una oportunidad para enfrentar un problema que supera las fronteras nacionales. Sin embargo, la apertura de negociaciones no equivale a la aprobación de un tratado, y un nuevo instrumento jurídico tampoco garantiza por sí solo que disminuyan los delitos.
Su eficacia dependerá de la cooperación judicial, el control de los circuitos financieros, la protección de dirigentes amenazados y la capacidad de los Estados para sostener su presencia en los territorios afectados.
Mientras los gobiernos discuten nuevas herramientas, numerosas comunidades continúan enfrentando contaminación, violencia y pérdida de recursos indispensables para su supervivencia. Esa distancia entre las decisiones diplomáticas y la realidad amazónica es precisamente lo que los representantes indígenas buscan reducir.
La Amazonía no está amenazada solamente por quienes extraen oro o talan árboles ilegalmente. También por quienes financian esas operaciones, encubren su origen y comercializan sus productos. Combatir el crimen ambiental exige investigar toda esa cadena económica y garantizar que los pueblos que habitan la selva participen de las decisiones destinadas a protegerla.
