Melina Orquidea
Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron 43 declaraciones indagatorias por presuntas maniobras de corrupción en la ANDIS. La investigación apunta a la droguería Suizo Argentina, acusada de controlar contrataciones de medicamentos destinados a personas con discapacidad. Entre los investigados figuran los hermanos Kovalivker y Diego Spagnuolo, exdirector del organismo y hombre cercano al Presidente.
La causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo judicial. Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron al juez Ariel Lijo que convoque a 43 personas a prestar declaración indagatoria, tras reconstruir un presunto sistema de compras direccionadas, sobreprecios y sobornos que habría funcionado entre mayo de 2024 y agosto de 2025.
El dictamen, fechado el 16 de octubre y conocido el miércoles 21, sostiene que Suizo Argentina obtuvo adjudicaciones por $137.118 millones, equivalentes al 29,54% del total de las órdenes de compra del organismo durante el período investigado. Para los fiscales, la empresa no actuó como una proveedora más: habría llegado a controlar decisiones internas de la agencia, anticipar resultados de licitaciones y coordinar precios con otras 14 droguerías.
Un medicamento de $92.000 que el Estado pagó a más de $4 millones
Uno de los episodios más contundentes involucra un medicamento para tratar la esclerosis múltiple. Según la investigación, Suizo Argentina lo adquirió por $92.000 la unidad y posteriormente lo vendió a la ANDIS por valores que alcanzaron los $4.063.912.
La diferencia representó un incremento superior al 4.100%.
Los fiscales incorporaron una comunicación atribuida a Gonzalo Zarbo, gerente de Tratamientos Especiales de la droguería, en la que instruía a sus colaboradores a fijar el precio libremente: «Lo ponés vos, loco, el que quieras, ganemos plata».
El organismo terminó adquiriendo 66 unidades por un total superior a $264 millones.
Los empresarios, las coimas y el vínculo con Spagnuolo
El nuevo pedido judicial alcanza a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de Suizo Argentina, junto con directivos de otras empresas proveedoras.
También se solicitaron ampliaciones de indagatoria para Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini y otros imputados previamente procesados.
La Fiscalía reconstruyó presuntos pagos de más de 54.000 dólares de la droguería al empresario Miguel Ángel Calvete y señaló que este último habría financiado un viaje de Spagnuolo a Israel en noviembre de 2024 como contraprestación por favores políticos.
Otro dato compromete al entorno partidario del oficialismo: Patricio Rama, aportante de $200.000 a la campaña electoral de La Libertad Avanza en 2023, aparece vinculado con una empresa que obtuvo adjudicaciones de la ANDIS por más de $3.238 millones. Los investigadores examinan su participación en el esquema de contrataciones.
El dinero destinado a quienes más lo necesitaban
El aspecto más grave de la investigación reside en el destino de los fondos comprometidos. Las compras correspondían al programa Incluir Salud, encargado de facilitar medicamentos e insumos de alto costo a personas con discapacidad, enfermedades graves y beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura médica.
Los fiscales describieron cómo una agencia creada para atender necesidades sanitarias urgentes habría quedado subordinada a intereses comerciales privados.
La investigación contabiliza hasta ahora 44 procesamientos en distintas etapas de la causa. El nuevo requerimiento incorpora 36 personas que todavía no habían sido llamadas a indagatoria y solicita ampliar las declaraciones de otras siete. El juez Lijo deberá resolver las nuevas citaciones.
El avance judicial se produce mientras instituciones dedicadas a personas con discapacidad denuncian dificultades para acceder a medicamentos, insumos y financiamiento de sus prestaciones.
La contradicción que expone el expediente es profunda: mientras el Estado discutía recursos para sostener la atención de personas con discapacidad, la Fiscalía sostiene que un grupo de empresarios y funcionarios habría utilizado ese mismo sistema para multiplicar ganancias mediante precios artificialmente elevados.
El dinero investigado estaba destinado a garantizar tratamientos. La Justicia deberá establecer cuánto terminó alimentando el negocio de quienes controlaban las compras.
GONZALO SCHWEIZER
