Melina Schweizer
El celular secuestrado al exasesor de Javier Milei abrió una investigación sobre transferencias millonarias, sociedades energéticas y posibles vínculos con funcionarios bolivianos. La aparición de una billetera utilizada para dispersar fondos no prueba por sí sola lavado de activos ni determina quién controlaba el dinero, pero ofrece una ruta verificable para investigar cómo se financian las estructuras políticas que operan entre gobiernos, empresas y campañas digitales.
Fernando Cerimedo construyó buena parte de su influencia enseñando a la derecha latinoamericana a dominar la conversación digital. Ahora es una huella tecnológica la que podría revelar aquello que los discursos, las sociedades comerciales y las relaciones políticas habían conseguido mantener en la oscuridad.
El teléfono secuestrado por la Justicia boliviana en el marco de la causa por el intento de femicidio de Nadia Beller contenía la dirección de una billetera de criptomonedas. A partir de ese dato, el senador opositor Leonardo Roca reconstruyó movimientos hacia diferentes cuentas que habrían operado con millones de dólares.
El hallazgo no demuestra que todo ese dinero perteneciera a Cerimedo. Tampoco permite concluir automáticamente que las operaciones constituyeran lavado de activos. Una dirección escrita en un celular puede corresponder al propietario del dispositivo, a un cliente, a un proveedor o a cualquier tercero con quien haya realizado una transacción.
Pero la billetera existe, sus operaciones permanecen registradas en una cadena de bloques y su aparición en el teléfono de un consultor investigado por presunto enriquecimiento ilícito justifica una pregunta que la Justicia deberá responder: ¿qué relación tenía Cerimedo con esa ruta digital del dinero?
Una billetera que recibía y dispersaba fondos
Roca sostiene que la dirección encontrada funcionaba como una cuenta de paso. Según su reconstrucción, recibía criptoactivos y los distribuía periódicamente hacia otras billeteras sin conservar un saldo relevante.
Las cifras difundidas presentan algunas diferencias que deberán ser aclaradas. En declaraciones periodísticas, el senador habló de aproximadamente 66.000 dólares movilizados durante seis meses. En una publicación posterior mencionó transferencias por 44.100 dólares hacia 46 destinos. También afirmó que, al seguir los movimientos, encontró conexiones con cuentas que registraron operaciones por 24 millones, 8,5 millones y 2 millones de dólares.
Es importante distinguir entre dinero presuntamente controlado por una persona y el volumen total operado por direcciones relacionadas. Que una billetera pequeña haya enviado fondos hacia una cuenta que movió 24 millones de dólares no significa que quien utilizó la primera sea propietario de los 24 millones. Las plataformas de intercambio reciben recursos de miles de clientes y pueden concentrar volúmenes enormes sin que esos fondos pertenezcan a una sola persona.
La cifra más amplia mencionada por Roca alcanza los 132,8 millones de dólares movilizados por direcciones con perfiles compatibles con plataformas de intercambio. Esa cantidad describe el volumen de una red rastreada, no una fortuna que pueda atribuirse directamente a Cerimedo.
La diferencia puede parecer técnica, pero es central. En una investigación financiera seria, seguir el dinero no consiste en sumar todos los montos que aparecen en el camino y colocarlos debajo del nombre del sospechoso. Consiste en identificar quién creó cada billetera, quién poseía las claves, desde dónde se realizaron las operaciones, cuál fue su origen económico y quién recibió finalmente los fondos.
¿Dispersión o lavado de activos?
El senador comparó el patrón de movimientos con el layering, una etapa del lavado de activos en la que el dinero se fragmenta y atraviesa múltiples operaciones para dificultar el seguimiento de su origen.
La dispersión rápida y constante puede constituir una señal de alerta. Sin embargo, no representa por sí sola una prueba de lavado. Procesadores de pagos, mesas de cambio, intermediarios financieros y plataformas de compraventa también distribuyen fondos entre numerosas direcciones como parte de su actividad.
Para avanzar desde la sospecha hacia una imputación, la Justicia boliviana deberá vincular las operaciones con recursos de origen ilícito. No alcanza con que el recorrido parezca complejo: debe establecerse qué actividad generó el dinero, quién ordenó las transferencias y con qué finalidad fueron realizadas.
La ventaja de las criptomonedas es también su paradoja. Frecuentemente son presentadas como instrumentos anónimos, pero muchas cadenas de bloques funcionan como registros públicos permanentes. Las direcciones no muestran un nombre, aunque conservan cada movimiento. Cuando una investigación consigue relacionar una billetera con una persona, la supuesta invisibilidad puede convertirse en un mapa.
El teléfono de Cerimedo podría proporcionar justamente ese punto de conexión. La dirección hallada permite abandonar el terreno exclusivo de los testimonios y comenzar a trabajar con una secuencia de operaciones verificables. El desafío será transformar direcciones alfanuméricas en identidades jurídicas.
Los 700.000 dólares investigados en La Paz
La investigación patrimonial también alcanzó una casa de cambio ubicada en Calacoto, una zona de alto poder adquisitivo de La Paz. Fuentes judiciales citadas por El Destape señalaron que se analizan dos movimientos, uno por 400.000 dólares y otro por 300.000, que podrían estar relacionados con Cerimedo.
La vinculación todavía se encuentra bajo investigación. Tampoco se ha determinado públicamente si se trató de dinero en efectivo, transferencias bancarias o criptoactivos.
El representante legal de la financiera, el exmilitar Fritz Junior Gironda Aquize, quedó detenido preventivamente junto con su esposa. Las versiones periodísticas sostuvieron que habría intentado escapar con 700.000 dólares, algo negado por su defensa.
Estos elementos adquirieron mayor relevancia después de que Cerimedo declarara haber obtenido durante 2025 ingresos cercanos a un millón de dólares mensuales por actividades desarrolladas fuera de Bolivia. Afirmó poseer empresas de publicidad, tecnología y producción audiovisual, pero se negó a responder aspectos centrales sobre su trabajo para el presidente Rodrigo Paz y su eventual intervención en contratos, designaciones, discursos o cuentas oficiales.
Ganar un millón de dólares por mes no constituye un delito. Tampoco lo es operar con criptomonedas o prestar asesoría internacional. El problema aparece cuando el volumen declarado no puede relacionarse claramente con contratos, clientes, facturación, impuestos y servicios comprobables.
Cuanto más extraordinario es el ingreso, menos extraordinaria debe ser la documentación que lo respalda.
Hidrocarburos, oro y sociedades argentinas
Nadia Beller afirmó que Cerimedo habría recibido comisiones vinculadas con contratos de explotación de hidrocarburos y oro del Estado boliviano con empresas privadas. Se trata de una acusación que debe ser investigada y no de un hecho judicialmente probado.
El senador Roca sostiene que algunas billeteras podrían estar relacionadas con esa presunta trama. En paralelo, aparecieron sociedades constituidas en la Argentina y vinculadas con Natalia Basil, señalada como esposa o expareja de Cerimedo, y con el empresario Vicente Quintanal.
Una de ellas es Patagonia Energy Holding SA, creada en 2024 para realizar actividades petroleras, mineras y energéticas. La otra es Australis Energy Group SRL, constituida en 2025 por Basil y Quintanal con un objeto comercial semejante.
La existencia de esas empresas es legal y no prueba que hayan participado en contratos irregulares. La coincidencia entre las actividades declaradas, las denuncias de Beller y las transferencias investigadas vuelve necesario revisar si existieron operaciones entre esas sociedades, empresas bolivianas, funcionarios públicos o las billeteras detectadas.
Ahí se encuentra una de las claves del expediente. Las criptomonedas no deben analizarse como un universo separado: habrá que cruzarlas con registros migratorios, contratos, comunicaciones, facturas, movimientos bancarios, adjudicaciones estatales y estructuras societarias de ambos países.
El dinero digital también deja huellas en el mundo físico.
Del marketing electoral al corazón del Estado
El caso supera la trayectoria individual de Cerimedo porque expone una transformación regional. Los consultores políticos ya no se limitan a diseñar afiches, encuestas o discursos. Algunos administran redes digitales, producen medios partidarios, coordinan comunidades de cuentas, intervienen en campañas electorales y continúan asesorando a los candidatos después de que llegan al Gobierno.
Cerimedo fue asesor de Javier Milei, cofundó La Derecha Diario y reconoció mantener contacto directo con Rodrigo Paz. Beller difundió imágenes de supuestos mensajes y fotografías que, según su relato, demostrarían una participación habitual del consultor en espacios gubernamentales bolivianos. Paz admitió que trabajó para su gobierno, aunque procuró reducir la dimensión de ese vínculo.
La pregunta política consiste en determinar dónde termina la consultoría y dónde comienza el poder sin responsabilidad pública. Un asesor extranjero puede influir sobre discursos, nombramientos, contratos o sistemas de comunicación estatal sin haber sido elegido, sin ocupar formalmente un cargo y sin quedar sometido a los controles aplicables a un funcionario.
Esa zona gris resulta funcional. Si la estrategia tiene éxito, el consultor aparece como arquitecto de la victoria. Cuando estalla un escándalo, puede ser presentado como un prestador externo sin capacidad de decisión.
Una trama todavía más grave
A la causa por el presunto intento de femicidio y al expediente por enriquecimiento ilícito se agregó una investigación abierta en el departamento boliviano del Beni sobre una posible protección oficial a vuelos irregulares vinculados con el narcotráfico.
El fiscal Alexander Mendoza explicó que el expediente surgió a partir de las declaraciones de Beller. La denunciante afirmó que se habrían instalado dispositivos de rastreo en avionetas y que Cerimedo conocía operaciones relacionadas con vuelos clandestinos.
También aparecieron supuestos mensajes intercambiados durante el ataque contra Beller con un contacto identificado como “ECG”. Evo Morales afirmó que esas iniciales corresponderían a Erick Correa González, un jefe de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.
Esa identidad no fue confirmada judicialmente. Tampoco se ha probado que el contacto perteneciera a dicho agente ni que los mensajes difundidos acrediten una estructura de protección estatal.
La gravedad de la hipótesis exige precisamente evitar afirmaciones apresuradas. Vincular a una persona con narcotráfico, corrupción y un intento de femicidio requiere evidencias sólidas, peritajes independientes y derecho a la defensa. Convertir cada denuncia en sentencia perjudicaría incluso la investigación, porque permitiría presentar el expediente como una persecución política.
La caída del operador que podía conocer demasiado
El caso Cerimedo comenzó con una acusación de violencia extrema contra Nadia Beller, pero terminó abriendo ventanas hacia áreas mucho más amplias: financiamiento político, negocios energéticos, circulación transnacional de criptoactivos, relaciones con funcionarios y posibles estructuras de protección.
Eso también explica la centralidad de la denunciante. Beller no debe quedar reducida a una fuente de secretos políticos. Es la sobreviviente de un ataque que la Justicia investiga como intento de femicidio y ha solicitado protección ante el riesgo derivado de su testimonio. La información que aporta debe comprobarse, pero su seguridad no puede depender de cuánto resulte útil para derribar a un gobierno.
La pista cripto puede confirmar delitos, revelar operaciones legales o conducir a cuentas que no tengan relación directa con Cerimedo. Todavía no existe una conclusión judicial. Lo que sí existe es una oportunidad excepcional para conocer cómo circula el dinero alrededor de los nuevos operadores de la derecha latinoamericana.
Cerimedo dedicó años a fabricar tendencias, amplificar consignas y convertir redes artificiales en apariencias de consenso. Ahora su propio teléfono amenaza con producir el efecto contrario: transformar una estructura diseñada para ocultar el poder en una cadena de datos que permita seguirlo.
En política, las palabras pueden borrarse, los vínculos pueden minimizarse y los asesores pueden convertirse repentinamente en desconocidos. La cadena de bloques, en cambio, conserva memoria. Y a veces la caída de un hombre no comienza con una confesión, sino con una dirección compuesta por letras y números que alguien olvidó sacar de su celular.
GONZALO SCHWEIZER
