Melina Schweizer
El Pueblo Nación Diaguita rechazó la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional y denunció “inseguridad jurídica” en sus territorios desde 2023. Exigen consulta previa y advierten que la medida pone en riesgo los sistemas de agua y la vida.
No es solo una ley lo que se discute, es el sentido mismo del territorio, la forma en que se lo nombra, se lo habita y se lo defiende frente a un modelo que insiste en traducirlo en recurso, en superficie explotable, en cifra disponible para la lógica extractiva, mientras los pueblos que lo sostienen desde antes de la existencia del propio Estado vuelven a ser colocados en el lugar de quienes deben justificar su derecho a existir.
El comunicado de la Unión de Pueblos Nación Diaguita no aparece como una reacción aislada ni como una intervención coyuntural frente a una reforma legislativa específica, sino como la continuidad de una denuncia que se viene acumulando desde diciembre de 2023, cuando —según expresan— se instaló un escenario de “inseguridad jurídica” en los territorios originarios, producto de decisiones políticas que no solo modificaron marcos normativos, sino que alteraron las condiciones mismas de participación, reconocimiento y ejercicio de derechos colectivos .
En ese marco, el rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares no se limita a una discusión ambiental en términos técnicos o regulatorios, sino que se inscribe en una disputa mucho más profunda, donde el agua deja de ser un elemento abstracto para convertirse en el núcleo de una forma de vida, en un sistema de equilibrio que no puede fragmentarse sin poner en riesgo la existencia misma de los territorios, porque lo que el proyecto propone —según advierten— es abrir la posibilidad de intervención sobre los reservorios naturales que garantizan la sostenibilidad de ecosistemas completos .
La crítica no se detiene ahí. El documento señala con claridad que el problema no es solo la reforma en sí, sino el modo en que se pretende llevar adelante, sin consulta, sin participación efectiva y sin el consentimiento libre, previo e informado que establecen tanto la Constitución Nacional como los instrumentos internacionales que el propio Estado ha suscripto, configurando una práctica institucional que no solo omite a los pueblos originarios, sino que los desplaza de las decisiones que afectan directamente sus territorios y sus formas de vida .
Cuando las comunidades hablan de “violación de derechos colectivos”, no están apelando a una retórica exagerada, sino a un marco legal concreto que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y su derecho a la posesión comunitaria de las tierras, así como a participar en la gestión de los recursos naturales, una dimensión que en este conflicto aparece sistemáticamente desarticulada por políticas que priorizan la lógica de inversión por sobre la de protección y cuidado.
En ese sentido, las críticas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) no son un elemento secundario dentro del comunicado, sino una pieza central para comprender el contexto, porque lo que se cuestiona es un modelo que —según denuncian— promueve la llegada de capitales sin garantizar beneficios reales para los territorios, mientras profundiza procesos de endeudamiento, despojo y deterioro ambiental, configurando un escenario donde el desarrollo se mide en términos financieros y no en condiciones de vida .
El punto más contundente del documento aparece cuando se advierte que dejar en manos de empresas transnacionales y decisiones provinciales la gestión de estos espacios implica una cesión de soberanía que no solo afecta a las comunidades originarias, sino al conjunto de la sociedad, porque lo que está en juego no es únicamente la propiedad de la tierra, sino el acceso al agua, la preservación de ecosistemas y la posibilidad de sostener formas de vida que no responden a la lógica extractiva.
En esa tensión, el concepto de territorio que plantean los pueblos diaguitas rompe con la mirada utilitaria que domina las políticas públicas, proponiendo una relación integral donde el agua, la tierra, el aire y el fuego no son recursos aislados sino elementos constitutivos de una existencia compartida, lo que introduce una dimensión que el debate legislativo suele ignorar: la de la vida como sistema, no como fragmento.
La exigencia de consulta previa no es, entonces, un procedimiento administrativo más, sino la condición mínima para que ese sistema no sea intervenido de manera unilateral, para que las decisiones no se tomen desde una lógica externa que desconoce la historia, los saberes y las prácticas que sostienen esos territorios desde hace generaciones.
En ese escenario, el conflicto deja de ser sectorial para volverse estructural, porque lo que se pone en evidencia es la persistencia de un modelo que, bajo nuevas formas, reproduce una lógica de despojo que los propios pueblos identifican como continuidad del proceso colonial, donde el territorio vuelve a ser objeto de disputa entre quienes lo habitan y quienes buscan administrarlo desde el poder.
Y ahí, en esa insistencia, aparece la definición que cierra el comunicado y que no funciona como consigna sino como síntesis de una posición política y cultural: no se trata de defender un recurso, se trata de defender un modo de existencia, porque para quienes firman ese documento el territorio no se posee, se es.
REDACCIÓN
