Melina Schweizer
Más de 130 mil muertos tuvo la pandemia y cada uno fue contado.
Hoy, millones de jubilados pierden acceso a medicamentos sin registro oficial.
Entre datos duros y silencios, se dibuja una crisis que nadie quiere medir.
En Argentina, el número es una forma de verdad. Durante la pandemia de COVID-19, el Estado construyó un sistema de conteo que convirtió la muerte en dato: más de 130.000 fallecidos registrados oficialmente entre 2020 y 2023, según el Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Cada cifra fue validada, auditada y publicada. Hubo curvas, picos, reportes diarios y exceso de mortalidad medido.
Hoy, en cambio, otra crisis sanitaria avanza sin ese nivel de precisión. No porque sea menor, sino porque se desarrolla en silencio: el deterioro del acceso a medicamentos en el PAMI.
Un sistema gigante: los números del envejecimiento
El PAMI no es un actor marginal. Es, literalmente, el corazón sanitario del envejecimiento argentino.
Según el Tablero de Personas Mayores del INDEC, basado en el Censo Nacional 2022, las personas de 60 años y más representan el 16,2% de la población. Proyectado sobre la población estimada al 1 de julio de 2025 (46,3 millones de habitantes), ese porcentaje implica un universo cercano a 7,5 millones de personas mayores.
Dentro de ese universo, el PAMI cubre aproximadamente 5,3 millones de afiliados, es decir, cerca del 60% del total de adultos mayores. Esto transforma cualquier problema del organismo en un fenómeno estructural, no sectorial.
No es una crisis más del sistema de salud. Es una crisis en el sistema que sostiene la vejez.
La tensión financiera: deuda, recortes y conflicto (2026)
El deterioro no es una percepción. Tiene números.
Una investigación publicada el 14 de abril de 2026 por el diario El País identificó una deuda del PAMI con prestadores del orden de $500.000 millones. La cifra no es menor: implica atraso en pagos, tensiones contractuales y un efecto dominó en todo el sistema de atención.
El mismo informe señala que la implementación de la resolución 1107/2026 modificó el esquema de pagos a profesionales, afectando a unos 11.700 médicos y odontólogos. El resultado inmediato fue previsible:
- Profesionales que abandonan el sistema
- Reducción de la oferta médica
- Aumento de demoras en turnos y tratamientos
No hay colapso visible. Hay desgaste.
En Argentina, el número es una forma de verdad. Durante la pandemia de COVID-19, el Estado construyó un sistema de conteo que convirtió la muerte en dato: más de 130.000 fallecidos registrados oficialmente entre 2020 y 2023, según el Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Cada cifra fue validada, auditada y publicada. Hubo curvas, picos, reportes diarios y exceso de mortalidad medido.
Hoy, en cambio, otra crisis sanitaria avanza sin ese nivel de precisión. No porque sea menor, sino porque se desarrolla en silencio: el deterioro del acceso a medicamentos en el PAMI.
Un sistema gigante: los números del envejecimiento
El PAMI no es un actor marginal. Es, literalmente, el corazón sanitario del envejecimiento argentino.
Según el Tablero de Personas Mayores del INDEC, basado en el Censo Nacional 2022, las personas de 60 años y más representan el 16,2% de la población. Proyectado sobre la población estimada al 1 de julio de 2025 (46,3 millones de habitantes), ese porcentaje implica un universo cercano a 7,5 millones de personas mayores.
Dentro de ese universo, el PAMI cubre aproximadamente 5,3 millones de afiliados, es decir, cerca del 60% del total de adultos mayores. Esto transforma cualquier problema del organismo en un fenómeno estructural, no sectorial.
No es una crisis más del sistema de salud. Es una crisis en el sistema que sostiene la vejez.
La tensión financiera: deuda, recortes y conflicto (2026)
El deterioro no es una percepción. Tiene números.
Una investigación publicada el 14 de abril de 2026 por el diario El País identificó una deuda del PAMI con prestadores del orden de $500.000 millones. La cifra no es menor: implica atraso en pagos, tensiones contractuales y un efecto dominó en todo el sistema de atención.
El mismo informe señala que la implementación de la resolución 1107/2026 modificó el esquema de pagos a profesionales, afectando a unos 11.700 médicos y odontólogos. El resultado inmediato fue previsible:
- Profesionales que abandonan el sistema
- Reducción de la oferta médica
- Aumento de demoras en turnos y tratamientos
No hay colapso visible. Hay desgaste.
El dato que alarma: caída del consumo
En salud pública, hay un indicador silencioso pero decisivo: el consumo de medicamentos.
Cuando baja, no necesariamente significa que haya menos enfermedad.
Significa que hay menos acceso.
Distintos relevamientos muestran una caída en la compra de medicamentos en población mayor en los últimos años. Este fenómeno se denomina subconsumo forzado: el paciente no deja de necesitar el tratamiento, deja de poder pagarlo o acceder a él.
En términos clínicos, esto tiene consecuencias previsibles:
- Descompensación de enfermedades crónicas
- Mayor riesgo de internación
- Aumento de eventos agudos (infartos, ACV, crisis metabólicas)
Pero hay un problema: estas consecuencias no se registran como “falta de medicamentos”.
La diferencia clave con la pandemia: el registro
Durante el COVID-19, el Estado no solo contó muertes directas. También midió el impacto indirecto. En 2020, el propio Ministerio de Salud reportó un exceso de mortalidad de más de 36.000 personas, es decir, fallecimientos adicionales vinculados al contexto sanitario.
Ese nivel de seguimiento hoy no existe para el acceso a medicamentos en jubilados.
No hay:
- Series oficiales de abandono terapéutico
- Indicadores públicos de interrupción de tratamientos
- Estudios nacionales que correlacionen demoras con mortalidad
Y sin esos datos, no hay cifra final.
¿Se muere gente por falta de medicamentos?
La respuesta honesta, basada en evidencia, es incómoda:
No hay un número oficial.
Pero hay algo igual de contundente: el consenso médico global.
La interrupción de tratamientos en enfermedades crónicas está directamente asociada a mayor mortalidad. Esto no es una hipótesis. Es un hecho ampliamente documentado en la literatura científica.
Si se combinan tres variables:
- Aumento extremo de precios (más de 300% en medicamentos)
- Deterioro del acceso efectivo (demoras, restricciones, burocracia)
- Población de alto riesgo (adultos mayores)
El resultado no puede ser neutro.
Es, necesariamente, un aumento del riesgo sanitario.
Escala del problema: millones expuestos
La comparación con el COVID-19 no es lineal, pero sí reveladora.
- COVID-19: +130.000 muertes registradas (2020–2023)
- PAMI: +5 millones de personas potencialmente afectadas por dificultades de acceso
Una crisis fue medida en tiempo real.
La otra se distribuye en millones de historias individuales sin consolidación estadística.
Eso no la hace menor. La hace más difícil de ver.
La lógica del sistema: sin número no hay crisis
En política pública, el dato construye realidad.
El COVID-19 fue una emergencia porque había cifras diarias.
El PAMI no lo es porque no hay un número que condense el problema.
La crisis queda fragmentada:
- En testimonios individuales
- En informes técnicos
- En reclamos administrativos
Nunca en un indicador central que obligue a reaccionar.
El ajuste como proceso biológico
Cuando se habla de ajuste, suele pensarse en términos fiscales.
Pero en salud, el ajuste tiene efectos físicos.
Cuando:
- Se restringe cobertura
- Aumentan precios
- Se demoran prestaciones
No se está solo ordenando presupuesto.
Se está modificando la evolución de enfermedades en millones de personas.
Eso tiene consecuencias medibles:
- Más complicaciones
- Más internaciones
- Más mortalidad evitable
La diferencia con la pandemia es que ese proceso no se visualiza en un gráfico diario.
La invisibilidad como política
El Estado argentino demostró durante la pandemia que puede medir con precisión cuando decide hacerlo.
Puede construir sistemas de información, consolidar datos y producir evidencia en tiempo real.
La pregunta no es si puede hacerlo con el PAMI.
La pregunta es por qué no lo hace.
En Argentina, hubo un momento en que cada muerte se contaba.
Hoy, millones de jubilados enfrentan un sistema donde:
- Los medicamentos aumentaron más de 380% en dos años
- El organismo que los cubre acumula deudas millonarias
- El acceso real se vuelve cada vez más incierto
Los datos están. Lo que falta es el número final. Y en esa ausencia se define todo. Porque entre una muerte registrada y una muerte invisible no hay diferencia biológica. Hay diferencia política. Y en esa diferencia, también se decide quién importa.
REDACCIÓN
