REDACCIÓN
La Justicia allanó este martes la Bolsa de Comercio del Chaco, la Municipalidad de Sáenz Peña y el domicilio del secretario de Gobierno, Diego Landriscina, en el marco de una causa por presuntas maniobras financieras irregulares que habrían desfalcado al menos 1.800 millones de pesos de las arcas municipales . El gerente de la Bolsa, Julio Barrios Cima, fue interceptado en un peaje y tuvo que entregar su celular. La investigación, impulsada por el diputado justicialista Santiago Pérez Pons, apunta a una red de cheques sin respaldo, operaciones de alto riesgo no autorizadas y comisiones que habrían engrosado bolsillos particulares. Mientras el intendente Bruno Cipolini se declara «víctima» y anuncia que denunciará a la Bolsa, las facturas que comprometen a su propio secretario de Gobierno ya están en manos de la Justicia.
Resistencia, 3 de marzo de 2026 – La mañana de este martes empezó con movimiento inusual en el séptimo piso del edificio de Frondizi 147. Agentes de la AFIP-ARCA y de la Policía Federal desplegaron un allanamiento en la sede de la Bolsa de Comercio del Chaco en busca de documentación y respaldos electrónicos vinculados a operaciones con cheques. En simultáneo, otros dos operativos se desarrollaban en la Municipalidad de Sáenz Peña y en el domicilio particular del secretario de Gobierno, Diego Landriscina .
Las órdenes, emitidas por la jueza Zunilda Niremperger, llegaron en el momento justo para toparse con el gerente general de la Bolsa, Julio Barrios Cima, quien fue interceptado en un peaje cuando se dirigía a la ciudad termal. Los investigadores le secuestraron el celular, aunque el directivo no está detenido y ya fue asistido por su abogado, Adrián Gaitán . Barrios Cima está citado a declarar como testigo en las próximas horas.
El origen del escándalo: 1.800 millones que no aparecen
La causa que sacude al norte argentino tiene nombre y apellido: el diputado provincial Santiago Pérez Pons (PJ) denunció penalmente al intendente Bruno Cipolini, a la secretaria de Economía María Alejandra Quintana y al propio Diego Landriscina por posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado .
Según la denuncia, el Municipio de Sáenz Peña habría invertido fondos públicos en instrumentos no garantizados a través de la Bolsa de Comercio del Chaco, modificando su perfil inversor para acceder a operatorias de mayor riesgo. Todo esto sin partida presupuestaria específica ni ordenanza que habilitara esas colocaciones . El perjuicio patrimonial estimado ronda los 1.800 millones de pesos .
Pérez Pons aportó a la causa más de 2.500 documentos, entre contratos, convenios, facturas y comunicaciones oficiales que, según su versión, demostrarían que las inversiones se realizaban desde 2023. «Mi trabajo es denunciar y aportar pruebas. Ahora le corresponde a la Justicia investigar y esclarecer, porque 1.800 millones no desaparecen solos», declaró el legislador tras su presentación .
El rol de Landriscina: el funcionario que operaba y cobraba comisiones
El nombre que aparece en el centro de la tormenta es el de Diego Landriscina, secretario de Gobierno de Sáenz Peña desde 2019. Según confirmó el propio gerente de la Bolsa, era Landriscina, en su carácter de asesor financiero certificado, quien administraba la cuenta comitente del Municipio y decidía en qué instrumentos invertir .
Pero el escándalo no termina ahí. Una serie de facturas que comenzaron a circular en las últimas horas muestran que Landriscina habría percibido comisiones millonarias por su rol como operador. Los comprobantes, emitidos a la Bolsa de Comercio bajo el concepto de «comisiones por manager», fueron presentados por el periodista Martín Piccato y ya están en manos de la Justicia .
Las facturas, que abarcan un período de tres años, registran montos que van desde los 200.000 pesos en octubre de 2022 hasta más de 4 millones en octubre de 2025. Según la documentación, las comisiones se habrían distribuido en partes iguales: 50% para Landriscina y 50% para la Bolsa .
El punto clave es que, para cobrar esas comisiones, debió existir un contrato formal entre el funcionario y la entidad bursátil. La incógnita que los investigadores buscan despejar es si esos pagos corresponden a operaciones realizadas con fondos públicos del Municipio o si, por el contrario, Landriscina administraba comitentes privadas no identificadas hasta el momento .
El dato temporal es revelador: la factura más antigua data de octubre de 2022, mientras que las operaciones entre el Municipio y la Bolsa comenzaron a registrarse en 2023. El desfase abre un interrogante central: si durante casi tres años Landriscina percibió comisiones por operaciones que él mismo ejecutó utilizando fondos públicos municipales .
La hipocresía del intendente
Mientras su secretario de Gobierno era señalado como el operador que movía los hilos, el intendente Bruno Cipolini salió a hacer equilibrio en la cuerda floja. En una conferencia de prensa, se declaró «víctima de acciones poco claras» y anunció que denunciará penalmente a los directivos de la Bolsa .
«Estamos facultados a llevar adelante inversiones de carácter conservador, eso es lo que no ha sucedido aquí, hubo inversiones de carácter riesgoso que como Municipio desconocemos absolutamente», afirmó Cipolini, y reveló que el monto de recursos municipales involucrado asciende a alrededor de 1.000 millones de pesos .
La jugada del intendente es clara: despegarse del escándalo y cargar las culpas sobre la Bolsa. Pero las pruebas que aportó Pérez Pons indican que el propio Cipolini habría firmado la apertura de la cuenta comitente y aceptado las condiciones del mercado . El Tribunal de Cuentas de la provincia ya pidió informes a todos los municipios para determinar quiénes estaban operando en la Bolsa y de qué manera .
Cincuenta damnificados que prefieren el silencio
El caso de Sáenz Peña sería solo la punta del iceberg. Fuentes del expediente aseguran que alrededor de 50 organismos —entre ellos municipios, consejos y colegios profesionales— habrían resultado damnificados por la misma operatoria, aunque muchos evitaron formalizar reclamos para no exponerse públicamente .
La hipótesis de los investigadores apunta a que la Bolsa podría haber omitido controles y evaluación de riesgos al aceptar operaciones de empresas o personas que no reunían las condiciones para operar. Esa supuesta falla habría expuesto a inversores institucionales y organismos públicos a pérdidas millonarias.
Desde la Bolsa, en cambio, alegan que las operatorias están dentro de los marcos legales y que incluso aquellas con niveles de riesgo superiores ofrecen mayores rentabilidades . El vocal Ricardo Khayat reclamó «prudencia comunicacional» al intendente y aseguró que la entidad pondrá toda la documentación a disposición de la justicia.
📍 1.800 millones de pesos, 50 damnificados, un intendente que se hace el distraído y un funcionario que cobraba comisiones millonarias mientras administraba la plata de los vecinos. La Bolsa del Chaco, que debería ser un templo de las finanzas, se convirtió en una timba donde lo único seguro era que alguien se iba a llenar los bolsillos. Ahora la Justicia investiga, los políticos se tiran los muertos y los que perdieron la plata esperan respuestas. Las de siempre.
Jorge R. Schweizer
GONZALO SCHWEIZER
